En consonancia con lo declarado por el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, el consejero y presidente presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 del mismo Instituto, Jaime Rivera, está decidido a aplicar el recorte aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados al ejercicio de revocación de mandato, evitando así afectar los privilegios de que gozan.

Tanto así que estarían dispuestos a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para preservarlos, argumentando que con ese monto de reducción ya no podría garantizarse la organización de ese ejercicio democrático, pues de otra manera tendrían que  “dejar de hacer las elecciones o de expedir credenciales”

“Sería muy grave porque, efectivamente, coincide con el costo que hemos estimado entre revocación de mandato y consulta popular, que ascendería. Cinco mil 700 millones de pesos, nos estarían dejando muy poco, 800 millones, y eso pondría en riesgo la realización de la revocación de mandato en las condiciones que ordena la ley y con los parámetros de calidad y de certeza con lo que el INE realiza las elecciones”, dijo Rivera.

Descartando limitar los gastos que realizan los consejeros, como alimentos en restaurantes de lujo y vehículos último modelo, y sin aceptar ajustarse a la política de austeridad la que, por mandato presidencial debería aplicarse, los consejeros del INE están decididos a afectar primero las elecciones y la revocación de mandato que a dejar la suntuosa vida que llevan con cargo al erario.

Luego de conocer el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde se aprobó, para su discusión en el pleno, un recorte de 4 mil 913 millones de pesos a lo solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio de 2022, el consejero Ciro Murayama amenazó con aplicar la totalidad de esa disminución en la organización del ejercicio democrático de revocación de mandato.

El Consejero Electoral, Ciro Murayama, dijo en entrevista que de realizarse el recorte presupuestal propuesto por los legisladores, será un golpe tremendo para el Instituto que lo dejaría fuera de la posibilidad de organizar la revocación de mandato, debido a que se plantea reducir un 26 por ciento del monto solicitado.