Requiem para un aeropuerto llamado NAIM

Requiem para un aeropuerto
Por Akire Lincho

Hoy en la conferencia del Presidente se anunció que terminaron los trámites de liquidación de contratos con todos los involucrados en lo que fue el proyecto para desarrollar el aeropuerto de Texcoco; se cumplió con los inversionistas y con los contratistas, saldándose cualquier cuenta pendiente y cancelándose los tratos que pudieran haberse acordado con ellos; quedan vigentes las obligaciones sobre los bonos adquiridos por inversionistas, renegociados exitosamente hace algunos meses, cuyos fondos serán reorientados hacia a otros proyectos del gobierno dentro del marco jurídico establecido en el fideicomiso de inversión.

Este es el punto final del controvertido proyecto y el gobierno podrá ahora concentrarse en lo que sigue, que será el desarrollo del sistema aeronáutico a partir de los aeropuertos Benito Juárez, Santa Lucía y Toluca, así como al otro proyecto importante derivado de la cancelación de éste, que implica el rescate del lago de Texcoco.

Sin embargo, cualquier pretexto es bueno para que algunos medios convencionales, los miembros de las filas de simpatizantes borolistas y todos los aplaudidores del rey de los amparos, revivan en sus atribulados corazones una llamita de esperanza angustiosa en el deseo ferviente de que los empresarios retomen el desarrollo del proyecto cancelado; por eso ahora vemos una renovada excitación ante las palabras del ingeniero Slim, cuando a la pregunta sobre el posible desarrollo de un aeropuerto en Texcoco respondió “eso se verá con el tiempo”.

A fin de evaluar objetivamente esta posibilidad, es útil analizar seriamente, desde la óptica de los negocios, qué tan factible resultaría para la iniciativa privada el hecho de desarrollar un proyecto como el del aeropuerto de Texcoco a partir de cero y en el contexto actual, porque el que se canceló ya no existe.

Primero, es necesario poner en perspectiva cuál era realmente el concepto de negocios a partir del cual se diseñó el proyecto del aeropuerto de Texcoco, en la inteligencia de que no se trataba solamente de construir un aeropuerto de primer mundo, como trataron de hacérnoslo creer los funcionarios y traficantes de influencias del gobierno anterior al actual.

El proyecto del aeropuerto no se diseñó como un negocio en sí mismo, sino como un proyecto que, dada su fastuosidad, proporcionaría un crecimiento desproporcionado en la plusvalía para los terrenos cercanos. En realidad, el concepto de negocios era inmobiliario, no el del aeropuerto. La construcción del aeropuerto permitiría, entre otras cosas, cerrar el actual y convertir los terrenos que ocupa en uno de los proyectos inmobiliarios cercanos y ligados a la terminal aérea, junto con otras extensas áreas de desarrollo inmobiliario en terrenos del Estado de México ubicados alrededor de Texcoco. Sin embargo, esto nunca se presentó así abiertamente; era un negocio para los cuates.

En este negocio los que iban a ganar dinero eran los que estaban invirtiendo en los terrenos a precios irrisorios, con información confidencial, y no aquellos que estaban invirtiendo en el aeropuerto como las Afores, por ejemplo, que llevaban invertidos 13 mil millones de pesos y, que entre otros inversionistas de los bonos, estaban garantizados por el gobierno federal.

El aeropuerto en sí, era un pésimo negocio, pero en virtud del enorme proyecto inmobiliario que se apuntalaría con él, era indispensable hacerlo a como diera lugar; muchos de los terrenos aledaños ya estaban en manos de los amigos y el compromiso de la venta de los demás también estaba cerrado con los grupos de traficantes de influencias que iban a hacer aportaciones relevantes a cambio de adquirirlos; además, el gobierno se acababa pronto.

Así, se mandaron preparar estudios de impacto ambiental hechos a modo y rapidito, flujos financieros optimistas que, en última instancia, respaldaría el gobierno federal por aquello de medirle bien al riesgo, proyecto arquitectónico al vapor y, lo antes posible, se arrancó su construcción en un terreno fangoso, destruyendo el entorno y el medio ambiente, con un proyecto financiero soportado en los flujos de impuestos por uso del aeropuerto, que en el tiempo no alcanzarían a cubrir la construcción y el incalculable mantenimiento, que se requeriría para conservar la construcción a flote por las características del terreno.

Pero como en el caso de los gasoductos, el gobierno federal peñanietista, fiel a su costumbre, apostó a “que paguen los que vengan después” sin importar que, a la larga, el gobierno al que le reventaran las cosas tuviera que volver a echar mano de fondos fiscales, como sucedió en tantas ocasiones desde el Fobaproa, a fin de rescatar a los inversionistas y cumplir con los contratos de las empresas involucradas, y termináramos todos los mexicanos pagándoles el negocito inmobiliario a los cuates.

Originalmente el proyecto se había calculado en 130 mil millones de pesos que luego crecieron a 250 mil y que al final se calculaban en, por lo menos, 350 mil millones; es decir, en realidad no se sabía a ciencia cierta cuánto iba a terminar costando semejante impulsor de los precios de los terrenos aledaños.

En términos generales, esta es la muy resumida descripción del que era el negocio del aeropuerto de Texcoco, en el contexto que prevalecía cuando comenzó a llevarse a cabo.

Hoy, en un contexto completamente distinto, tendríamos primero que pensar cuál sería la fuente de ingresos para un aeropuerto que pudiera desarrollarse en el lago de Texcoco. El TUA, o impuesto por concepto de uso del aeropuerto, ya se encuentra comprometido en el aeropuerto actual de la ciudad de México, el cual por cierto está siendo ampliado y reacondicionado. Con el nuevo sistema de aeropuertos que se está desarrollando este ingreso quedaría fuera de las fuentes de pago de construcción y mantenimiento para un nuevo proyecto con estas características. Los inversionistas y empresarios que llegaran a contemplar el desarrollo de un proyecto así no solamente necesitarían que el gobierno les diera la concesión, sino o bien que les asignara los flujos que ya tiene comprometidos en los demás aeropuertos, o bien, tendrían que buscar otras fuentes de ingresos para asegurar su desarrollo, permanencia y operatividad.

Por otro lado, parecería también punto menos que imposible que el gobierno accediera a preparar un estudio de impacto ambiental a modo, como el que se requeriría para permitir el ecocidio necesario en la construcción de la obra, e igual de imposible sería que accediera a respaldar con fondos fiscales futuros la inversión privada necesaria para realizarlo; con toda seguridad, el riesgo de la inversión tendría que ser asumido completamente por los inversionistas.

Si la decisión, por descabellada que pudiera parecer, se tomara en el sentido de hacerlo de todas maneras, dependiendo de la oportunidad del negocio inmobiliario que quedó trunco, también se ve muy difícil que las autorizaciones que se requerirían para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario que termine de estrangular la viabilidad de la Ciudad de México, fueran otorgadas con la facilidad y rapidez que podría darle cierto nivel de viabilidad al proyecto.

En este nuevo escenario parecería descabellado que algún inversionista estuviera dispuesto a arriesgar su dinero en desarrollar un proyecto cuya gestión fuera tan complicada y cuya expectativa de rentabilidad fuera tan incierta. Es poco probable que solamente para henchir los pechos borolistas con una alegría extrema, o para inflar el ego del rey de los amparos hasta que explote, o bien para que los pilotos de Aeroméxico y de Interjet se sientan muy importantes aterrizando en un aeropuerto como el de Dubai, alguien vaya a meter grandes cantidades de dinero a un predecible barril sin fondo.

Si como dice el ingeniero Slim, existen 1,600 proyectos de infraestructura que la iniciativa privada podría estar contemplando para decidir invertir desde este mismo año en México, y que un aeropuerto en Texcoco es sólo una de las tantas opciones por las que pueden decidir, muy probablemente éste se encuentre entre los últimos 2 o 3 que contemplarían y a los que difícilmente alguien en la iniciativa privada decidiría entrarle en su sano juicio.

Si alguno de los lectores conoce una empresa de banca de inversión, financiamiento o algún inversionista privado que esté dispuesto a hacerlo, le sugiero le plantee de inmediato algún proyecto personal, por descabellado que parezca, porque tendría muchas probabilidades de sacarle dinero.