El proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca, hoy referido como Francisco G, está siendo muy ilustrativo para desnudar la verdadera naturaleza del cártel formado por lo que conocemos como la oposición moralmente derrotada.
Primero se presentó con su abogado en la Cámara de Diputados para decir que todo eran mentiras e intentó que no se le permitiera a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que presentara las pruebas ante los legisladores.
Después, cuando la comisión encargada de resolver que el asunto fuera hecho de conocimiento del pleno, estaba por votar esta decisión, presentándose ahí todas las pruebas, el gobernador de Michoacán utilizó a su secretario particular para amenazar a una legisladora integrante de esa comisión, para que votara en contra de que el asunto se presentara ante todos los diputados.
Durante la sesión en la que los legisladores se erigieron como tribunal de procedencia, a fin de votar si se le retiraba o no el fuero a Francisco G, a fin de que enfrente las acusaciones ante las autoridades competentes, escuchamos toda clase de peroratas de parte de los diputados de oposición, intentando etiquetar el asunto como un tema político, minimizando el hecho de que se trata simplemente de un caso de delincuencia común.
Es importante señalar que en esta ocasión y a pesar de que se esperaba que así fuera, Francisco G decidió no comparecer ante los diputados para defender sus argumentos de inocencia y mandó a su abogado para que hablara a su favor, mientras él se agazapaba en alguna de sus residencias del extranjero.
Los diputados de oposición simplemente ignoraron las evidencias que prueban el lavado de dinero, la defraudación fiscal y el enriquecimiento ilícito en que incurrió Francisco G, para calificar el caso como una persecución política, como si el crimen organizado fuera un tema de esta etiología.
Una vez que la votación del pleno erigido en tribunal de procedencia, decidió retirarle el fuero a este sujeto, la decisión fue turnada al congreso de Tamaulipas para que se procediera a nombrar un gobernador interino, toda vez que este individuo podría ser detenido en cualquier momento por la Fiscalía General de la República.
El congreso local no solamente no llevó a cabo su función en este asunto, sino que se inconformó con la decisión del congreso federal, como si se tratara de un territorio que no forma parte de la República Mexicana, sino de otro país.
En lugar de cumplir una decisión que es legalmente inatacable, decidieron presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte, intentando que se aclare algo que está muy claro en la constitución, al tiempo que otros gobernadores panistas, como el de Chihuahua bridaban su más tierno apoyo al delincuente.
Así vemos como el cártel de la oposición funciona coordinadamente para proteger a los delincuentes que lo integran, a fin de que las leyes y la justicia no los puedan tocar, mientras el Estado de Tamaulipas se encuentra en riesgo de que se declare ahí una desaparición de poderes, por omitir la observancia de la constitución política de la república, como lo expresó el senador Ricardo Monreal.
Va a ser muy interesante observar lo que falta de todo este proceso, porque es algo que no habíamos vivido en la historia moderna de México y porque va a sentar un precedente para poder presentar ante la justicia a otros gobernadores delincuentes, cuyas investigaciones ya se encuentran prácticamente listas para ser detonadas desde la Unidad de Inteligencia Financiera.
Como dijo el padre de la libertad latinoamericana Simón Bolívar: “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”.
