Ellos ponen los adictos y las armas; nosotros ponemos los muertos

En diciembre del 2019 el gobierno mexicano ni siquiera contaba con un mecanismo que le permitiera conocer la comisión de delitos en forma oportuna, a fin de poder tomar decisiones inmediatas para combatir la inseguridad en el país.

Tampoco disponía de los elementos necesarios para hacerlo, tomando en consideración que la Policía Federal, a quien correspondía proteger a la ciudadanía en contra del crimen organizado, sólo destinaba 10 mil efectivos para estos fines, en un territorio con 2 millones de kilómetros cuadrados que presentaba índices de violencia elevadísimos.

En este escenario, a lo largo de dos años, se tuvo que crear prácticamente desde cero una estrategia que permitiera dotar al Estado de instrumentos que le permitan combatir la inseguridad en forma eficaz.

Tomando en cuenta la situación desde la que se inició, los esfuerzos del actual gobierno en materia de combate a la inseguridad, han arrojado resultados positivos a lo largo de sus primeros dos años de gestión, que reportan una disminución general de 30% en la comisión de delitos en todo el país.

Uno de los factores que ha sido determinante en el hecho de que los niveles de inseguridad hubiesen alcanzado cifras tan altas, es el ingreso ilegal de armas al país, la mayoría de las cuales son captadas por las distintas bandas de crimen organizado que operan en todo el territorio nacional.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre los años de 2009 y 2019, han ingresado al país alrededor de 3 millones de armas ilegales por la frontera de los Estados Unidos. El 70% de ellas son de fabricación norteamericana; el resto fueron fabricadas en Alemania, Austria, Bélgica, Italia y Rumania, pero su paso hacia México se hizo a través de la frontera norte.

Esto es equivalente a que durante 10 años hayan entrado a México ilegalmente 822 armas de fuego todos los días, mismas que participaron activamente como una de las causas de más de 250 mil ejecuciones y alrededor de 70 mil desapariciones de personas en los sexenios de Calderón y Peña Nieto.

Aunque este gobierno se encuentra llevando a cabo las acciones necesarias para que la internación de armas ilegales provenientes de Estados Unidos a nuestro territorio se detenga, las autoridades norteamericanas y los más de 32 mil establecimientos con licencia para vender armas en los estados fronterizos norteamericanos, no parecen estar muy interesados en detener este tráfico, por lo que nos toca a nosotros evitarlo.

Esa es una de las razones por las que hoy las aduanas y los puertos fueron delegados bajo la dirección de las fuerzas armadas, quienes serán responsables de contener este flujo macabro, así como de combatir la entrada de estupefacientes y de las sustancias con las que se elaboran.

El negocio de las armas en los Estados Unidos es una industria fuera de control. Hay 600 millones de armas en manos de la población civil en ese país, a razón de casi dos armas de fuego por habitante, y mientras ganen dinero y no tengas restricciones legales contundentes, los negocios de armamento en los Estados de la frontera norteamericana seguirán buscando la forma de que las bandas del crimen organizado en México sean sus clientes, sin importar cuantos muertos ocasione su práctica comercial.

Por esta razón somos nosotros quienes tenemos que asegurarnos de romper la dinámica perversa que nos ha impuesto históricamente el asunto de las drogas en Estados Unidos, donde ellos ponen los adictos y las armas, y nosotros ponemos los muertos.

Como diría Abraham Lincoln: “No se puede escapar de la responsabilidad del mañana, evadiéndola hoy”.