El SAT reclama a Walmart México el pago de impuestos por más de 10 mil mdp

Ahora sí les llegó la 4T…
En México era común la evasión fiscal y la condonación de impuestos; con el pretexto de no ‘espantar’ a los inversionistas. Sin embargo lo que ocasionaba es que esos impuestos que no le cobraban a los grandes contribuyentes, eran absorbidos por la clase trabajadora.
Gracias a la nueva política recaudatoria del Gobierno de López Obrador; se está logrando recuperar una muy buena suma de dinero por parte de los evasores de los sexenios pasados.

De acuerdo con los medios de comunicación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha solicitado a la cadena de tiendas departamentales WalMart de México, el pago de impuestos por más de 10.5 mil millones de pesos, derivadas de presuntas diferencias en el pago de impuestos por la operación de compra de la división de restaurantes Vips por parte de Alsea, realizada en 2014. Este monto incorpora el pago de impuestos, actualización, recargos y multas.

La empresa norteamericana confirmó que el SAT emitió un oficio de liquidación en el que se reclama a Wal-Mart de México y Centroamérica el pago de impuestos por la cantidad de 10 mil 559 millones de pesos.

Por su parte, la cadena de tiendas departamental informó que “no están creando una provisión al respecto, ya que los despachos de abogados externos y la administración de WalMart consideran que cuentan con los elementos para sostener la validez de las operaciones realizadas”.

De acuerdo con La Jornada; en 2014, “Alsea concretó la compra de Vips a Walmart de México por 8 mil 200 millones de pesos. La transacción incluyó la adquisición de 362 restaurantes, de los cuales 262 correspondieron a la marca Vips, además de 90 de la marca El Portón y siete de Ragazzi, además de dos que operan bajo la rúbrica La Finca.”

Alsea, que también administra franquicias de cadenas internacionales como Starbucks, Domino’s Pizza y Burger King, dijo en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que evalúa sus alternativas legales para impugnar la resolución del SAT.

Con información de La Jornada