Ministros de la Corte ganan 43 veces más que trabajadores registrados ante el IMSS, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó con datos oficiales los salarios de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo salario promedio mensual es de 16 mil pesos al mes, mientras que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puede percibir hasta 700 mil pesos mensuales, lo que equivale 43 veces más de sueldo.

“¿Por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? (…) Una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, esos sueldos, esos ingresos, ¿ustedes creen que tienen vocación de servicio? No, a ese lo que le importa es lo material, lo que le interesa es el dinero, ese va a actuar siempre de manera individualista, egoísta”, subrayó.

“Aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios, aquí es para servir a los demás. (…) Es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz”, agregó.

El mandatario reafirmó que el presupuesto es dinero del pueblo y se integra con recursos de la nación, por lo que no debe apropiárselo un grupo burocrático ajeno a los intereses de la gente y a la impartición de justicia.

“Todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto, todos. Y, si hablamos de justicia, tienen más derecho los más necesitados. La justicia es darle más a quien tiene menos; no puede haber trato igual entre desiguales”, aseveró.

En conferencia de prensa matutina expuso los privilegios de los altos funcionarios del Poder Judicial, entre los que se encuentra el seguro de separación individualizado, fondo que duplica los ahorros de los servidores públicos; es decir, si alguno decide guardar 30 mil pesos de su salario, el mecanismo lo traduce en 60 mil pesos al mes, por lo que al año podría acumular hasta 800 mil pesos sólo en ese apartado.

Tan sólo para financiar esta prestación se contempla un gasto de 2 mil 526 millones de pesos al año. En comparación, el presupuesto de la Oficina de la Presidencia de la República asciende a únicamente 600 millones de pesos, gasto cuatro veces menor que el seguro de separación individualizado.

Entre el oneroso costo del Poder Judicial también están sus aguinaldos, seguros de gastos médicos mayores y vestuarios.

“El pueblo le tiene que entregar cada año, aparte de sus jubilaciones, 2 mil 526 millones de pesos; esto es año con año en general para los altos funcionarios públicos. Entonces, ¿no les parece un exceso?”, cuestionó.

La eliminación de fideicomisos millonarios, entendidos como reservas del Poder Judicial, es una medida debatida en la Cámara de Diputados, con el propósito de erradicar privilegios de ministros, jueces y magistrados. Los trabajadores de base no serán perjudicados.

“Es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social, ¿cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? (…) A los trabajadores no les toca, es a los de arriba. Es que esto es totalmente piramidal, los de abajo ganan lo justo, hasta poco y de lo que se trata es de terminar con estos privilegios”, planteó.

Aunque la operatividad del Poder Judicial está garantizada sin los fideicomisos, podrían declarar inconstitucional la reciente decisión del Poder Legislativo.

“Sería una ruptura al orden constitucional del mismo Poder Judicial; desconocen por completo al Poder Legislativo, o sea, lo nulifican y el Poder Judicial se sitúa como el supremo poder conservador del país”, externó.

En cuanto al posible destino de los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos, el presidente López Obrador insistió en favorecer a dos millones de estudiantes de escasos recursos de nivel básico o, en su caso, planteó entregar una parte de estos recursos a cada estado de la República.

“Si no se quieren que se amplíen las becas a dos millones más de niños para todo el año, que se entreguen 400 millones, son 15 mil, a cada estado de los 32 y que consulte a la gente en qué utilizar los 400 millones y se entregue a los estados. Hay tantas necesidades”, aseveró.