Negociación de contratos de gasoductos; prueba superada

Negociación de Contratos de Gasoductos; Prueba Superada
Por Akire Lincho

Hoy se anunció el fin de las negociaciones entre las empresas constructoras de los gasoductos que surtirán de gas a la industria eléctrica del país y la Comisión Federal de Electricidad, proceso que amenazaba con convertirse en un verdadero pantano financiero, operativo y legal para el gobierno y para el desarrollo del país.

El desacuerdo se originó unilateralmente, de parte del nuevo gobierno, cuando se analizaron las condiciones en las que dichos contratos se habían celebrado entre estas empresas y el gobierno anterior, pues implicaban condiciones que, en términos generales, convertían el transporte de gas en un insumo más caro para el gobierno del que cualquier contrato similar en el mercado internacional podría representar.

Los contratos, celebrados a veinticinco años, incluían entre otras cosas el pago de cuotas crecientes por concepto de pago de transporte del gas. Esto significa que en el corto plazo el gobierno realizaría pagos menores, cuyas cantidades iban aumentándose en el tiempo hasta terminar pagando cantidades periódicas fuertes durante la segunda parte de los contratos.

Entre otros inconvenientes financieros, como el tema del valor presente del dinero, esto implicaba meter en problemas a las administraciones futuras y un costo integral por los servicios mucho más alto del que se pagaba por ello en cualquier parte del mundo, disfrazado con el tema de pagos crecientes; en pocas palabras, las empresas hacían el gran negocio y que los sobrecostos los paguen los que vienen después.

Ninguna de estas empresas va a reconocer públicamente que el negocio implicaba un sobreprecio en el tiempo y que este sobreprecio seguramente fue negociado por los funcionarios corruptos e ineficientes de la administración anterior, quienes también seguramente desarrollaron algún bonito esquema de desvío de recursos para cobrar sus moches a cambio de autorizar este tipo de tratos; ya será tarea de, entre otros, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda desenmascarar los mecanismos que utilizaron para estos fines los traficantes de influencias incrustados en el gobierno anterior.

En resumen, el gobierno se concentró en llevar a cabo una negociación puramente financiera, en la que se lograran ahorros sobre los contratos a fin de que los costos de traslado del combustible no resultaran más caros de los que son en cualquier otra parte del mundo.

Hasta el momento las negociaciones han resuelto siete contratos con las cuatro empresas constructoras que incluyen los gasoductos de Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, cuya construcción está a cargo de TC Energy; El Oro a cargo de IEnova y Sur de Texas-Tuxpan (gasoducto marino) a cargo de Einova y TC Energy; Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, cuyo desarrollo está a cargo de Fermaca, asi como el de La Laguna-Aguascalientes, también a cargo de la misma constructora; y, el gasoducto Samalayuca-Sásabe cuya construcción es responsabilidad de Grupo Carso. Está pendiente la conclusión en la negociación de un último contrato con la empresa Fermaca, que debe terminarse en breve y cuya orientación se prevé en el mismo sentido de solución que los siete contratos ya negociados.

Cabe señalar que no es algo normal que las empresas constructoras de dimensión internacional como éstas, acepten una invitación de gobiernos a renegociar contratos que celebraron recientemente, en condiciones muy favorables para ellas y, especialmente, cuando los sobreprecios adquiridos en las negociaciones originales seguramente implicaron “sobrecostos” de gestión, aunque no puedan reconocerlo públicamente.

La opción era pelear un proceso largo y costoso para todos en la arena legal internacional, en un arbitraje, como lo establecían los mismos contratos.

En las empresas estas decisiones se toman a partir de las expectativas de rentabilidad cruzadas con la probabilidad de éxito que presenta cada una de las opciones.

Desde la perspectiva del gobierno la posición no era fácil, pero implicaba la posibilidad de exhibir internacionalmente las condiciones poco ortodoxas en las estructuras de los contratos. Desde la de las empresas, entrar en una renegociación no solamente implicaba la posibilidad de disminuir la rentabilidad del negocio, sino sentar un precedente poco afortunado a nivel internacional para cualquier transnacional que haya firmado contratos que implican activos registrados en sus balances, los cuales van a tener que restructurar financieramente. En resumen, esto no fue fácil para nadie.

Sin embargo, en este contexto, Grupo Carso echó mano de su larga experiencia en negociaciones con gobiernos anteriores y fue el primero en acceder a negociar, seguramente ponderando el menor riesgo potencial de negocios al hacerlo, del que implicaba evitar la negociación y, seguramente, en la inteligencia de que las empresas del grupo están percibiendo otras oportunidades dentro del marco de la transformación económica del país, a las que su probabilidad acceso se podría haber visto afectada en caso de aferrarse a las condiciones originales de un negocio injusto a todas luces para sus clientes.

A Carso lo siguieron las otras tres empresas involucradas en los contratos, pudiéndose llegar así a una feliz conclusión para todos, a partir de la habilidad que demostró el gobierno en concentrarse objetivamente en el tema financiero, dejando de lado cualquier reproche relacionado con otros temas que podrían haber entorpecido el proceso.

Las negociaciones implicaron establecer cuotas periódicas sin crecimiento en el tiempo, que incluyan pagos mayores a los que se fijaron originalmente durante la primera parte de los contratos y pagos iguales a estos durante la segunda parte de los mismos, mejorando la posición de valor presente de los flujos financieros, evitando que los gobiernos futuros tuvieran que cargar con sobreprecios injustificados que, tarde o temprano, los iban a llevar a tener que renegociar las condiciones en situación de desventaja, y consiguiendo un descuento sustancial sobre los costos de transporte del gas a lo largo del plazo de los contratos.

Como resultado de las negociaciones se alcanzaron los siguientes beneficios para la industria eléctrica nacional y para el país: (a) Se asegura el suministro necesario de gas a lo largo del plazo de los contratos (algunos a 25, otros a 30 y otros más a 35 años);

(b) Se garantiza el precio más bajo en el mercado mundial para este servicio (38% menor al que se cobraba en los contratos originales);

(c) Se asegura que el precio de la energía eléctrica no aumente a los consumidores;

(d) Se evita que los gobiernos que sigan al actual se vean obligados a renegociar los contratos para evitar el pago de sobreprecios, lo que tendrían que hacer en condiciones desfavorables dentro de 10 años;

(e) Se le da viabilidad financiera a la Comisión Federal de Electricidad que se encontraba prácticamente en quiebra como resultado de las obligaciones adquiridas en virtud de esto contratos;

(f) la hacienda pública logra un ahorro de, por lo menos, 4,500 millones de dólares, que puede ser mayor una vez que se termine de negociar el último de los contratos que se encuentra en fase final de acuerdo;

(g) Se evita un conflicto jurídico internacional con proveedores que puede ser largo y costoso para el gobierno; y

(h) Mantiene sus relaciones con estas empresas funcionando dentro de un círculo virtuoso que genera confianza en la inversión privada, especialmente en el futuro inmediato.

Al mismo tiempo, las empresas alcanzan los siguientes beneficios como resultado de las negociaciones:

(a) Mejoran sus flujos financieros a valor presente mediante el nuevo esquema de pagos de cuotas fijas;

(b) Su posición financiera dispone de certidumbre y, en un momento como el actual, en el que las tasas de interés se ubican en niveles bajos, pueden financiar los contratos con mejores niveles de certeza;

(c) Evitan correr el riesgo de exposición mediante un proceso de arbitraje internacional en el que puedan salir a la luz negociaciones pasadas que se llevaron a cabo en un contexto de secrecía;

(d) Evitan la carga de un proceso jurídico internacional que puede resultar largo y costoso; y

(e) Mantienen relaciones de negocios con el gobierno en un escenario de círculo virtuoso que les brinda oportunidad de participar en otros proyectos de desarrollo de infraestructura en el país, en el futuro inmediato.

Difícilmente se puede pensar en un mejor escenario posterior a las negociaciones del que se consiguió, especialmente cuando las expectativas de solución apuntaban a la generación de un problema complejo de grandes dimensiones hace sólo dos meses.

La conclusión de todo este asunto es que mediante la intervención de un gobierno sensato, eficiente y honesto se pueden generar negocios relevantes para la iniciativa privada y para la inversión. Una lección contundente para los neoliberales mexicanos, corruptos e ineficientes, que han poblado las filas pestilentes de los gobiernos anteriores al actual.