La libertad como mercancía

En ese mundo de simulación absoluta que construyó la derecha neoliberal en México, donde nada era lo que parecía, como por ejemplo las fuerzas del orden, que en realidad encubrían y se asociaban con los delincuentes, o el Instituto de la Transparencia, que funciona para ocultar información, mientras el Instituto Electoral actúa para proteger fraudes electorales y desincentivar la democracia, o la Comisión de Competencia que trabaja para inhibirla favoreciendo a las empresas privadas y especialmente a las extranjeras, el hecho de que el poder judicial intente proteger a los delincuentes no es extraño.

Lo que resulta escandaloso, es que hoy sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actuando en absoluta incongruencia, pretenda primero erigirse en poder legislativo, haciéndose eco de un proyecto presentado por un ministro cómplice de la delincuencia de cuello blanco de la oligarquía, en el que sería la Sala Superior de esta corte quien modificaría la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, declarando inconstitucional ese contenido de la constitución, usurpando las funciones de otro de los poderes de la nación.

Si de por sí esto ya es bastante grave, el tema del que se trata el asunto y lo que se pretende cancelar en la constitución es escandaloso.

Desde que inició este sexenio han estado entrando a la cárcel un buen número de exfuncionarios y oligarcas traficantes de influencias, gracias a que en México existe la prisión preventiva oficiosa automática, en la comisión de 19 delitos graves. Pero junto con ellos también han caído presos miembros del crimen organizado en grandes cantidades, que entre otros delitos se dedicaban a traficar con drogas, a extorsionar ciudadanos, a robar, secuestrar y ejecutar personas, por los que al ser presentados ante un juez con las pruebas de haber cometido delitos graves, no había otra opción que encarcelarlos de acuerdo a lo que dicta la ley.

Ahora a instancias de un proyecto elaborado por el ministro José María Aguilar, ampliamente conocido por su complicidad con expresidentes corruptos y criminales de la iniciativa privada, se pretende cancelar esa condición constitucional de prisión preventiva oficiosa automática, para estos 19 delitos,dejando que la entrada a la cárcel de los delincuentes dependa exclusivamente del criterio del juez que los juzga.

En un mundo de fantasía donde los jueces fueran honestos, esto no tendría mayor relevancia; sin embargo en un entorno como el de México, donde el poder judicial es uno de los escenarios más corruptos de la sociedad y donde sus integrantes no se han preocupado en lo más mínimo para que esta situación se corrija, hacer esto equivale a que los jueces vendan la libertad a los delincuentes que se detengan, para que continúen cometiendo delitos con toda tranquilidad.

Qué caso tendría entonces detener a un promedio de 5 mil delincuentes por semana como ha venido sucediendo últimamente, si estos van a entrar por una puerta giratoria del juzgado que los va a poner en la calle una vez que paguen la cuota que al juez se le antoje, o incluso, que un juez corrupto encarcele sin razón a un inocente a cambio de dinero pagado por su contraparte.

La derecha lleva ya varias semanas exigiendo con estridencia, que se cambie la estrategia de seguridad, esgrimiendo un discurso falaz en el que sostienen que no funciona, cuando en realidad es al revés. Todas las cifras de comisión de delitos se han desplomado a partir de su aplicación. Lo que les preocupa a los conservadores, es que sus cómplices del crimen organizado y ellos mismos, delincuentes patrimoniales cuello blanco, estén en riesgo de ser encarcelados por sus delitos, sin que un juez corrupto pueda dejarlos libres mediante el pago de un soborno. Eso los aterra y esperan poder cambiarlo utilizando a su brazo judicial, encabezando por el cártel de la toga, incrustado en la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En nuestro país, en este momento cuando por fin comenzamos a deshacernos de estas lacras, poniéndolas a buen recaudo tras las rejas, es una aberración mayor pensar siquiera en que la seguridad futura de todos los ciudadanos quede en manos exclusivamente de jueces corruptos, para que los feminicidas, secuestradores, extorsionadores y ladrones patrimoniales, escondidos tras el disfraz de empresarios o de funcionarios decentes, queden en libertad para seguir dañándonos impunemente.

Como dijo el criminólogo y jurista italiano Cesare Beccaria: “Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho”.