El PRIAN se hunde y las ratas saltan

Por Miguel Ángel Lizama
@Migueliz8

Llegó Emilio Lozoya a México y empezó la corredera de la clase política expulsada del poder. No sólo por sus desarreglos estomacales, sino para alejarse del país en caso de ser solicitados como testigos o acusados. Con este “¡Sálvese quien pueda!” se comprueba que, cuando hay firme intención de justicia, no hay país o remanso remoto que salve del llamado a cuentas. Por eso políticos y empresarios de México interesados en lo que pudiera salir sobre ellos (por estar posiblemente implicados en los lucrativos enjuagues que Lozoya armó desde la campaña presidencial de Peña Nieto y después como Director General de PEMEX), querían saber dónde estaba resguardado por la FGR y soltaron a la jauría de reporteros para ubicarlo y mandarle sus buenos deseos.

El Fiscal General, con colmillo retorcido por sus andares judiciales, lo puso a salvo. Previamente los más interesados en esconder su cola usaron filtraciones atribuidas a la defensa española del acusado (coordinada por el denostado juez Baltasar Garzón de la Audiencia Española), publicadas en una revista antes notable por su rigor periodístico que perdió a la muerte de su fundador (y su heredera borró al casarse con el cuñado del ex-presidente más sanguinario e infausto de este siglo), para convertirla en ariete de mentiras contra el gobierno del Presidente López Obrador..

Con sesgo evidentemente encubridor, la revista esparció la versión de que Lozoya había pactado con la Fiscalía General de la República concesiones a cambio de su testimonio y pruebas correspondientes (nada ilegal), que implicaban a ilustres personajes de la época neoliberal en 2 expedientes penales abiertos por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y la compra a sobreprecio de una planta agroquímica chatarrizada de PEMEX, mediante la complicidad del dueño de Altos Hornos de México, también detenido en España en espera de su extradición.

Hasta ahí pudieran parecer muy bien delimitados los alcances de responsabilidad penal, pero el problema es que en el botín y maquinaciones ilegales participaron muchos “notables” políticos, cuya intervención se comentaba como chisme, por esa sabiduría popular que se filtra inevitablemente sin poderse comprobar, por la secrecía en que se realizan los manejos turbios. Especialmente cuando el supuesto Instituto para la Transparencia ordena clasificar como “Seguridad Nacional” cualquier papel o indicio de culpabilidad.

Vanessa Rubio, notoria priísta que a la derrota de su jefe José Antonio Meade se refugió en el fuero del Senado, fue la primera en renunciar cuando era inminente el arribo de Emilio Lozoya a México. Fue extraño que de buenas a primeras, la dama dejara su jugosa dieta legislativa por dedicarse -según ella- a la academia (donde todos saben que los salarios frente a grupo son ridículos) y a la consultoría (cuando las más lucrativas, las gubernamentales, fueron suprimidas). IR DE LO MÁS A LO MENOS NO ES LÓGICO. Quedó clara la huida. Hasta ese momento, nadie la había mencionado, pero como el que nada debe, nada teme, Vanessa solita se exhibió.

Poco después, hubo filtraciones de la FGR, pues siguen enquistados rescoldos del régimen corrupto, que por una lanita alquilan a su propia madre. Se reveló que Lozoya tenía constancias contra prominentes PANistas, empezando por su reciente ex-candidato presidencial, RICARDO ANAYA, de quien se dice haber recibido casi 7 millones de pesos por aprobar las “Reformas Estructurales” de Peña Nieto. Claro que de inmediato saltaron en su defensa los corifeos, exigiendo ¡pruebas, pruebas!, recibos firmados y formalidades de entrega-recepción como corresponde a un acto legal, no a uno ILEGAL E INMORAL. Por ese tipo de exigencia absurda, en el juicio por el asesinato del agente de la DEA, Kike Camarena, un fiscal gringo le respondió con mucho tino a los defensores que exigían esas “formalidades”: “No es posible hallar un ángel entre demonios”.

Esa primera salpicada de lodo también bañó el actual gobernador de Querétaro, PANcho Domínguez Servién, quien en pleno Año de Hidalgo (“pendejo el que deje algo”) no sólo tiene que preocuparse en dejar un sucesor a modo, que le cubra la retirada contra Auditorías para explicar por qué no le alcanza el presupuesto destinado a necesidades queretanas y dilapida recursos en propaganda y viajes, sino que ahora tiene que justificar el dinero recibido -según Lozoya- como “prominente” del PAN para aprobar las reformas que desmantelaban a PEMEX para entregarlo a los buitres empresariales de adentro y de afuera. El Pacto Contra México se logró con sobornos y hoy comienzan a asomar la cola y las uñas.

Los presuntos implicados tratan por todos los medios de acercarse a Lozoya, mientras los fiscales de la FGR juntan foja tras foja de declaraciones, pruebas y peritajes, donde saben bien que deben ser muy meticulosos, sin posibles descuidos o grietas legales por donde los abogados (no de Lozoya sino de los “presuntos”) jalen gotitas que se conviertan en raudal de amparos para sepultar a secretarios y jueces penales, mientras les llegan al precio. Porque se debe reconocer que el Poder Judicial aún sigue lleno de Corrupción, pese a los esporádicos trapazos que le da su presidente, el ministro Zaldívar, para quitarle polvo. Los corruptos siguen muy enquistados, esperando que pase esta que consideran una olita de Honestidad pasajera, para volver a las andadas.

En los días por venir se acumularán los expedientes de la Fiscalía, en espera del momento oportuno para ser presentados al primer juez que decida si se le juzga o se le deja libre (por su Presunción de Inocencia), a la par de las continuas y muy publicitadas declaraciones de “YO NO FUI”, “NO SÉ NADA”, “NO LO CONOZCO”, de los que ya quieren abandonar el barco que inevitablemente se hunde.
EL QUE LA HACE, DEBE PAGARLA.