Nos estamos acostumbrando a que de tiempo en tiempo, se desate una lluvia de amparos interpuestos en contra de las medidas que el gobierno federal va aplicando, para terminar con el saqueo perpetrado por una minoría rapaz en contra de los ciudadanos durante décadas.
Lo vimos en una de las primeras acciones implementadas por este gobierno en el caso de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que hoy va viento en popa, pero que antes de que iniciara su desarrollo, se presentaron 113 amparos para tratar de impedirlo.
Lo hemos visto en la construcción del Tren Maya, donde también se han presentado una buena cantidad de amparos en contra de la construcción de cada una de sus distintas etapas, en los que incluso se ha llegado a suplantar la personalidad jurídica de agrupaciones indígenas para interponerlos.
Por supuesto que con las reformas a las leyes eléctricas no iba a ser distinto y nadie esperaba que lo fuera. De hecho, cualquier particular está en su pleno derecho de inconformarse y de buscar la intervención del poder judicial, para que dirima una controversia en cualquier tema que se considere que viola nuestros derechos.
Lo que resulta bastante interesante en este proceso de transformación de la vida pública, es que un grupito de empresas voraces, consideren que es su derecho violar los derechos de los demás y decidan presentar amparos en contra de decisiones que benefician a la comunidad, incluyéndolos a ellos.
En este caso los mexicanos comunes y corrientes que consumimos la energía eléctrica, pagamos entre 20 y 30% más de lo que deberíamos pagar por ella, solamente porque las empresas privadas que la generan y sus clientes asociados reciben subsidios de nuestra parte para que a ellos no les cueste tanto.
Una de ellas que es dueña de las tiendas OXXO, salió a publicar que cada una de sus alrededor de 19 mil tiendas paga 14 mil pesos por la energía, cuando una familia que paga la tarifa sin subsidio llega a pagar entre 6 mil y 7,500 pesos teniendo en su casa un solo refrigerador. Estas tiendas tienen a veces más de 10 refrigeradores comerciales, mantienen la luz encendida durante las 24 horas, 7 días a la semana y sólo pagan 14 mil.
Argumentan que su energía proviene de 15 parques eólicos en todo el país, pero no nos dicen que es la CFE quien tiene que recibirla en su red y llevarla hasta cada una de sus tiendas, un servicio que no pagan ni las generadoras privadas de energía, ni sus clientes, sino todos nosotros para que a ellos no les cueste.
Hay que subrayar que la ley eléctrica cuya iniciativa mandó el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, y que este último aprobó, establece que las empresas privadas generadoras de energía ahora tendrán que pagar el servicio que reciben de la Comisión Federal de Electricidad, en lugar de que lo sigamos pagando todos los demás. Eso es lo que no soportan; tener que dejar de robarnos.
También resulta interesante que los 40 amparos interpuestos por ellos fueron atingentemente admitidos en menos de 24 horas y resueltos en menos de una semana, lo que no deja de ser extraño en este tipo de procesos que llegan a tomar meses en resolverse, cuando se trata de impartir justicia para la mayoría de los ciudadanos.
En fin, que así como ellos tienen el derecho a reclamar justicia, aunque lo que estén cometiendo en realidad sea un atraco, los otros dos poderes de la Unión también tiene derecho a litigar para detener estos procesos que violan el interés común en favor de una mafia de gusanos insaciables, como se ha hecho con éxito en los asuntos del aeropuerto y del Tren Maya.
Como lo dijo el filósofo alemán Immanuel Kant: “El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno, acomodarse a la libertad de todos”.
