Postigo
Por José García Sánchez
@Josangasa3
Si tomamos en cuenta la violación a los derechos humanos de los regímenes anteriores, que implica detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, asesinados de Estado, fabricación de delitos, violaciones, encarcelamientos, etc. estamos viendo el reflejo de la conducta represiva de una dictadura militar.
La cantidad de víctimas en cada uno de estos agravios contra los mexicanos nos habla de un rigor represivo propio de una dictadura militar, como muchas que afectaron la libertad de los países latinoamericanos.
Basta ver la cantidad de personas que buscan a sus hijos y familiares desaparecidos, los presos sin juicio, los presos sin delito. En el sexenio de calderón hubo tantos desaparecidos como en la dictadura militar de Argentina.
En ese país hubo un juicio en el que enjuiciaron a los generales Emilio Massera, Rafael Videla, Leopoldo Galtieri, entre otros, en 1985. Fueron obligados a un juicio civil luego de que los familiares de las víctimas y la sociedad rechazaron el fallo del tribunal militar que los exoneraba.
México nunca tuvo un juicio contra quienes actuaron contra los guerrilleros, a quienes torturaron, violaron, encarcelaron, fusilaron, desaparecieron. Eran los mismos, eran iguales.
Todavía hoy, en México, algunos justifican la represión generalizada porque denominan a los guerrilleros delincuentes comunes. Pero hacen a un lado el estado de derecho porque, por muy salvajes que hubieran sido los guerrilleros los funcionarios públicos debieron combatirlos con la ley y no con los mismos métodos clandestinos e ilegales que utilizaron los levantados, que buscaban un país mejor.
Así, el autoritarismo del PRI y el PAN siguió violando los derechos humanos desde las oficinas de gobierno de los tres nieles y nadie ha sido juzgado pro estos crímenes, que son propios de una guerra. Esos partidos dejaron la economía como si saliéramos de una guerra y nadie ha actuado en consecuencia. El Fobaproa debía desaparecer a pesar de los tratos y convenios que hiciera el traidor Ernesto Zedillo. Su ley y normas jurídicas, del pasado, y que no pueden ser las mismas ahora.
Represivos y corruptos como en cualquier dictadura militar vemos a los funcionarios púbicos, responsables de la represión contra los mexicanos convertidos en héroes de la oposición o simplemente en delincuentes impunes.
La oposición desde sus tribunas reclama a la actual administración recurrir al pasado para explicar la situación que en el presente vive México. Saben que, si vemos con detenimiento el pasado y sobre todo a través de la perspectiva penal, del Derecho elemental, más de uno de esos que rechazan que se hable del pasado, deberían estar tras las rejas.
El pasado está lleno de funcionarios públicos delincuentes, desde luego que en cuando son descubiertos se autodenominan perseguidos políticos. Es como si Pinochet se declarara perseguido político, porque actuaron en complicidad con la represión más salvaje contra ciento de miles de mexicanos y en el mejor de los casos, simplemente callaron para preservar sus chambas, donde se les permitía robar.
La oposición reniega de su pasado porque se ubica más cerca del reclusorio que de la democracia. Su descalificación de las referencias a los regímenes anteriores no es sólo denostar los argumentos de la actual administración, sino que tratan de borrar de la memoria de los mexicanos los delitos cometidos por sus correligionarios.
El gobierno debe ser la vanguardia para castigar los delitos contra la sociedad civil, deben acompañarlo no sólo los partidos en el poder sino la sociedad entera que debe estar indignada ante tanta impunidad.
La polarización es México no la hacen los discursos de odio, ni las diferencias de ideas: la crean la impunidad de los delincuentes del pasado disfrazados de funcionarios púbicos.
