Magistrado de mañanera judicial defiende suspensiones de jueces: “no son delito”
El magistrado Juan Manuel Torres afirmó que conceder suspensiones forma parte de las obligaciones constitucionales de los jueces.
El magistrado Juan Manuel Torres expresó su preocupación por las presuntas acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los jueces y magistrados que han otorgado suspensiones relacionadas con la reforma al Poder Judicial.
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En la mañanera judicial de este lunes, Torres calificó de “lamentable” lo que considera una persecución judicial hacia estos funcionarios, quienes, afirma, han actuado en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Para el magistrado Torres, la persecución de jueces que otorgan suspensiones es un atentado contra el sistema judicial y un intento por minar la autonomía de este poder.
Al respecto, juristas han expresado también su preocupación, subrayando que permitir una persecución judicial de esta naturaleza podría sentar un peligroso precedente, al inhibir la independencia de los juzgadores y amenazar el cumplimiento de los principios del Estado de Derecho en el país.
Magistrado de mañanera judicial defiende suspensiones contra reforma
Para Torres, abrir investigaciones penales contra quienes otorgan estas suspensiones sería una medida desafortunada que pondría en riesgo la independencia judicial.
“Si esto es así, es algo mucho muy lamentable. ¿Por qué? Porque en sí mismo, el conceder las suspensiones no es un delito por el que tenga que aperturarse una carpeta de investigación o instruir una causa penal a este tipo de servidores públicos”, subrayó el magistrado.
El magistrado explicó que, en un Estado de Derecho, la labor de los juzgadores es cumplir y hacer cumplir la ley, lo que incluye pronunciarse sobre suspensiones solicitadas en los procesos judiciales. Enfatizó que los juzgadores no pueden ser penalizados por realizar sus funciones.
Jueces y magistrados cuestionan costo de elección judicial
Los jueces y magistrados expresaron su inquietud ante el alto costo proyectado para la elección judicial de 2025, una cifra que asciende a más de 13 mil millones de pesos, solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Los jueces compararon este presupuesto con los recursos asignados a sectores esenciales como la salud, la educación y la seguridad, y recalcaron que el monto podría ser utilizado en áreas con un impacto directo en la calidad de vida de los mexicanos.
En su intervención, destacaron que el presupuesto para la elección de juzgadores representa aproximadamente el 70 por ciento del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución de educación superior más grande del país.
A modo de comparación, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) recibe anualmente apenas 5 mil 400 millones de pesos, menos de la mitad de lo asignado para la elección.
Los magistrados subrayaron también las carencias en el sector salud, citando que el Hospital Infantil de México, una institución clave en la atención de menores, recibió solo 264 millones de pesos en 2024, mientras que el Instituto Nacional de Psiquiatría tuvo un presupuesto de apenas 137 millones.
En el ámbito de seguridad y bienestar social, los jueces también resaltaron que el presupuesto para la prevención de la violencia contra las mujeres en 2024 fue de 363 millones de pesos, una cantidad que consideran insuficiente frente a la urgencia del tema y significativamente inferior a los recursos destinados a la elección.
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