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La UNAM, una Vetusta ciudad feudal
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La UNAM, una Vetusta ciudad feudal

Columna Invitada

Angélica Espinosa

En La Regenta, novela del gran Leopoldo “Alas” Clarín se recrea el espacio imaginario donde se mueven sus personajes, es un pequeño pueblo llamado Vetusta, la noble. El autor nos presenta este lugar lleno de contrastes, porque en sus confines alberga a dos clases sociales completamente opuestas: los linajudos que viven a sus anchas en el pueblo y los andrajosos que debían hacerlo apiñados y separados de los primeros. Con una fina ironía, Alas nos describe a la flor y nata de este pueblo primitivo, clase social proclive a la hipocresía, el fariseísmo y que actúa, por costumbre, bajo convencionalismos aristócratas que hacen imposible cualquier cambio de paradigma. Pues bien, mientras leía La Regenta y acerca del pueblo donde se desarrolla la historia, que es, al mismo tiempo, un personaje más de la novela, se me ocurrió que es posible empalmar una analogía entre Vetusta y la UNAM.

Desde hace tiempo vengo sosteniendo una lucha silenciada en contra de la UNAM que, a través de las autoridades “linajudas” de sus diferentes dependencias, ejercen violencia laboral contra miles de profesores “andrajosos” de asignatura que conforman el 75% de la plantilla docente. Para ser más explícitos, todos y cada uno de los profesores de asignatura han recibido algún tipo de hostigamiento, maltrato y violación de sus derechos laborales y humanos. El lector se preguntará por qué silenciada. Porque los medios de comunicación tradicionales, llámese prensa, televisión o radio soslayan, quizá por intereses pecuniarios, la situación anómala que se vive dentro de la Universidad, la cual el ciudadano común considera que es un recinto donde se respira igualdad, justicia y democracia; sin embargo, en los hechos estas ideas están muy lejos de cumplirse. Cuando los sueldos de autoridades y maestros de asignatura sean más equiparables, cuando los actos de corrupción y de abusos sean castigados y la comunidad universitaria pueda elegir a sus autoridades; entonces, sí podría hablarse de igualdad, justicia y democracia.

En mi calidad de profesora de asignatura, fui violentada laboralmente cuando la última quincena del año 2020, en plena pandemia y con un enfermo terminal en casa, recibí de la institución un cheque con valor de $2.00. Cantidad que cubría mi trabajo de 10 meses (sí, leyó usted bien, tenía 10 meses sin cobrar mi salario por múltiples trabas burocráticas) y el pago correspondiente de mi aguinaldo, el cual, por cierto, nunca se me reembolsó y, peor aún, al año siguiente tampoco se me pagó completamente. Mis reclamos no tuvieron ninguna respuesta ni de las autoridades inmediatas, ni de la dirigente sindical de los académicos, ni de la Dirección General de Personal. Simplemente, me ignoraron y la UNAM decidió no contratarme para el siguiente ciclo escolar. Saque usted sus conclusiones al respecto.

Hoy, leo con indignación el comunicado que la UNAM emitió para condenar a los distintos medios de comunicación independientes a los que llama con desprecio “de dudosa ética profesional” (quizá porque no median contratos favorecedores para las autoridades), que, desde que comenzó la pandemia, han venido informando acerca de las situaciones anómalas que se viven dentro de la Universidad, en particular, lo que se refiere al mal uso del generoso presupuesto otorgado por la Federación a la universidad. Por cierto, dicha cantidad no la reciben 17 estados de la República.

En el texto, firmado por 65 titulares de las diferentes dependencias, se señala que la legislación universitaria cuenta con “instrumentos pertinentes para autogobernarse”. Sin embargo, a partir de mi experiencia y de la de muchos otros compañeros, puedo señalar que el rector y los 65 titulares no cumplen con lo que señala la Ley Orgánica de la UNAM, máximo ordenamiento jurídico de la institución, porque al interior se cobija un vetusto sistema de “usos y costumbres”, que impide que la UNAM tenga plena capacidad jurídica y fomenta que se comentan abusos de autoridad, los cuales frenan el cumplimiento del artículo 1° de dicha ley.

Tampoco se cumple el artículo 13° de la misma normatividad que señala que: “[…] en ningún caso, los derechos de su personal serán inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo”. Pero, los derechos laborales de 30 mil profesores de asignatura interinos son violados flagrantemente, en especial, en lo que se refiere a los temas de estabilidad laboral y salario.

En cuanto a la estabilidad laboral, los profesores de asignatura están indefensos y, ante cualquier reclamo o protesta, simplemente, no los vuelven a contratar. En la UNAM, se contrata bajo la figura ilegal de “interinato”, por lo tanto, no existe la figura de despido. En consecuencia, se viola el principio de estabilidad laboral contenido en la ley. Respecto al magro salario de los profesores, hay que señalar que la institución y su sindicato blanco han tasado la hora de clase en irrisorios $105.00 para un profesor de asignatura, nivel A (cf. Tabulador). Situación que ha llamado la atención de especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía que elaboraron un análisis histórico donde se señala que “el 74% de profesores de la UNAM tienen un salario de miseria, que precariza, vulnera y refleja el desprecio hacia la labor docente. Esta situación se agudizó y profundizó con la pandemia, porque los profesores han pagado con su dinero el precio de las clases en línea”.

Como podemos observar, la UNAM viola los derechos laborales de sus trabajadores académicos y se muestra omisa ante las leyes contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en su artículo 123, fracción VI señala: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”. Mientras que en la fracción VII mandata que “para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”.

En este enjundioso desplegado, las autoridades de la UNAM también hablan de “ejercer con eficiencia y transparencia los recursos económicos”. Sin embargo, las noticias de los medios independientes señalan opacidad en el uso de esos recursos; salarios exorbitantes para algunos afortunados de la academia y dispendio en las áreas administrativas. Además de que se viola sistemáticamente la Ley Federal del Trabajo, que, en su capítulo VI, artículo 426 señala que “los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos-ley, cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen; y cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo”. Llama la atención que, mientras la administración compra sofás de 50 mil pesos o ceniceros por 10 mil pesos para las oficinas de las dependencias de la UNAM, los profesores de asignatura apenas ganen lo suficiente para sobrevivir. Tal parece que no existe “un desequilibrio entre el capital y el trabajo” en el salario de los profesores. ¡Vaya, curiosa forma de ser eficientes con el dinero del erario!

Por otra parte, quizá al rector y a los 65 titulares “linajudos” de las dependencias unamitas, que tanto se ufanan por entregar la Cuenta Anual a la Cámara de Diputados, les interese saber que algunos de los diputados de esta LXV Legislatura consideran que la Auditoria Superior de la Federación ha sido omisa en los malos manejos de la UNAM. Con total desvergüenza se han manifestado en contra de lo que llaman “infundios y calumnias”, sin embargo, ya no engañan a nadie.

Las actuales autoridades de la Máxima Casa de Estudios han denigrado el buen nombre de la universidad, han lastimado a su comunidad “andrajosa”, que ha visto cómo, poco a poco, la institución se ha ido hundiendo y decayendo en su tarea sustancial que es formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad.

Con total desparpajo y cinismo, el rector y los 65 titulares de las dependencias afirman que cuentan “con la confianza de la sociedad mexicana”. Me parece que han perdido toda percepción social, porque la comunidad universitaria ha comenzado a clamar con voz fuerte y clara el respeto a sus derechos humanos y laborales. La UNAM no puede estar exenta de que se respete el Estado de Derecho y de que se cumplan las normas que rigen la vida institucional. Un rector, una Junta de Gobierno y 65 titulares no pueden acallar la voz de 370 mil alumnos y 42 mil académicos dentro de la institución.

Las autoridades también afirman “defender los valores” y la “autonomía”. Me parece que primero deben especificar a qué valores se refieren, porque, si se trata de la Legalidad, yo preguntaría ¿es posible hablar de legalidad cuando las leyes que rigen a todos los ciudadanos mexicanos no traspasan las puertas de la UNAM? Si se trata del Respeto a los derechos, yo preguntaría ¿acaso los académicos que laboran dentro de la UNAM pierden sus derechos laborales constitucionales? Si se habla de Justicia, yo preguntaría, ¿se puede hablar de Justicia cuando los académicos reciben cheques por 2 pesos, sufren pagos incompletos y son separados arbitrariamente de su labor docente? Y también preguntaría ¿acaso la UNAM es un Estado dentro de otro Estado y no se rige por la Constitución?

Como ha quedado expuesto, las autoridades han actuado como los habitantes de ese pueblo mediocre creado por Alas, en el que priva una atmósfera opresora, en el que Don Saturnino, un erudito falso, se contenta con escribir tomo a tomo siempre acerca de Vetusta, la Romana, la Goda, la Feudal, la Cristiana y la Transformada. Finalmente, estimado lector, ¿cuál de todos estos adjetivos permitiremos que los falsos eruditos elijan para escribir acerca de nuestra Alma Mater?

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