Para exigirle a otro que cumpla con sus obligaciones, hay que tener cara con qué hacerlo; es decir, el que exige debe estar cumpliendo con las suyas.
En México hemos vivido durante décadas en manos de gobiernos corruptos e ineficientes, que robaban a manos llenas y se repartían el botín con sus cómplices de la iniciativa privada. Un gobierno con éstas características, difícilmente puede tener autoridad moral para exigir a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones fiscales, sobre todo cuando los ciudadanos saben que sus impuestos van a ser malversados, o van a terminar depositados en las cuentas bancarias de los funcionarios, o de los familiares y amigos de los funcionarios.
En un escenario como este, donde además quienes más dinero ganaban recibían condonaciones de los impuestos que les correspondían aportar, los mexicanos terminamos pagando lo menos posible en impuestos o de plano no pagándolos en absoluto. 
Así, la carga tributaria con la que se tenían que financiar todos los gastos del gobierno, el pago de la deuda gubernamental y la inversión en los servicios públicos, recaía casi exclusivamente en los profesionales y trabajadores que eran causantes cautivos; es decir, aquellos que no decidían pagar sus impuestos, sino a quienes se los descontaban en forma automática en las empresas e instituciones para las que trabajan.
Se desarrolló entonces toda una industria al margen de la ley, dedicada a la manipulación contable de los impuestos, y a la venta de facturas que amparaban productos y servicios inexistentes, para que empresas y personas físicas pudieran evadir sus obligaciones fiscales.
Se calcula que sólo en los últimos años, el monto de impuestos que se dejaron de pagar por medio de la aplicación de estos mecanismos ilegales, es del orden de 300 mil millones de pesos. Si a esto le sumamos los montos por concepto de impuestos condonados legalmente a las grandes empresas, estamos hablando de una cantidad equivalente al 30% de los ingresos del gobierno federal.
Hoy el gobierno ha prohibido la condonación de impuestos, y está obligando a que las grandes empresas paguen lo que deben atrasado; por otro lado, está también desmontando esta industria ilegal dedicada a la evasión fiscal, a fin de que todos los ciudadanos colaboremos con el pago de las contribuciones que se necesitan para solventar el desarrollo del país, y no le dejemos la carga nada más a los causantes cautivos, que están manteniendo el pago de los servicios que nos proporcionan a todos.
Esta semana se informó que el gobierno presentará 43 denuncias penales, contra personas que dirigen varias empresas que fabrican facturas ilegales para que otros evadan el pago de impuestos, y mandarán 8,000 notificaciones a personas físicas y morales que compraron estas facturas con ese fin, con las que se evadió el pago de 55 mil millones de pesos en impuestos, para que se pongan al corriente voluntariamente.
Este es sólo el primer paquete de casos con el que el Servicio de Administración Tributaria encargado de cobrar los impuestos, inicia las acciones para desmontar esta industria ilegal de evasión fiscal que nos perjudica a todos.
A este paquete le van a seguir otros, hasta que se logre regularizar la situación fiscal de todas las empresas que incurrían en estas prácticas. Es un hecho que a partir de la gestión de este gobierno, todos vamos a pagar nuestros impuestos, y ahora sí podremos exigir que nos proporcionen los servicios públicos a los que tenemos derecho cuando aportamos nuestras contribuciones.
Como dijo el procurador fiscal: ¡Se acabó la fiesta!
