Gobernador panista de BC veta Ley de Ingresos y Egresos aprobadas por el Congreso estatal

El gobernador panista de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció que vetó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2021, aprobadas por el Congreso local, mismo que cuenta con mayoría de diputados de Morena, esto argumentando que existen “contrarios a los intereses” de los sudcalifornianos.

Resaltó que la pretensión de los diputados implicó disminuir a la administración pública del estado de Baja California, 400 millones de pesos, que de acuerdo con el gobernador panista limitarían, entre otros, la prestación de servicios respecto a salud, mantenimiento de la seguridad pública y el sostenimiento de la educación.

En este mismo sentido, Carlos Mendoza Davis señaló que lo aprobado obstaculiza continuar con la atención de la salud para las familias, además de que borra la posibilidad de apoyar la economía familiar y pone en riesgo la seguridad pública que “tanto ha costado recuperar”.

Asimismo, el gobernador anunció que vetará las reformas aprobadas a la Ley de Coordinación fiscal. “El veto responde a una convicción: las decisiones de política pública deben responder a una necesidad social, nunca a un interés electoral”.

Por otra parte, el mandatario panista de Baja California Sur, declaró que el Poder Legislativo pasó por alto el derecho de los ciudadanos a recibir servicios de calidad por parte del gobierno estatal, “sin cumplir con lo que la ley dispone, sin ningún tipo de estudio y análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación”.

No solo eso, sino que el gobernador advirtió que esto es un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo, y con total irresponsabilidad, pues acusó que abandona a la gente y sus necesidades, al reducir en 60% el capítulo 3000 del presupuesto relativo a los servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Para finalizar, el mandatario estatal señaló que dicha “reducción irracional” impacta directamente conceptos indispensables para la atención de la población a través  del funcionamiento adecuado de las dependencias de la gestión estatal.

Con información de La Jornada