La Estela de la Corrupción de Calderón

En la opinión de Elí González
@calacuayoMX

La Estela de Luz, mejor conocida como LA ESTELA DE LA CORRUPCIÓN se abrió al público en 2012.

La historia de la corrupción y transa es del dominio público, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), su costo se elevó en 192% por las transas del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Debido a la inconformidad popular por el costo excesivamente elevado para un monumento que no sirve para nada, hoy se le conoce como la “estela de la corrupción”,

En 2013, la Auditoría Superior de la Federación, inició un proceso cuyo resultado apareció a mediados del mismo año. El dictamen fue impresionante.

Básicamente, indicó que el gobierno de Felipe Calderón contrató a empresas que elevaron y desviaron recursos de manera cínica y desvergonzada. El gobierno de Calderón pago en exceso la realización de la Estela; retrasos en la presentación de documentos técnicos, y una interminable lista de desvíos de dinero.

Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y muchos mexicanos conscientes, queremos que no se olvide el cinismo y el robo que hubo en esta construcción y se plantea que en el monumento se coloque una placa que diga “MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN”

Yo en lo personal, y estoy seguro que millones de mexicanos estamos de acuerdo en acompañar al presidente a develar dicha placa.

En el análisis de la Cuenta Pública de 2011, la ASF informó la existencia de pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural para el “monumento”, así como de otras erogaciones ilegales por 150.3 millones de pesos, como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra.
El documento referido confirma lo que desde hace tiempo constituye un clamor generalizado: que durante la construcción del citado monumento, cuyo costo se multiplicó por cuatro respecto del proyecto original, se cometieron diversos actos de corrupción y un grave desfalco al erario.

La ASF apuntó la responsabilidad ineludible de la administración de Felipe Calderón en esas irregularidades. Incluso pudo desprenderse de lo mencionado por la instancia fiscalizadora una responsabilidad DIRECTA de Felipe Calderón Hinojosa pues, no obstante las flagrantes muestras de opacidad documentadas en el curso de la construcción de la Estela de Luz, y a contrapelo de los señalamientos de académicos y urbanistas que hicieron notar en su momento los defectos del proyecto, Calderón los ignoró y continuó con la edificación de la columna monumental, desvirtuando el sentido original de la misma: conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución y la convirtió en proyecto personal y en pieza de autoexaltación de su gobierno.

La Estela de La Corrupción no sólo es emblemática del espíritu autocomplaciente y frívolo del calderonismo, sino también un recordatorio del alarmante descontrol administrativo, el desaseo en el manejo de recursos públicos.

Todo esto es un reflejo de la podredumbre que representan los que hoy dicen que saben gobernar, y Qué quieren volver al poder para seguir abusando de nuestro país.

La circunstancia permite ponderar el grado de destrucción en el que fue conducido el país durante el sexenio de Felipe Calderón quien sabiendo de la amnesia de sus seguidores, hoy no tiene la mínima vergüenza para seguirlos engañando.

El gobierno calderonista será recordado por un incremento brutal en la pobreza y el desempleo; por una desmesurada transferencia neta de capitales hacia el exterior; por la postración de la economía nacional como refleja el dato difundido por el diario La Jornada en 2013 de que el crecimiento promedio anual durante ese periodo fue el peor de los cuatro anteriores sexenios, por el endeudamiento descomunal, por engañar con un Crecimiento económico inexistente.

Será recordado por las centenas de miles de muertos que causó el estallido de violencia provocado, a su vez, por la llamada “guerra contra el narcotráfico”; por el aumento y la expansión del poderío de las organizaciones criminales; por la descomposición de las corporaciones de seguridad pública; por el retroceso del Estado de derecho y, desde luego, por la opacidad y la corrupción en las oficinas públicas.