¿Fuero, para qué? ¿Para emitir ideas y legislar o para insultar sin consecuencias?

No es la primera vez que me enoja ver cómo los parlamentarios abusan de su fuero por múltiples y muy trasnochadas razones. En sexenios anteriores, porque era la licencia para librarse de cualquier cantidad de culpas y responsabilidades, como cuando los diputados conducían borrachos y chocaban, y al ser detenidos por la policía de tránsito salían con su “tú no sabes quien soy yo” y sacaban la placa de la legislatura correspondiente y hasta un “usté disculpe” se llevaban los angelitos.

Parece que, en estos últimos años, esos deslices no han tenido cabida, porque a los que han merecido ser defenestrados por sus conductas inapropiadas, han debido dejar el cargo y la protección parlamentaria, para enfrentar sus acusaciones así, como cualquier ciudadano de a pie.

Pero hoy me quiero referir a estos abusos que cometen los legisladores de la oposición (dícese del PAN), sin pudor y sin conocimiento de para qué sirve el fuero, pero más malo aún, sin respeto por los compañeros y los ciudadanos a quienes dicen representar. Desconocen u omiten olímpicamente el quehacer y los procedimientos de la Cámara donde se desarrollan, y ponen en un constante peligro de parálisis los trabajos que nos adeudan a los ciudadanos, desde hace décadas, por esa inamovilidad que padecían y hoy, que supuestamente tenemos el legislativo que elegimos, resulta que los opositodos no los dejan avanzar.

En días pasados, cuando el Presidente emitió un acuerdo de agilización administrativa para blindar de los constantes ataques jurídicos al desarrollo de las obras que ha iniciado y que deben concluirse en tiempo y con el presupuesto asignados; los opositodos y sus voceros tergiversaron la realidad, como saben y suelen hacer, para engañar a sus cofrades de que se trataba de un decreto para ocultar cifras y costos de dichas obras. Como siempre, se les aclaró que esto no era así, pero como en vez de materia gris, tienen unicel en la cabeza, no les cupo más que su idea primera de que el presidente no está haciendo las cosas adecuadamente. De hecho, el propio Secretario de Gobernación Adán Augusto, les aclaró las diferencias entre uno y otro y yo misma, aquí en El As Bajo la Manga, les platiqué que un ejemplo de decreto fue ese con el que Calderón desapareció de la noche a la mañana Luz y Fuerza y ahí sí que ni si quiera hubo quejidos de los adversarios priístas…

Total, que para cazarse con ideas retrógradas, sólo ellos y continuaron exigiendo que a nombre del Senado, se promoviera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por así necesitarlo 53 tribunos (panistas, obvio).

Siendo Presidenta del Senado la Ministra en Retiro, Olga Sánchez Cordero, con experticia más que probada en materia de constitucionalidad, determinó que el Senado carece del interés jurídico para promover una controversia constitucional contra dicho acuerdo presidencial; que la improcedencia obedece a que el agravio al legislativo es inexistente y por ende, no puede ser exigida la revisión de la Corte, pero que, sin embargo, sí podían solicitarla otros organismos que sí cumplen con tal interés legítimo y que puedan probar la afectación que se requiere.

Aquí es donde la cosa se puso peluda y los que no tienen más revoluciones cerebrales sacaron a relucir su bajeza, claro, escudados en el dichoso fuero para insultar, mentir y reventar una sesión que concluyó con una legisladora que gritó a todo pulmón majaderías y mentiras, esgrimiendo su “derecho a replicar por alusiones” (que no le hicieron). Y también aquí es donde es necesario hablar de un poco de historia que nos ubique.

¿Qué es el fuero? Es una inmunidad o privilegio con que los diputados y senadores cuentan para que, en ejercicio de sus funciones, no sean reconvenidos por sus ponencias, aunque se aclara, de acuerdo con el Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo de Burgoa Orihuela, que tal prerrogativa no opera en función de la investidura del tribuno. O sea, no tienen protección por ser legisladores, sino que la tienen para poder ejercer dicha tarea y que sus opiniones no deben ser la causa por la que se les ataque o reconvenga.

La inmunidad constitucional nació como una protección necesaria a los legisladores desde los tiempos de la primera Constitución, la de Cádiz de 1812 y la actual Constitución de 1917 ratifica la inviolabilidad parlamentaria. Más de dos siglos de esta protección que hoy desvirtúan con mentiras sobre legalidad y reglas que no saben respetar.

Conforme pasaron los años, fue decayendo la necesidad de salvaguardia de esas ideas y, sobre todo, a su vida y bienes y los legisladores abusaron flagrantemente de la inmunidad. Es más, hoy vemos que esta protección es un ariete con el que golpean la legalidad.

Escudados en esta prerrogativa, en vez de proteger al interés nacional y a los ciudadanos, los legisladores de ambas cámaras han avalado reformas constitucionales que, en otros tiempos, entregaron concesiones mineras de más de la mitad del territorio nacional; cedieron enormes espacios físicos (sin importar que fueran tierras ejidales en activo) para la instalación de turbinas eólicas que causan un cambio drástico en las rutas migratorias de aves e insectos y que no permiten a los campesinos hacer uso del espacio físico donde producían sus alimentos o pastoreaban su ganado; permitieron expropiaciones, compras y adquisición de bienes suntuosos; signaron acuerdos de despojo con Odebrecht, y callaron ante el desmantelamiento del Estado sin pudor ni remordimiento.

Hoy que ya no pueden ser más cínicos, recurren al insulto para hacer valer un derecho que, sí, ciertamente puede ser ejercitado por la Cámara de Senadores cuando se justifique, pero interponer una acción de inconstitucionalidad como la que pretendían los panistas, es la última intentona de frenar el desarrollo nacional, porque a los opositores fuera del legislativo ya se les cerró la puerta para seguir interponiendo más amparos que dañen los últimos reductos de soberanía que nos queda.

Por un lado, tenemos a la Presidenta del Senado respaldando el acuerdo que sitúa a las obras publicas como estratégicas y de seguridad nacional, tal y como lo dicta el acuerdo en mención; por otro, a los que llegaron al senado creyendo que su labor es oponerse a todo, aunque a ellos les vaya mal. ¿En verdad creen que lo mejor es oponerse a todo y para todo? ¿No reparan en que cada solicitud de amparo (cuya respuesta saben de antemano) o de juicio constitucional, tiene un altísimo costo para la Patria, tanto económico como político y social? ¿No les da la cabeza para entender que México requiere legisladores honestos que dejen de inventarse y difundir mentiras para justificar su clasismo y la protección a los empresarios que se empeñan en quedarse con nuestra riqueza? Nadie puede escatimar los años que Sánchez Cordero fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni negar que se dedicó justamente a declarar la procedencia de interés jurídico de quienes interponen juicios y recursos ante el Máximo Tribunal de la Nación, y antes que enojarse, deberían agradecer que no recibieron un rotundo “no” de la Corte, ante una solicitud sin sustento ni procedibilidad.

La verdad es que parece que nada de eso les interesa y por ello, utilizan su repertorio de bajezas para demostrar que sus intenciones son claras: primero ellos, después ellos y al último ellos.

A la Senadora Sánchez Cordero le llovió la insultiza panista pero como decía mi abuela: las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Hoy, tal como dijo la propia exsecretaria de Gobernación, nuestra oposición se compone de “políticos carentes de argumentos jurídicos, tan ansiosos de reflectores que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento”.

Senadores de la oposición aprovecharon a escupir su veneno, ni dedicarles más que este párrafo para decir: por sus actos, los conoceréis. Como políticos o como legisladores, no dieron ni están dando nada bueno a México. No los necesitamos. No son contrapeso y de verdad, no los merecemos.

A México le costó mucho tiempo darse cuenta de su capacidad y valor, pero ya despertamos y pronto, muy pronto, se irán a donde pertenecen: al basurero de la historia.

Yo quisiera que los representantes del pueblo revisen y adicionen el contenido del artículo 61 constitucional y 6° del Reglamento del Senado, y que tomen en cuenta que, si bien no es posible ni deseable reconvenir a un legislador por sus ideas, sí se limiten los insultos, las descalificaciones y las vejaciones con que se quieran justificar las incapacidades materiales y jurídicas de quien los ocupe. No es que me espanten las “palabrotas”; pero hay recintos y momentos, y creo firmemente que México tiene excelentes personas, aún en la oposición, con la inteligencia y la preparación suficiente para llevar a nuestro país a un nivel más alto y hay que empezar por el discurso y las reglas de juego. No toleramos más descalificativos como “abyecta”, “indigna” “sin-vergüenza”, “tapadera”, “chambona” y otras linduras que les brotan de su peluda alma.

La violencia empieza en el discurso. Si no son capaces de reconocer la diferencia en la utilidad del fuero, y se escudan tras él para insultar como piratas sólo porque no ganan en la arena política, entonces que sí vengan las reconvenciones porque la altura de sus discusiones elimina toda posibilidad de discutir a nivel intelectual, lo que se requiere para crecer.