Desde el mes pasado, 16 países integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han insistentemente solicitado la renuncia inmediata del secretario general de la Organización, Luis Almagro, a la que esta semana se sumó el gobierno de los Estados Unidos, lo que aumenta a presión para que el inspector general contrate ya una firma externa para que investigue las denuncias.

Pero Almagro no es señalado por sus constantes declaraciones en contra de Cuba, o su apoyo a una intervención militar en Venezuela, ni por su permanente intervencionismo en contra de los gobiernos progresistas latinoamericanos, ni siquiera por el vergonzoso papel que el secretario de la OEA jugó en contra del gobierno legítimo de Evo Morales en Bolivia, que culminó en un golpe de estado, sino por “posible” falta de ética y conducta “amoral” por su relación íntima con una de sus subordinadas.

Y es que, de acuerdo con una investigación de The Associated Press, retomada por el inspector general, Almagro mantenía una relación con una empleada mexicana que fue descrita, incluso en el sitio web de la organización, como “asesora principal” del secretario general, lo cual está expresamente prohibido en el código de ética, que impide a sus directivos supervisar o participar en las decisiones que benefician a las personas con las que tienen una relación sentimental.

“Tomamos estas acusaciones en serio”, declaró un portavoz del Departamento de Estado, pues cualquier violación a las normas de ética de la OEA “debe ser investigada de manera justa e imparcial por una entidad adecuada de investigación externa”.

Sin embargo, países como Uruguay, Antigua y Barbuda, Belice y Santa Lucía, se oponen a la realización de la investigación con el argumento de que sería “muy costoso” en momentos en que el organismo hemisférico de 600 empleados está bajo presiones para recortar sus gastos.

Almagro enfrenta críticas en otros asuntos administrativos, como la crítica de México por traicionar los deseos de los miembros de la OEA al renovar el contrato de la ombudsman de la OEA, Neida Pérez, queja que nuestro país presentó por escrito, pues este no es un acto aislado, sino que forma parte de un patrón de conducta que desconoce la voluntad de los Estados y viola las instituciones de la OEA.

Pero el secretario general de la OEA solamente se ha limitado a declarar sobre el asunto de su relación con su “asesora” mexicana: “Nunca fui supervisor de ninguna persona con la que tuve una relación, nunca la ascendí y nunca le subí el sueldo de ninguna manera”, dijo.