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En una decisión que puede interpretarse como el permiso para que ejerza un puesto público desde prisión, un juez federal otorgó un amparo a Rosario Robles en contra de la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal durante 10 años a partir del 18 de septiembre de 2021, impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y confirmada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La sanción impuesta por la SFP y confirmada por el TFJA, se debió a que, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, Robles faltó a la veracidad en su declaración patrimonial, quien, al conocer la decisión, emitió un mensaje por medio de redes sociales que señaló

    : “Hola, les habla Rosario Robles. Deseo informarles que el 23er Tribunal Colegiado en materia Administrativa consideró que la Sala Superior (del TFJA) y, en consecuencia, la SFP violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años”.

    En el mismo mensaje, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) intenta minimizar los hechos, reduciendo sus alegatos a uno solo de los hechos sancionados: “Por no haber informado en mi declaración patrimonial de una cuenta de 2,000 pesos que jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio banco”.

    Cabe recordar que el 13 de agosto de 2019, el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, dictó prisión preventiva a Robles Berlanga por haber intentado identificarse ante una autoridad judicial con documentos falsos durante el proceso que se le sigue por el ejercicio indebido en el servicio público a causa de su supuesta omisión para evitar un daño patrimonial por 5,073 millones de pesos cuando encabezaba la Sedesol y la Sedatu, razones que mantienen a Robles Berlanga en el penal de Santa Martha Acatitla, Alcaldía de Iztapalapa.