Exsubsecretario y exoficial mayor de Sedatu se “avientan la bolita” por Estafa Maestra

Este sábado se realizará la audiencia para que exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique González Tiburcio, enfrente una segunda acusación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en donde se definirá su participación en el caso de desvía de recursos conocido como la Estafa Maestra.

Al funcionario, que ya tenía abierto un proceso penal desde 2019, a consecuencia de un convenio entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, le fue iniciado por la FGR un segundo proceso por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, cuya penalidad podría ir de los 6 meses a los 12 años de prisión, a raíz de un convenio general firmado en enero de 2016 con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, que derivó a su vez en otro convenio específico por el que se habrían desviado 185 millones de pesos a empresas fantasma o irregulares mediante una violación a la ley de adquisiciones.

Como parte de las pruebas en contra del exsubsecretario, figura la acusación formal ante una autoridad judicial del exoficial mayor, Emilio Zebadúa, que permitió a la FGR establecer que el exfuncionario suscribió el acuerdo con la universidad sin realizar ningún estudio de mercado, lo que habría afectado al Estado mexicano, pues finalmente las empresas que subcontrató la casa de estudios hidalguense con el dinero de la Sedatu serían fantasma o de papel.

Ya en enero de 2019 el Ministerio Público federal imputaba al exsubsecretario por la firma de ese convenio marco firmado con la universidad hidalguense y lo acusó por el presunto delito de falsedad de declaración, en una causa penal que aun no está concluida, porque él alega la falsificación de su firma.

En su declaración ministerial, el exoficial mayor asegura que la Estafa Maestra fue una trama de corrupción fraguada y orquestada por, presuntamente, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para el financiamiento de campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno de Peña Nieto y su partido, el PRI, y que Tiburcio fue uno de los funcionarios implicados en la firma de convenios, como parte de esa trama para el desvío de miles de millones de pesos a empresas fantasma a través de universidades públicas.

Sin embargo, el exsubsecretario de Sedatu acusa, en su defensa, que el área de la que era responsable Zebadúa, fue la responsable de “falsificar” su firma, asegurando que el 9 de julio de 2017 interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia por la falsificación de su firma en ese convenio general que hoy lo tiene imputado y que en agosto de ese mismo año denunció penalmente, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la falsificación de su rúbrica en ese convenio.

Sin embargo, la FGR determinó con un peritaje que su firma en el convenio sí era verídica y, por tanto, le imputó el delito de falsedad de declaraciones, a lo que Tiburcio respondió en una entrevista concedida al medio Animal Político que “en la audiencia del sábado vamos a demostrar que la acusación de la Fiscalía no tiene fundamento y que solo está basada en los dichos del exoficial mayor, Emilio Zebadúa”, agregando que “Voy a demostrar que la firma de ese convenio no es la mía, y que los recursos públicos para pagar ese convenio no salieron de mi área, la subsecretaría de ordenamiento territorial. Se puede comprobar fácilmente revisando la Cuenta Pública de 2016”.