A pesar de que para el 2023 no se realizarán elecciones que absorban grandes cantidades de recursos, como las presidenciales de 2017 o las efectuadas en 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende solicitar un presupuesto por 14 mil 612 millones de pesos, sin contar los recursos para los partidos políticos, lo que significa un aumento de 3 mil 380 millones sobre lo utilizado en las pasadas elecciones presidenciales.

Los consejeros argumentan que, a pesar de que no se prevén elecciones mayores ni ningún otro tipo de ejercicios democráticos, el INE “conserva las mismas atribuciones constitucionales”, pero además, contemplan un supuesto “impacto inflacionario” de 30 por ciento, según cálculos del consejero Ciro Murayama.

Durante la exposición de un primer panorama de la comisión especial que atiende el tema, el titular del órgano interno de control (OIC), Jesús George, informó que el INE pidió para este año 18 mil 827 millones de pesos, de los que la Cámara de Diputados aprobó 13 mil 914 millones, sin embargo puntualizó que de 72 observaciones hechas a 17 unidades, 63 no han sido solventadas, según los alcances de la auditoría DAOC/10/ES/2021.

Ante esto, el consejero Murayama explotó en contra del titular del órgano interno de control, reprochando al contralor del INE que exhibiera ese tipo datos cuando estaban en una sesión pública, divulgada en Internet y despectivamente le hizo notar que era invitado en una comisión especial no obligatoria por ley.

Murayama agregó que, debido a la alta probabilidad de que sus requerimientos no sean atendidos por los legisladores, “Entonces, que nadie espere magia y que se tomen decisiones con responsabilidad”.

Por su parte, el representante de Morena, Jaime Castañeda, partido que recientemente interpuso una queja ante el OIC por el pretendido gasto de 11.6 millones para elaborar, con personal externo, un informe de gestión del consejero presidente Lorenzo Córdova, expuso la necesidad de que los consejeros se conduzcan con mayor autocrítica y que confía en que el proyecto presupuestal para el año próximo tenga como eje una lógica de compromiso republicano y de austeridad.

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