Postigo
Por José García Sánchez
@Josangasa3
Los medios convencionales tienen acostumbrados a los mexicanos a protestar sólo contra los gobiernos, en especial éste. Nadie puede protestar contra los empresarios porque son quienes les pagan sus espacios.
Si el gobierno hace un ajuste de tres o cuatro por ciento en precios de servicios hay pancartas, declaraciones en los medios, artículos de fondo, columnas, exagerando el hecho. Pero los empresarios aumentan sus productos hasta en 20 por ciento, sin justificación porque sus insumos no han aumentado, y nadie les dice nada, a pesar de que afectan mucho más el gasto de los mexicanos.
En las últimas semanas las empresas Bimbo, Kimberly Clark, Maseca, Coca cola, –fieles patrocinadores de las campañas de proselitismo del PRI y del PAN–, aumentaron sus precios, simplemente porque quieren descarrilar la política económica del régimen. Las razones de los propietarios de estas empresas radican en que anteriormente no pagaban impuestos a pesar de las enormes ganancias.
Ante este descaro ningún partido, ni siquiera Morena, es capaz de enviar un comunicado que muestre cómo los empresarios sabotean la política de la actual administración, los precios de esos productos aumentan y nadie dice nada, menos aún la oposición. Los reclamos al gobierno por ajustes en precios de servicios son innumerables, pero nadie se atreve a convocar y explicar las razones por las cuales la población debe dejar de adquirir los productos de ciertos empresarios.
La oposición coloca a los empresarios mexicanos como los héroes que permitieron que el periodo vacacional de sus trabajadores se ampliara al doble; a pesar de que se trató de una propuesta del partido en el poder. Ahora, ante la evidente agresión a los bolsillos de los mexicanos, simplemente callan.
Las empresas citadas han invertido dinero para desestabilizar a la actual administración pública, probablemente por eso incrementan sus precios y compensar lo “invertido” en el sabotaje a la 4T. Están en su derecho, aunque provoquen que se les apique la ley, pero buscan, con estas alzas que la población y, sobre todo, los organismos internacionales volteen a ver posibles reacciones administrativas para mostrarse como víctimas de una represión que no existe.
Porque para sentirse víctimas los opositores se pintan solos. Ahí está el ejemplo de los integrantes del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, quienes aseguran que son perseguidos políticos, como si las demandas en su contra las hubieran levantado los fiscales, cuando en realidad son los familiares de las víctimas de sus negocios que llegan a la muerte misma, como es el caso de Martín Hernández, cuya madre y esposa murieron en el sismo de 2017, en los niveles prohibidos de los edificios alterados por los intereses de los panistas.
El actual prófugo de la justicia Christian Von Roehrich, y Jorge Romero, son señalados por los familiares de las víctimas como homicidas culposos, de estas dos personas y muchas más, pero ellos insisten en que son perseguidos políticos después de chantajear a los constructores de esos edificios para quedarse con dinero o departamentos según la negociación con los propietarios de los edificios en las alcaldías de Benito Juárez y otras en manos del PAN.
Desde que la derecha perdió las elecciones se asumen como mártires del actual gobierno, son las víctimas de diferentes supuestas violaciones a la integridad del ser humano, desde la libertad de expresión hasta la persecución política. Lo cierto es que se trata de delincuentes comunes, de hambreadores que aumentan los precios a placer y de voraces cómplices de construcciones ilegales que ya han tenido víctimas mortales. Si esto no debe ser castigado quiere decir que siguen gozando de impunidad como cuando ejercían el poder.
