¡Tómala! Ordena SCJN al INE realizar consulta de revocación con el presupuesto asignado
Erick Gutierrez,
15 diciembre, 2021
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Luego de que el Instituto Nacional Electoral interpusiera una controversia constitucional para eludir la realización de la consulta popular de revocación de mandato, tras la decisión del Congreso de la Unión de no autorizarles un aumento en su presupuesto de 4 mil 913 millones de pesos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Fernando Franco González Salas determinó que el INE debe atender la realización de la consulta de revocación de mandato con el presupuesto quien se le asignó, o de lo contrario se les fincarían responsabilidades penales por no cumplir el mandato.
Tanto el consejero presidente, Lorenzo Córdova, como el consejero Ciro Murayama, han sido enfáticos en señalar que, debido a que nos les fue autorizado el aumento en el presupuesto, ya no les sería posible cumplir con el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, ya que no están dispuestos a readecuar sus gastos para suplir los 3 mil 830 millones de pesos que dicen que costará la consulta.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al INE y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, determinó la SCJN.
Sin tocar privilegios como salarios excesivos, alimentos en restaurantes de lujo, costosos vehículos ni reducir la enorme cantidad de asesores, el INE informó que logró reasignar 1,503 millones de pesos para el proceso de revocación, pero que sin embargo, aún les faltan 2 mil 554 millones de pesos para organizar este proceso, amenazando a la vez que, si no se les asigna el presupuesto solicitado, no llevará a cabo la consulta de revocación en abril, como lo estipula la Constitución, con lo que se harían acreedores de responsabilidades penales.
