En días pasados, el juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México, otorgó tres amparos a favor de compañías privadas generadoras de energía, que implican una suspensión temporal de las consecuencias del Decreto en esta materia, aprobado por el Congreso y publicado sólo 24 horas antes por el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación.
Aunque parezca increíble así fue. Un empleado del poder judicial a quien nadie eligió, tiene el poder para detener una reforma de enorme trascendencia para el país, que implica que los consumidores nos ahorremos por lo menos el 20% de lo que pagamos en nuestros recibos de luz, a pesar de que los representantes que elegimos en los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, hayan resuelto a favor de ella.
Hay que recordar que esta reforma establece un piso parejo para que todas las generadoras de energía compitan con la Comisión Federal de Electricidad en igualdad de circunstancias, sin recibir subsidios de parte el erario, que a final de cuentas es nuestro dinero y del que estas empresas privadas se han beneficiado con 411 mil millones de pesos indebidamente, además de recibir gas natural a precios más bajos de los que se vende en el mercado.
Así es que este funcionario judicial de medio pelo, cuenta con facultades suficientes para tratar de mantener los privilegios indebidos que todas estas empresas reciben de parte de nuestros impuestos, a pesar de lo que digan los miembros de los poderes a los que sí elegimos.
Lo más increíble del asunto es que el otorgamiento de estos amparos, los hizo este juez en menos de 24 horas después de haber recibido las demandas de las empresas, sin que en este periodo pueda hacerse ningún análisis serio sobre el contenido de las mismas.
Este comportamiento, que podríamos considerar por lo menos extraño, contrasta en el mismo poder judicial con decisiones supuestamente mucho menos complicadas y mucho menos dañinas para la sociedad, como es el caso de Israel Vallarta por ejemplo, quien lleva 15 años encerrado después de un montaje de las autoridades, sin que los jueces puedan siquiera dictarle sentencia.
Otros indicios por los que suponemos que las decisiones tomadas por este sujeto son consistentes en contra del interés común, son los asuntos relacionados con Romero Deschamps y Juan Collado, a quienes este mismo sujeto les otorgó también amparos en su momento y la orden que emitió para que descongelaran las cuentas del líder de La Luz del Mundo, la cual gracias a la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda no procedió.
El hecho de que todos los amparos de las generadoras privadas de energía sean presentados por ellas ante este sujeto y todos procedan más que inmediatamente, también nos dice algo entre líneas.
Como dice la frase que hoy se está volviendo muy popular, lo que no suena lógico suena metálico y ninguna de las decisiones tomadas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro que conocemos suena lógica, por lo tanto todas suenan metálicas.
Ya el Gobierno Federal solicitó que se investigue la conducta de este juez y sería conveniente que no sólo lo haga el Consejo de la Judicatura Federal, sino que se sume a esta investigación la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, solo para verificar que no esté fluyendo dinero de más a través las cuentas bancarias de él o de sus allegados. No es desconfianza hacia este ilustre miembro del poder judicial podrido, sino pura precaución.
Como dijo el dramaturgo noruego Henrik Ibsen: “Traficamos con inmundicias y podredumbre. ¡Nuestra entera vida social, tan floreciente, se ha fundado en una mentira”.
