Seguro Popular: historia de saqueos, opacidad y simulaciones

Primera parte

El seguro con alma de populachero

Por Ulises Ladislao/Viral Bug

Para los neoliberales más vale malo conocido que bueno por conocer en materia de salud, a pesar de que este derecho fue convertido por sus representantes en un seguro parcial y restringido, con el afán inocultable de dejar a las leyes del mercado los servicios de este fundamental aspecto del bienestar social, al igual que la educación y otras prestaciones vitales como el agua y la electricidad, y así entregar jugosos negocios a los traficantes de influencias de la iniciativa privada.

Con el triunfo de la llamada Cuarta Transformación (4T) en las elecciones de 2018, el enfoque a la salud ha dado media vuelta y el gobierno ha retomado la responsabilidad de proveer este tipo de servicio de manera universal y gratuita, con lo que lo devolvió a la escala de un derecho inalienable y se lo arrebató a las perversas reglas del mercado.

En materia de salud, la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador envío al bote de basura al muy traído y llevado Seguro Popular, que ciertamente no sólo se caracterizaba por ofrecer servicios limitados, parciales, incompletos y de calidad altamente cuestionable, sino la ocasión para la opacidad, la corrupción, el robo, el saqueo y oscuros negocios de la llamada mafia de bata blanca y de ambiciosas empresas farmacéuticas, así como para la desviación de recursos por parte de políticos y gobiernos estatales a lo largo y ancho del país,

El flamígero dedo privatizador 

No obstante, en la actualidad los críticos del gobierno federal se regocijan de las fallas que ha presentado la nueva propuesta de atención a través del denominado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud, a quien con dedo flamígero lo acusan del grave delito de ser improvisado y carecer de una estrategia de implementación, sin considerar la escasez histórica de recursos humanos para llevar a cabo la tarea de atender las necesidades médicas de la población ni el deliberado abandono gubernamental para edificar la necesaria infraestructura hospitalaria que la sustentara, productos ambos de los largos sexenios de neoliberalismo privatizador.

El INSABI fue concebido con la misión de prestar servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos e insumos asociados y demás elementos necesarios para la atención a las personas sin seguridad social. En el artículo “Insabi: improvisación y voluntarismo”, escrito por Pedro Javier González G., Director de Seminario Político, para el portal del Colegio de Contadores Públicos de México, el autor, quien coincide con las posiciones conservadoras que titulan su artículo, admite que el gobierno actual “ofrece un sistema de salud universal y gratuito que brinde servicios de calidad comparables con los existentes en Canadá, el Reino Unido y los países nórdicos”.

Este representa sin duda un proyecto mucho más ambicioso que el Seguro Popular creado por Vicente Fox en 2003 y enfrenta retos aún más formidables pues sus alcances comprenden a más de 60 millones de mexicanos, con cobertura total, universal y gratuita, quienes no disponen de un servicio que responda a sus muchos males derivados de la pobreza.

El mal de ser pobre

De acuerdo con información vertida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la seguridad social se introdujo en México hace más de 65 años, y hasta el año 2000 se daba cobertura mediante instituciones federales a los trabajadores asalariados del sector privado y a sus familias con el IMSS, a otros con organismos de carácter estatal y por medio del ISSSTE a empleados del gobierno. Asimismo, con la contratación de seguros privados, alrededor del 4% de la población contaba con un esquema de protección y servicios de salud.

Más allá, “el 50% de la población no tenía garantizado el acceso a servicios médicos que atendieran sus requerimientos”, establecía la CNPSS. En consecuencia, se admitía que a inicios del milenio uno de cada dos mexicanos carecía de atención a sus necesidades de salud.

“Esta situación generaba que el gasto de las personas para consultas, tratamientos y hospitalización, denominado gasto de bolsillo, alcanzara en 2002 el 52% del total del gasto nacional en esa materia”, destacaba este organismo. Este porcentaje contrastaba radicalmente con el promedio observado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que representaba tan sólo el 19% del mismo.

El Consejo precisaba que “tres millones de familias incurrían en gastos catastróficos que ponían en riesgo su patrimonio, comprometiendo con ello las posibilidades de desarrollo de cada uno de sus miembros y el acceso a mejores condiciones de vida”.

Con las reformas y adiciones a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, se dio lugar a la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), del que forma parte el Seguro Popular, cuya función inició en 2004.

Océano de transas

En mayo de 2003, la Ley General de Salud apreciaba al Seguro Popular como el “mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación”.

Sin embargo, lo cierto es que los laxos criterios de seguridad, eficacia, gasto y efectividad, dejaron un mar de dudas y un océano de transas, particularmente en instituciones de salud, empresas proveedoras de fármacos y sus aliados y de gobiernos estatales, como quedó constancia luego de diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación, durante varios años.

Y aunque de manera rimbombante sus promotores, publicistas y defensores aseguraban, y aún sostienen, que el Seguro Popular estaba diseñado para “brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social, mediante la opción de aseguramiento público en materia de salud, crear una cultura de pago anticipado entre los beneficiarios del seguro y disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos en salud”, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), luego de 15 años de esfuerzos “extremadamente denodados” aún se encontraban dejados a su suerte y desprovistos de servicios de salud 20 millones de personas, como reportó en 2018 este organismo.

Peor aun, su cobertura resultaba bastante restrictiva, ya que exhibía enormes limitantes como la edad y el sexo del paciente, además de que no cubría todas las enfermedades, sino apenas un reducido cúmulo de estas, sobre todo descartaba aquellas que amenazaran colapsar el raquítico sistema nacional de salud, mermarán el reducido presupuesto o exigieran el concurso de especialistas capaces de atender algunos males, los cuales eran insuficientes ya no se diga en zonas rurales sino en los propios hospitales de tercer nivel.

De acuerdo con datos de la propia CPSS, las 344 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular, 285 esenciales y 59 de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, representaban apenas un enclenque 2.4% de los 14 mil 176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional. Así se constituyó un seguro que lejos de ser popular tenía evidentes tintes de populachero.

El seguro Popular no sólo resultó un programa para la simulación sanitaria de la población más vulnerable y sin seguridad social, sino la ocasión para que los gobernadores de los estados tomaran cuantiosos recursos que ascienden a más de 70 mil millones de pesos, para fines totalmente diferentes a los consagrados a la salud y que virtualmente los desaparecieron sin que hasta hoy haya habido justicia y sí total impunidad.

Los depredadores virreyes de la salud

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el principal problema del Sistema de Salud en México ha sido su división en un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diversos grupos, con precios dispares y con resultados absolutamente contrastantes.

De acuerdo con la OCDE, tras 12 años de la implantación del Seguro Popular el gasto de bolsillo en México constituía el 45% de los ingresos del sistema de salud y 4% del gasto de los hogares. Ambas cifras se encuentran entre las más altas de las que reportan los países miembros de esta organización de la élite económica mundial.

El estudio de esta organización, efectuado durante las misiones realizadas en México por su equipo de especialistas en abril de 2014, julio de 2014 y octubre de 2015, consistió en entrevistas a funcionarios de la salud, profesionales, grupos de pacientes y otros expertos del área, que incluyeron directores de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de “examinar las razones por las cuales la estructura y la organización del sistema puede estar fallando para atender las necesidades de salud de los mexicanos y hacer recomendaciones para la construcción de un sistema más sólido, justo y sostenible”.

La enfermedad de su preferencia

Luego de obtener la información de tales fuentes, la investigación de la OCDE concluyó que el gasto de bolsillo en México no había disminuido luego de tres largos sexenios, “por la insatisfacción de los individuos con la calidad o la accesibilidad a los servicios que proporcionan las instituciones a las cuales se encuentran afiliados, lo que los lleva a buscar atención médica con proveedores privados”.

Por otro lado, advertía de aquellas enfermedades que no cubría el Seguro Popular con alta prevalencia como los infartos cardiacos en los mayores de 60 años, los accidentes cerebrovasculares, las diálisis después de la insuficiencia renal, la esclerosis múltiple y el cáncer de pulmón, como si estos males no fueran los de mayor prevalencia en el país o la población eligiera el padecimiento de su preferencia, enlistado en las enfermedades que si cubría el Seguro Popular.

Para paliar los profundos vacíos del sistema de salud mexicano, la organización internacional recomendaba mejorar la gobernanza del sistema, reducir la dependencia del sistema hospitalario y centrar la provisión del servicio en la atención primaria, desarrollarla como una especialidad médica distinta, proveerla más de cerca de donde la gente vive y trabaja, y, sobre todo, asegurar un financiamiento adecuado.

Salud en sentido contrario

Sin embargo, la administración de Enrique Peña Nieto transitaba a toda velocidad en sentido contrario a esta recomendación, como se publicó en el artículo “Inteligencia artificial: ¿salvavidas o vil negocio para las ENT?”, en el sitio de Viral Bug https://www.viralbug.mx/inteligencia-artificial-salvavidas-o-vil-negocio-para-las-ent/, donde se citó el estudio “Enfermedades no transmisibles: hechos y cifras”, realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que denunciaba que en su sexenio el presupuesto de salud se abatió penosamente y ello se reflejó en una cobertura totalmente insuficiente que orilló a más de 16 millones de mexicanos a carecer de algún tipo de protección financiera en materia de salud.

El gasto público durante 2018 para la Secretaría de Salud en México alcanzó su nivel más bajo, al representar apenas el 2.81% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En términos reales, el presupuesto de la Secretaría de Salud pasó de 113.4 mil millones de pesos en 2012 a 90.5 mil millones de pesos en aquel año.

En este plano, México ocupaba la posición 107 entre 191 países en el ranking de gasto público en sanidad respecto al PIB, lo cual explica fehacientemente las deficiencias sanitarias, el rezago en personal médico, la escasa atención en medicina preventiva y la deteriorada infraestructura hospitalaria que sufre el país. Al cabo, el presupuesto de la Secretaría de Salud decreció más de 20% en términos reales a lo largo de los seis años que gobernó Peña Nieto, apunta el artículo citado.

Presupuesto sin sanforizar

Si el presupuesto a la salud se encogía como algodón sin sanforizar, la tragedia no terminó aquí. En su artículo “Insabi: improvisación y voluntarismo”, escrito por el director de Seminario Político, Pedro Javier González, se lamentaba, como muchos otros adversarios de la 4T, de la muerte del SP: “Mientras la operación del Seguro Popular quedaba en manos de los gobiernos estatales que, se supone, deberían ajustar los procedimientos a las realidades locales, el Instituto se manejará de manera centralizada de acuerdo con normas y procedimientos diseñados desde el centro. Este hecho se ha denunciado como contrario al federalismo; de ahí las reticencias de los gobernadores que aún no han firmado la adhesión de sus respectivas entidades al Instituto.”

Esta manera de proceder del gobierno de la 4T, añadió, “da cuenta de una postura que niega toda validez a lo construido en gobiernos anteriores”. Y vaya que construyeron, pero para su propio provecho.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, al inicio del sexenio pasado la CNPSS transfirió a las entidades federativas 54 mil 483 millones de pesos para instrumentar los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), de los 66 mil 726 millones de pesos destinados al Seguro Popular. De los 32 REPSS, 18 acreditaron haber recibido las cuotas familiares y que éstas se administraron y destinaron específicamente al abasto de medicamentos, equipo y otros insumos para la salud. No obstante, 14 entidades aprovecharon los huecos en Ley General de Salud donde no estaba establecida una fecha límite para la entrega de los informes del ejercicio a la Secretaría de Salud y omitieron información sobre el destino de tales recursos.

Rebelión sin escrúpulos

En una colaboración de la analista política Viridiana Ríos para la revista Expansión, “Insabi: la rebelión hipócrita de los gobernadores”, en enero de 2020, la también académica expone: “Los servicios de salud del Insabi en los estados han generado inconformidad de los gobernadores por dejar atrás el seguro popular, pero ellos tienen el pendiente de aclarar el destino de 71 mil millones de pesos”. En términos reales, este monto equivale a la mitad del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la Secretaría de Salud en 2020.

La especialista señala con envidiable puntería: “Los gobernadores han ‘perdido’ 71 mil millones de pesos de dinero que les fue otorgado por la federación para usar en salud desde 2005. Es decir, de acuerdo a los datos públicos de la Auditoría Superior de la Federación, no han podido comprobar en qué usaron el dinero o si lo usaron. Los recursos que irían a la compra de medicinas, equipamiento de hospitales y servicios médicos no han sido encontrados a pesar de múltiples peticiones oficiales”.

El director de Seminario Político, que apoya a los enemigos del INSABI, también admite este hecho inocultable: “…la falta de mecanismo de rendición de cuentas permitió que varios gobernadores utilizaran de manera arbitraria los recursos transferidos por la Federación para la operación del modelo. Los casos de corrupción no eran raros”.

Se ha documentado que los gobernadores usaban esos recursos como caja chica, y cuando no, para gastar dinero y malversarlo con absoluta impunidad, apunta Ríos.

Los confabulados viajan en jet

La lista del saqueo incluye a renombrados jefes de los ejecutivos estatales y que ahora, en vez de dedicarse a resolver los problemas urgentes de sus estados, para los que en teoría fueron elegidos, desgastan sus recursos en onerosos viajes en jets para confabular contra el gobierno federal.

La Auditoría Superior de la Federación ha documentado los miles de millones de pesos perdidos del presupuesto entregado para la salud. En este aspecto uno de los primeros que debería ponerse al día es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien de acuerdo con auditorías realizadas por la ASF, debe aclarar en qué rubros de la salud se emplearon 12 mil millones de pesos, sin que hasta ahora se sepa de su suerte.

Durante los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte, Flavino Ríos y Miguel Angel Yunes, el saqueo de los virreyes defraudadores fue escandaloso. Los recursos “extraviados” en el estado de Veracruz ascienden a 10 mil millones de pesos, los cuales debe comprobar, sí o sí, el nuevo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de extracción morenista.

En Jalisco no se cantan mal las rancheras, menos aquellas en las que se oculta información y reina la opacidad: Enrique Alfaro, aún no responde a la petición del máximo órgano de fiscalización de comprobar el destino de 8 mil millones de pesos, que tuvieron muchos otros fines menos el de salud y que “perdió” su estado en los tiempos del Seguro Popular.

El mismo caso se encuentran los gobiernos del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, y de Guerrero, por Héctor Astudillo, quienes no han reportado en qué tipo de materiales ocuparon otros 6 mil millones de pesos.

Otro confabulador es Diego Sinhue que, además de gobernarlo, tiene sumido en las peores condiciones de inseguridad al estado de Guanajuato, y que debe aclarar en dónde fueron a dar 925 millones de pesos que la Federación le entregó al estado para invertirlo en medicinas y equipo médico para la población.

Las hormigas también roban

Aquello en cuanto a grandes montos, pero para la corruptos de a poquito en poquito, como hormigas, es mejor y menos detectable. Las reporteras del portal SinEmbargo, Daniela Barragán y Montserrat Antúnez Estrada, reportaron que en el análisis de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, “la ASF halló que 20 estados del país pagaron 2 mil 93 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales, incluyendo el Seguro Popular.

En Campeche, donde gobernaba el priista Alejandro Moreno, señalan en su investigación, la ASF alertó que se pagaron casi 4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, sin autorización de la Secretaría de Salud; en San Luis Potosí, donde otro tricolor Juan Manuel Carreras administra el estado, se detectaron 541 mil pesos que se gastaron en pagos a personal que no cumplía con el perfil para ser contratados en el Seguro Popular; en Guerrero, 4.7 millones “bailaron” por el mismo motivo; en Oaxaca se usaron 22 millones de pesos para pagar a 90 personas de las que no se sabe si laboraron para este programa, durante el sexenio de Gabino Cué, prominente miembro del partido Movimiento Ciudadano.

El Estado de México fue señalado por al ASF por pagos excesivos a trabajadores con recursos del Seguro Popular. Lo mismo en Tabasco (más de 181 millones); Morelos (más de 98 millones) y Nayarit (un monto superior a 66 millones).

Con el dinero perdido en los gobiernos estatales se podrían construir al menos 50 hospitales como el Hospital General de León, que cuenta con tecnología de punta, 500 camas de urgencia, dos quirófanos de urgencia, cinco consultorios, urgencias pediátricas separadas, nutrición, especialidades, albergue, entre otros servicios, y que dará atención a más de 2 millones de guanajuatenses, cuyo costo ascendió a 1,600 millones de pesos.

Con total descaro, los gobernadores piden más, más y más…

No obstante sus objetivos, a lo largo de su historia el Seguir Popular sólo sirvió para la simulación, la opacidad y los desfalcos. Sobran las pruebas de que el sistema de salud mantuvo una atención a desigual, excluyente, opaca y deficiente, y nunca resolvió las graves carencias que soportaba una población pobre y altamente vulnerable.

El retorno a los cañoneros

A pesar de los triunfalistas anuncios acerca de los avances en materia de salud del Seguro Popular, y de que sus defensores, ex secretarios de salud y enemigos del INSABI se desgarran las vestiduras por su desaparición, lo cierto es que México ha estado muy lejos de cumplir con el derecho a la salud de sus ciudadanos, que marca expresamente la Constitución.

De acuerdo con el artículo “Lo que hizo bien y mal el Seguro Popular”, de Rodrigo Rojas, publicado en el sitio Saludiario, hacia 2018 el Seguro Popular había logrado acumular más de 57 millones de afiliados en todo el país. Sin embargo, cundían los casos de pacientes y médicos que afirmaban que “la atención en el Seguro Popular era deficiente. La queja más recurrente es acerca del desabasto de medicamentos. Sumado a eso, se deben añadir las deficientes condiciones de muchos de sus hospitales”.

Como en todos los órdenes del gobierno, en el Sistema de Salud mexicano se privilegiaba la cantidad mas no la calidad en materia de obras y servicios. El punto que interesaba a políticos corruptos y sus socios traficantes de influencias era la circulación del presupuesto, es decir, que lloviera esa miel para que goteara dinero. En otras palabras, los cañonazos de dinero retumbaban hacia aquellos para construir infraestructura, pero un porcentaje considerable retornaba a sus cañoneros, a modo de comisión o moche. “Uno de los aspectos más negativos del Seguro Popular es el relacionado con los continuos casos de corrupción en los que se vio envuelto. Tan sólo a inicios de este año se expuso la `desaparición` de 16 mil millones de pesos”, destaca Rojas.

La simulación fue regla de oro en otros sexenios. Durante una entrevista realizada por la presentadora de noticias Adriana Pérez Cañedo, en 2011, Felipe Calderón aseguró que durante su administración se habían construido más de 1,200 hospitales o clínicas nuevas, mientras que más de 2,000 adicionales habían sido remodeladas, reconstruidas o ampliadas, “la mayor obra de infraestructura hospitalaria de que se tenga registro”, aseguró el ex mandatario

Nueve años después de lo único que quedó constancia de tan “encomiable esfuerzo” fue el abandono de cientos de instalaciones de salud, el 64% de las cuales fueron iniciadas durante la administración de Enrique Peña Nieto, mientras el 35.6% se empezaron sin concluir durante el gobierno de Felipe Calderón y uno inconcluso se comenzó a construir en 2004, en los tiempos de Vicente Fox. “Hay una epidemia de hospitales abandonados o a medio construir”, aseguró la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización civil México Evalúa, Mariana Campos, quien documentó la existencia de al menos 13 hospitales abandonados que suponían pérdidas por 6 mil millones de pesos.

Los horrores de Castañeda

A contracorriente del gran pundonor calderonista, el foro “Por la universalización y atención integral de la Salud”, organizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en 2010, denunciaba una realidad diametralmente diferente: “A través de una multitud de estudios, los expertos llegan a una conclusión alarmante en franca contradicción al discurso oficial: no se cumple con el derecho a la salud en México y no se detecta una verdadera mejora en la atención a los más pobres.

“La injusticia social se perpetúa en la atención a la salud –ampliaban el diagnóstico las conclusiones de la reunión de expertos–. Hasta la fecha, las políticas públicas en materia de salud no han logrado revertir esta tendencia. A seis años de la implementación del Seguro Popular, persisten los añejos problemas y paradójicamente han surgido nuevos. Los más pobres siguen excluidos o mal atendidos como lo subrayan varios indicadores.”

En el comunicado de prensa intitulado, “El Sistema de Salud: lejos del acceso universal, integral y oportuno”, el foro de la Cámara Baja era contundente: “La falta de infraestructura es alarmante: en las regiones marginadas se cuenta apenas con 0.1 camas por cada 1,000 habitantes. A junio de 2010, se acreditó solamente el 58% de las unidades médicas previstas para el buen funcionamiento del Seguro Popular. La implicación de este retraso es que no se está garantizando la oferta de niveles óptimos en la calidad de los servicios de salud. El sistema de distribución y abasto de medicamentos tampoco funciona y muchas veces, los pacientes están obligados a pagarlos”.

Así la pregunta resulta obvia: ¿De qué sirve un presupuesto generoso y una afiliación cada vez mayor al Seguro Popular, si no existen los hospitales y clínicas para tener acceso efectivo y no de letra a la salud, tanto en número como en distribución geográfica?

Más aun, ¿a qué grado resuelve un programa diseñado para atender a la población marginada cuando no existen los médicos generales ni los especialistas mínimos para cubrir el territorio nacional con personal capacitado y dispuesto a trabajar en comunidades aisladas, sin apreciarlas con la visión clasista del ex secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, quien se escandalizó de que su niña egresada de la Facultad de Medicina fuera a cubrir sus servicios en el “horroroso pueblo de Putla“, en Oaxaca, un sitio de los miles que existen con urgentes y reales necesidades de atención médica en nuestro país?

La salud no es financiera

Al cabo, los defectos de concepción, origen y propósitos verdaderos del Seguro Popular quedaron al desnudo en el diario La Jornada, en noviembre de 2018: “en rigor, ese programa no fue concebido para resolver las carencias del sistema nacional de salud pública, sino únicamente para solucionar en términos financieros el acceso de millones de personas a una infraestructura hospitalaria ya existente y previamente saturada, en la que las instalaciones, el personal, los equipos y los insumos son claramente insuficientes para brindar una atención digna y adecuada a sus derechohabientes tradicionales”.

Sin duda, el Seguro Popular creó desde sus cimientos un universo de pacientes de segunda que sólo tuvieron cubierta una pequeña parte de los padecimientos y que, en el resto, señalaron los analistas de este periódico, seguían tan desamparados, en lo financiero y en lo médico, como habíamos establecido en el segmento de este artículo Océano de transas, donde las enfermedades cubiertas por el Seguro Popular representaban apenas un 2.4% de los 14 mil 176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional, es decir, una fracción de los padecimientos posibles, sin tomar en cuenta que imponía a sus afiliados antigüedades y tiempos de espera para poder acceder a la atención en enfermedades como el infarto en pacientes de más de 60 años, esclerosis múltiple, cáncer de pulmón o insuficiencia renal.

El negocio de afiliar

A más de tres lustros de su fundación, se confirma que el Seguro Popular tenía mucho de simulación, poco de seguro y nada de derecho constitucional. Luego de ocho años, el gasto de bolsillo de la población no había disminuido ni un céntimo con respecto al año 2000, y tuvo un costo demasiado elevado para las familias más pobres en servicios médicos, medicamentos y atención hospitalaria, al representar casi la mitad de sus ingresos totales.

De acuerdo con la Auditoría de Desempeño realizada en 2013, la información reportadas por la Secretaria de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) resultaba “insuficiente para evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular, de evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y de lograr que la población afiliada tenga acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud”. Basta saber que el Seguro Popular había sido diseñado sin la obligatoriedad para la CNPSS y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) para ofrecer indicadores o metas,

En cuanto al nivel de satisfacción de los usuarios. el promedio nacional de tiempo de espera para recibir atención médica fue de 77.9 minutos, superior en 47.9 minutos al estándar establecido por la Secretaría de Salud de 30 minutos. De hecho, tampoco se consideró la calidad de los servicios otorgados ni el cálculo de las personas afiliadas que acudieron a consulta por lo menos una vez al año.

Todos los datos indican que afiliar decenas de millones de mexicanos no era un logro sino la ocasión para hacer exquisitos negocios, a partir de la entrega de recursos presupuestales a entidades estatales, así como a los altos directivos de clínicas y hospitales que los administraban a su discreción, y de los cuales decidían destino y proveedores. El dinero “perdido”, se ha calculado, podría haber alcanzado para construir al menos 16 hospitales de especialidades y muy probablemente sobraría un monto suficiente para levantar 20 clínicas rurales más.