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Las cartas sobre la mesa

Por Laura Cevallos     
@cevalloslaura

Desde que las etiquetas se volvieron patentes de corso, literalmente, se acabaron los motivos de las suspicacias. O sea, con esos eufemismos como independencia o autonomía, los entes y organismos del gobierno, no solo pueden hacer uso y abuso del presupuesto que les otorga la federación, como ya lo hemos visto con entidades como el INAI, la UNAM, o el INE, sino que además ondean la bandera de la independencia como si se tratara de una barrera que los hiciera inmunes a la maldad y a los actos deleznables en política como corrupción o impunidad, y justamente es lo contrario.

El domingo vimos, con bastante vergüenza y enojo, a la titular del poder judicial federal que en un acto protocolario tuvo sus 2 minutos de berrinche y se quedó sentada al momento en que iba entrando el Presidente al recinto legislativo de Querétaro para la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 y que, por ser el primer mandatario del país es a quien se rinden honores por parte de las fuerzas armadas y los demás poderes de la Unión. Esto no lo invento yo, es el protocolo y a quien se rinden estos honores son a la investidura presidencial y no a la persona titular del Ejecutivo Federal.

Se hacía incluso cuando presidentes espurios que robaron la presidencia fueron titulares del ejecutivo como en el caso de Carlos Salinas de Gortari o de Felipe Calderón, entonces ¿por qué no hacerlo cuando se trata de un Presidente legítimamente electo por el pueblo?

La respuesta es sencillísima: a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no le da la gana reconocer el poder soberano del pueblo transformado en la investidura presidencial. Y eso nos da como resultado que, para ese cuerpo colegiado, el ciudadano vuelva a ser una masa informe con derechos de papel, pero sin un verdadero reconocimiento del poder soberano que tiene el pueblo y que, en esta madurez política, entendemos que deberíamos ser nosotros quienes nombráramos y ratificáramos a los titulares del poder judicial, y a las autoridades del INE y de la UNAM, por empezar a platicar.

Evidentemente, para la oposición conservadora, esta es una postura de valentía que hay que aplaudir rabiosamente porque demuestra que el poder no se humilla ante la dictadura de López. Desde España, el espurio Calderón alabó la valentía de Piña Hernández, aunque no imagino que habría sucedido sí en sus tiempos algún presidente de la corte hubiera osado no rendirle sus respetos al seudo comandante de las fuerzas armadas, si recordamos el relato del ministro Zaldívar, cuando fue ponente del caso de la guardería ABC y se enteró de que el sentido de la resolución era contrario a los planes que, junto con su esposa Margarita Zavala, habían tramado para librar de la responsabilidad a las parientas de ésta, así como a sus allegados dentro del gobierno, para que no hubiera manera de aceptar la responsabilidad en este hecho lamentabilísimo. De sólo imaginar, se me pone la piel de gallina…

Otro que no pudo ocultar su orgullo por tan “espléndida exposición” fue Lorenzo Córdova, haciendo notar que la independencia judicial es el principio central de la vida democrática, en tiempos en los que hay quienes ven en la constitución algo prescindible en aras de sus intereses políticos, lo que traducido quiere decir que se convierte la Suprema Corte en ese muro que bloqueará, desde ahora, aquellas reformas que busquen cambiar la realidad del pueblo por medios pacíficos, ordenados, legales, legislativos; que permitirá que todos esos amparos con que amagan al Poder Legislativo contra el Plan B, podrán prosperar. Que pueden derrumbar el trabajo de los representantes populares a voluntad de un grupo de 11 “notables” que pueden servir a intereses económicos que a los del pueblo que les paga y, por supuesto, que se hace parte eficaz de dicha oposición.

Repito: nadie quiere o necesita que todos dentro del país tengan pensamiento único y uniforme; además de imposible, sería retrógrada, como volver a épocas feudales. La lucha entre formas de pensamiento siempre da como resultado una Revolución de conciencias hoy y se refrescan las intenciones, los planes de gobierno y las personas que participan en los puestos de poder, pero una cosa es pensar diferente, y otra es mentir para engañar al pueblo, causando innecesariamente diferencias que pueden llegar a provocar enfrentamientos sociales de consecuencias graves.

En la primera convocatoria de marcha en defensa al INE, la gente marchó engañada, porque supuestamente el Presidente quería quitarles físicamente las credenciales para votar con que las personas van a cobrar sus pensiones de adulto mayor o las becas del bienestar, o cobrar por ellas; ahora la convocan para defender los miles de puestos de trabajo que no se ponen en riesgo; y el dizque “destazamiento” del INE, por órdenes el secretario de gobernación, aunque ya aclaró que no será tal.

Aprovechando, ¿de qué se trata el Plan B?

  1. Artículo 12 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común y para ello, deberán celebrar un convenio de distribución de votos emitidos.
  2. Artículo 87, Ley General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, en materia de propaganda electoral: cada partido es responsable del ejercicio libre de sus prerrogativas y presentará por sí mismo la comprobación correspondiente, esto aplica a los procesos en los que los partidos políticos vayan en coalición.
  3. artículo 11, numerales 1 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, busca que ninguna persona pueda registrarse como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, ni pueda ser candidato para un cargo federal al mismo tiempo que contiende para otro de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales.
  • Que las candidaturas incluyan al menos 25 postulaciones para personas de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes.
  • Que el Congreso tenga la facultad exclusiva de emitir normas de regulación de candidaturas y que no se pueda contravenir con lineamientos de autoridad subordinada (el INE).
  • Que quienes se inscriban a un partido político, no lo esté en otro, corroborándolo mediante padrones de afiliación.
  • Que dichos padrones sean verificables por medios electrónicos pero que resguarden los datos de las personas inscritas en ellos.
  1. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral siga funcionando de manera permanente con una Sala Superior, en las cinco Salas Regionales y la Sala Regional Especializada.
  2. Conforme a la Ley General de Partidos Políticos, para que se pueda conformar uno, debe contar con 3 millones de afiliados en 20 estados, o 300mil en 200 distritos electorales.
  3. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que la promoción que realicen las autoridades electorales sea objetiva, imparcial y con fines informativos.
  4. Se prohíbe que los partidos y/o candidatos entreguen o prometan cualquier dádiva, promesa, artículo o utensilio; ni beneficios directos o indirectos, bienes o servicios a través del partido, aspirantes o cualquier miembro del equipo de campaña.
  • Que se precisen en qué consisten los actos anticipados de campaña y precampaña.
  • En materia de fiscalización, para que un partido sea sancionado por la omisión o retención de impuestos, debe recaer el decreto de la autoridad hacendaria.
  • Se amplía en plazo de presentación de registros contables de gastos de precampaña y campaña.
  1. De acuerdo a diversas modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los mexicanos en el exterior puedan votar mediante boleta en módulos dispuestos en embajadas y consulados o electrónicamente.
  2. Que el periodismo no sea sometido a la censura, medidas cautelares o limitación previa, por parte de la autoridad electoral u otras, y sus acciones periodísticas no podrán ser motivo de requerimiento fuera de la época electoral.

Así es como se quiere destazar al INE, según Ricardo “el profuguín” Anaya, y Lorenzo y Ciro y los que no tienen más argumento que la mentira.

No es menester mentir para ganar adeptos, pero ellos no conocen otro método. ¿los enseñamos a pensar y poner atención?

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