Plan C
♥️♣️♦️♠️ Las cartas sobre la mesa ♣️♦️♠️♥️
Por Laura Cevallos @cevalloslaura
¿En qué consiste el #PlanC que propuso el Presidente López Obrador, como remedio a la suspensión provisional de todo el paquete de reformas vigentes, que se denominó #PlanB? Ufff, en tantas cosas:
Antes de siquiera resolver el fondo del asunto admitido de manera unipersonal y a la mala (sin seguir el protocolo legal, ni notificar formalmente a las partes -Ejecutivo y Legislativo-), por el Ministro Laynez Potisek, sobre la demanda del Instituto Nacional Electoral “respecto de todos los artículos impugnados del Decreto, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones legales antes de la respectiva reforma”, y sin saber el sentido en que el resto de ministros votarán ante un proyecto de resolución, el #PlanC ya está funcionando.
Por un lado, en la sesión extraordinaria del lunes, en el recinto de la “Herradura de la Democracia”, donde aún preside el viajero frecuente Lorenzo Córdova, a petición de los opositores, el representante de morena, el Diputado Mario Llergo, dijo en pocas palabras: el Plan C será la victoria de este movimiento; el Plan C está en la soberanía de este país, que es el pueblo de México, y se verá reflejado en la derrota del conservadurismo en 2024. Refrendaremos el triunfo en 2024, contra los conservadores, por los conservadores y a pesar de los conservadores.
Mientras tanto, el INE, el órgano dejará de ser presidido por esa cúpula con poderes supralegales e iniciará una nueva era donde los nuevos consejeros llegan mediante un mecanismo de voto popular indirecto, y se están enterando que sus nombramientos no son un privilegio ganado como consecuencia de sus lazos afectivo-laborales con los salientes, sino producto de un procedimiento legal, fundamentado en el texto constitucional, y realizado para designar funcionarios al servicio del pueblo y para salvaguardar el voto de los ciudadanos. Eso en segundo lugar.
Además, también sabrán que al momento de emitir el juramento que reza “prometo guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”, no serán palabras echadas al viento, sino escuchadas por miles de ciudadanos que hemos puesto en las manos de nuestros legisladores la tarea de investirlos, tras cumplir cabal y satisfactoriamente todos los requisitos técnicos y de ética profesional que se exigieron para estos puestos y, en consecuencia, que les demandaremos cuando sus actos se conviertan en una simulación que satisfaga a grupos de poder político o económico, como ha sido en los últimos años.
Por otro lado, en el ámbito jurisdiccional, las cosas no han resultado tan sencillas como antes, cuando los jueces, magistrados y ministros tomaban decisiones ilegales, anticonstitucionales, pasándose la justicia por las narices sin consecuencias. Y es que antes de este sexenio, todas las decisiones que se emitieran contra el pueblo, eran la regla. Como no tenían un poder que los exhibiera (político o mediático), no se desprestigiaban en su quehacer de intérpretes del derecho. Como no tenían que rendir cuentas ante nadie, ni siquiera cuando se trataba de hechos denunciados por miembros del propio poder judicial ante el Consejo de la Judicatura Federal, y no se había dado el caso de que el pueblo tuviera un representante de talla presidencial, ahora que exigimos que su actuar sea decente, se enfurruñan.
Se quedaron con la maña de ganar sin resistencia, sin inteligencia y sin derecho, pero ahora, encuentran resistencia en nuestros representantes: el Presidente, los legisladores, los Secretarios de Estado; se topan con la inteligencia de un pueblo que se ha estado preparando a diario para dar la batalla del relevo intelectual y de posiciones de poder, cuando interactúa desde las redes, en manifestaciones y marchas. Y ya no les será tan fácil torcer las leyes para justificar las muy jugosas propinas devengadas por sus servicios leguleyos.
Sin embargo, lo siguen intentando, y como decía al principio, el ministro Laynez se aventó el tiro de suspender el Decreto de ley que está en vigencia desde el inicio de este mes de marzo, sin que esté dentro de sus facultades, por las siguientes razones:
- El INE no puede tramitar ningún amparo/suspensión cuando se trata de la materia electoral. Así lo dice la Constitución:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.
Además, porque los entes facultados para iniciar esta controversia, son: la Federación, las Entidades federativas, los Municipios, el Poder Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión -en conjunto o cada Cámara-; los poderes de las entidades federativas; los órganos autónomos de las entidades, y para resolver situaciones donde exista disquisición en materia territorial. Y por cierto, el INE, no tiene dichas facultades. Así lo dice la fracción II del mismo artículo:
- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Pueden ser ejercitadas en los siguientes 30 días a su publicación: el 33% de la Cámara de Diputados; 33% del Senado; el Presidente y su Consejero Jurídico; los partidos políticos; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, cuando se trate de leyes federales, que es el caso.
O sea, el INE ni pinta. Y remata diciendo: La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.
Sin embargo, y siendo los doctos de la ley, sorprende que el ministro Laynez haya decidido no solo admitir a trámite el amparo, sino además, conceder la suspensión provisional solicitada, extendiendo sus efectos más allá de lo estrictamente señalado por los peticionarios, es decir, el decreto completo, que se refiere a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. O sea, 4 leyes de un plumazo.
Y sin importarle un ápice el pudor, desobedece flagrantemente lo señalado en la propia Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, que dice en su artículo 19:
Artículo 19: Las controversias constitucionales son improcedentes:
(…)
- Contra normas generales o actos en materia electoral.
Obviamente, en congruencia con el mandato del Pueblo, la Consejería Jurídica de la Presidencia ha impugnado esta suspensión provisional, apelando no sólo a la legalidad de dicho decreto, sino además a la legitimidad que el Congreso de la Unión tiene para emitir estas legislaciones y el Ejecutivo para ponerlas en vigencia, y por supuesto, a que esa susodicha independencia que presume la Corte, en voz de su nueva presidenta, se refrende con el desechamiento de este intento desesperado por bloquear el camino a la democracia por parte de quienes se han enfundado en la pijama de héroes salvadores de un atributo que, según dicen, los define por completo: el poder del pueblo.
Por lo pronto, ya hay un náufrago que acepta su inminente situación de que la suerte se acabó: se va Jacobo y al parecer, embarca en el Ypiranga, junto con sus compis Lorenzo y Ciro el mismo día en que termina su extenso mandato… no siendo más el motivo de su capricho, el extraño retorno de Porfirito duró para la burla y los aplausos.
Llegan los relevos al Consejo General del INE. El Pueblo, cada vez más consciente de la obligación que implica percibirse ciudadano de tiempo completo, atendemos a la convocatoria de la transformación. Del asunto de la Corte nos haremos cargo cuando se demuestre la imparcialidad del Pleno y mientras tanto, el #PlanC es sencillo: Ciudadanos Contra Corruptos
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