Por la opacidad de las ONG, Gobierno de AMLO elimina Indesol
Erick Gutierrez,
5 enero, 2022
2 min de lectura
Las anteriores administraciones renunciaron a muchas de sus obligaciones y prefirieron legar esas labores a las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, irónicamente, dependían de los recursos del gobierno, pero sin someterse a la rendición de cuentas que las autoridades si tienen, creando con esto en los hechos, una administración alterna de los recursos del erario.
Dotándose de abultadas burocracias administrativas y con altos salarios, las ONG absorbían la mayor parte de los fondos que el gobierno les otorgaba, limitando así el dinero que realmente llegaba a sus verdaderos destinatarios.
Y es por eso que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el pasado 31 de diciembre de 2021, un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se establece la eliminación del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), creado en la recta final del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari.
Al ser cuestionado al respecto durante la conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario explicó que la entrega de recursos de manera directa a quienes los necesitan es la mejor manera de ayudar y no a través de organizaciones de la sociedad civil porque, al no estar obligadas a transparentar los montos de dinero público recibidos, muchas deciden no hacerlo.
“El Instituto era para entregarle dinero a las organizaciones no gubernamentales y por lo general las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, y ese es un buen debate que se tiene que llevar a cabo a nivel mundial, no entregan cuentas”, dijo.
Para asumir las funciones que tenía el Indesol se creó, dentro de la Secretaría del Bienestar, la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social.
“Los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos del Indesol serán transferidos a la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social, en un plazo no mayor a 90 días hábiles”, señala el acuerdo con vigencia a partir del 1 de enero de 2022.
Sin embargo, algunas organizaciones civiles que dependían casi exclusivamente de los fondos que les eran transferidos desde el gobierno, sin apenas molestarse en obtener recursos de otras fuentes, de inmediato expresaron su rechazo a la medida, calificándola de “retroceso” y pretendiendo que se trata de un “ataque” a los Derechos Humanos y no a la opacidad con que se manejaban esos grupos.
