Reta INE a diputados: no emitirá convocatoria a consulta de revocación de mandato
Erick Gutierrez,
17 noviembre, 2021
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Empeñado en su decisión de no recortar sus gastos ni privilegios, como alimentos en lujosos restaurantes, vehículos último modelo y numerosos “asesores”, el consejero Jaime Rivera, quien coordinó los trabajos de la comisión especial para la elaboración del proyecto del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) amenazó con que no se emitiría la convocatoria “si no tiene condiciones para realizarla”, aún cuando se juntaran las firmas con las que la sociedad mandate al árbitro electoral que realice el ejercicio de revocación de mandato.
En los próximos días, el INE formalizará la promoción de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la determinación de la Cámara de Diputados de negarle un aumento en su presupuesto por 4 mil 913 millones de pesos, argumentando que los 19 mil 736 millones de pesos aprobados para ese instituto para el ejercicio 2022 no les son suficientes para realizar los eventuales ejercicios de revocación de mandato y consulta popular.
Y es por ello que Rivera sostuvo que, con independencia de que se reúnan las firmas, “si el INE no cuenta con los recursos materiales para organizarla, no emitirá la convocatoria”, pues “está comprometido a cumplir el mandato legal. No es el INE el que no quiera hacerlo; quiere hacerlo, pero no depende todo del instituto”.
El consejero insistió en que para garantizar la imparcialidad y legalidad es la integración e instalación de las 162 mil casillas, para lo cual se requiere visitar 12 millones de ciudadanos y capacitar cinco por cada casilla, para lo que se requieren al menos 2 mil 500 millones de pesos, que por alguna razón, no pueden distraer de los más de 19 mil millones de pesos que les fueron asignados.
Rivera señaló que están a la espera de que el presupuesto aprobado sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para interponer la controversia y que dependerá de la Corte si emite una decisión a tiempo para realizar la convocatoria para la consulta de revocación de mandato.
Con información de La Jornada
