¡Se derrumba la ‘verdad histórica’!

El pasado Sábado, al cumplirse 6 años de los crímenes cometidos contra los normalistas de Ayotzinapa, por parte de todas las fuerzas de seguridad del Estado coludidas con un cartel del narcotráfico, el gobierno federal presentó un informe de los avances que se han alcanzado en la investigación del caso a lo largo de estos últimos 2 años.

Este crimen de Estado cometido en el mandato de Peña Nieto, fue sistemáticamente encubierto durante los 4 años que transcurrieron desde su comisión, hasta que terminó esa oprobiosa administración, torturando personas, fabricando culpables, tergiversando los hechos, destruyendo evidencias, argumentando falsedades y bloqueando cualquier esfuerzo que se hiciera para esclarecerlo.

Al llegar el gobierno actual, las autoridades se vieron obligadas a iniciar la investigación a partir de cero, reconstruyendo los hechos, recabando evidencias por todos los medios posibles, permitiendo la intervención directa de organismos internacionales especializados y de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, para que colaboraran en el proceso junto con las autoridades en las labores de búsqueda y en la identificación de restos.

A poco menos de dos años de haberse tenido que iniciar nuevamente la investigación del caso, se han tenido avances significativos a pesar de la destrucción sistemática de evidencias perpetrada por los funcionarios del gobierno de Peña Nieto.

Se informó que se han realizado búsquedas por todos los medios en 217 sitios de Guerrero, análisis de más de 80 millones de registros telefónicos de los que resultaron útiles más de 2 millones, se han conseguido 70 órdenes de aprensión entre las que se incluyen a miembros de las fuerzas armadas, a partir de las cuales que ya tienen más de 80 detenidos, comenzando con la agente del Ministerio Público que ayudó a encubrir los hechos, y con el líder del crimen organizado que se coordinó con los cuerpos de seguridad del Estado para desaparecer a los estudiantes.

Por primera vez se reconoce que el Poder Ejecutivo Federal fue el responsable de sembrar pruebas falsas, de distorsionar la verdad, de engañar a la opinión pública y de encubrir estos crímenes de lesa humanidad, utilizando al titular de la extinta PGR y al Director de la Agencia Federal de Investigación, Tomás Zerón, como autores materiales de estos ilícitos y voceros de la mentira oficial llamada verdad histórica.

Se reveló que a cambio de su infame participación en los hechos, Zerón cobró y se robó 1,000 millones de pesos del presupuesto de la PGR, con la anuencia de sus superiores. Ahora este sujeto se encuentra huyendo a salto de mata, para intentar evitar la acción de la justicia, con una orden de aprehensión internacional en su contra, escondido en Israel. Con toda certeza, su captura arrojará más luz sobre la verdad de los hechos, y sobre las instrucciones que recibió en este sentido de parte del entonces procurador Murillo Karam, del Secretario de Gobernación Osorio Chong, y del mismo Presidente Peña Nieto.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por estos deleznables funcionarios para que la verdad no se supiera, las autoridades del gobierno actual se han empeñado en resolver un crimen de Estado, que es un caso emblemático sobre el comportamiento de las administraciones neoliberales, y que fue un importante detonador de la decisión que tomó la ciudadanía para sacudirse, de una vez por todas, a esta caterva de criminales del gobierno.

Seguramente en el futuro cercano veremos a todos los involucrados en la cárcel y esperamos que las familias de los estudiantes, junto con toda la sociedad, podamos conocer toda la verdad por cruda que sea. Los mexicanos ya no podemos permitir que la maldad, la corrupción y la violencia continúen destruyendo el tejido social de nuestra comunidad.

Como dijo Albert Einstein: “El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad”.

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