Por incumplimiento de contrato, CFE exige a Iberdrola pago de 190 mdd
Erick Gutierrez,
15 mayo, 2022
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Dentro del proceso de arbitraje internacional iniciado desde el año pasado por la empresa privada de generación de electricidad Iberdrola, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso un reclamo por el pago de 190 millones de dólares en contra de la compañía española, debido a que la central Topolobampo III, cuya licitación ganó Iberdrola y culminó su construcción en 2017, después de cinco años aún no entra en operación, a pesar de que el contrato especifica que empezaría a surtir de energía a la CFE en el transcurso de 30 meses.
Inicialmente la CFE condicionó la entrada en operación de la central ubicada en Sinaloa al pago de una multa de 16 millones de dólares por incumplir el contrato en tiempo y forma, sin embargo Iberdrola decidió escalar el conflicto solicitando un arbitraje internacional, pues argumentan que la planta no ha entrado en operación “por causas de fuerza mayor”, por lo que piden que se desestime la sanción.
Sin embargo, la CFE respondió la demanda de arbitraje con una reconvención en la que exige a Iberdrola el pago de 185 millones 500 mil dólares por reparación de daños ocasionados a la paraestatal, así como4.7 millones de dólares por no haber alcanzado el porcentaje de integración nacional.
Por su parte, Iberdrola también ha pedido que se le devuelvan 2 millones de dólares que pagó como sanciones y un pago de 10 millones por los gastos que ha incurrido, así como indemnización por daños.
En marzo de 2017 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó a Iberdrola la construcción y operación de una central de ciclo combinado con capacidad de 666 +/- 15% MW, que se desarrolla bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía que, con una inversión cercana a 400 millones de dólares y un tiempo estimado para su ejecución fue de 30 meses, se localizaría en el municipio de Ahome, Sinaloa.
El proyecto de Iberdrola, llamado Topolobampo III, consiste en el desarrollo de las instalaciones, diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio de la central, lo cual no ha sucedido por argucias legales de la empresa española y es la causa del conflicto actual, por el que se le exige el pago de 190 millones de dólares.
