No me dejen solo: el juicio a los ex presidentes

Aunque Andrés Manuel no descarta promover la consulta para enjuiciar a los ex presidentes, es momento de que la gente y los legisladores apoyen con su convocatoria y busquen llevar a los corruptos a la cárcel. El depositario del más legítimo poder político es el pueblo de México, por eso es tan importante este respaldo.

Si la pandemia detuvo la vida pública en muchos países del mundo, no es el caso de México. Al menos no en Palacio Nacional ni en el sentir de la mayoría de las personas en México, que han defendido al presidente de quienes buscan aprovechar la pandemia para defender el retroceso y la corrupción. La popularidad intacta de Andrés Manuel demuestra que el cambio que representa es imparable. Además queda claro que hay una ruta a seguir en el corto plazo.

Aunque los carroñeros de siempre siguen conspirando y buscan manipular el dolor del pueblo de México – y de todos los pueblos del mundo, que siguen combatiendo la pandemia-, ha quedado claro que la amplia mayoría respalda al presidente y sigue firme en su vocación de transformar la vida pública de nuestro país. Una de las tareas a seguir para resarcir el daño al pueblo -y de paso sepultar las ansiedades golpistas de algunos miembros del régimen en desgracia- es llevar a los ex presidentes a juicio para que respondan por sus crímenes y devuelvan lo robado.

Las tres vías para que el proceso inicie son: mediante una recaudación de firmas de la ciudadanía; mediante la solicitud de un tercio de los legisladores de una cámara del Congreso de la Unión; y mediante la solicitud del presidente de México. Cualquiera de estas tres opciones permitiría que la posibilidad de enjuiciar a los ex presidentes fuera puesta a consulta pública. Las razones jurídicas están puestas sobre la mesa: Emilio Lozoya, detenido en España y extraditado a México ha declarado que -al menos- Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto están involucrados en los casos de corrupción en torno al desmantelamiento de PEMEX y la imposición de la reforma energética.

Con dichos y pruebas, sería el poder judicial el que se encargara de llevar el caso. Por si fuera poco, Genaro García Luna está respondiendo a la justicia de EEUU por el involucramiento del gobierno de Calderón con el crimen organizado. Pero las razones políticas son más importantes. Seríamos ingenuos en creer que quienes se vieron beneficiados por el régimen neoliberal se quedarán de manos cruzadas: los intereses del amasiato corrupto entre miembros de la clase política y la clase empresarial intentarán defenderse con uñas y dientes.

Por eso  Andrés Manuel ha dicho que él votaría en contra porque no es su fuerte la venganza. No debe haber resquicio de duda o espacio para que la derecha argumente que el asunto es una venganza política. El juicio a ex presidentes es un clamor del pueblo de México y un paso necesario para llegar a la justicia y terminar con la impunidad. 

El compromiso del presidente y la voluntad firme del conjunto del pueblo y el gobierno explican que Peña Nieto y Salinas pretendan esconderse en España y los priístas atacan al presidente acusándolo de cacería de brujas. También por eso Felipe Calderón llama a dar un golpe de estado y activa a sus seguidores en el odio y la violencia. Si bien Andrés Manuel es un hombre con poder, no basta con su sola voluntad para empujar el cambio hasta sus últimas consecuencias. Él lo ha pedido desde Palacio y en el Zócalo: no me dejen solo.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la derecha buscará hacer uso de todas las herramientas a su alcance -legales e ilegales- para obstaculizar el cambio. Los ex presidentes y sus compinches están moralmente derrotados, pero cuentan aún con alianzas nacionales y transnacionales que los protegerán hasta donde les sea posible. El presidente depende de que el pueblo y los legisladores del movimiento permanezcan leales y activos en su defensa; pero también impulsando la agenda de los sentimientos del pueblo.

Aunque Andrés Manuel no descarta promover la consulta para enjuiciar a los ex presidentes, es momento de que la gente y los legisladores apoyen con su convocatoria y busquen llevar a los corruptos a la cárcel. El depositario del más legítimo poder político es el pueblo de México, por eso es tan importante este respaldo.

Si ninguna de las opciones fuera viable en términos de calendario -la convocatoria cerrará el 15 de septiembre-, será el presidente quien pueda llamar a la consulta por la vía jurídica. Pero la campaña que hagan ciudadanía y legisladores será una defensa política del esfuerzo; vital para dotar de -aún más- legitimidad a la acción del presidente y al gobierno del pueblo de México.