¿El INE de verdad, es un garante de la democracia?

Al Doctor Hugo López Gatell, valiente guerrero
en la lucha contra la pandemia del COVID 19,
quien vela por la salud del pueblo de México en este difícil tiempo

Por: @mbalda16

Para empezar, ¿la democracia necesita “garantes”? No debiera ser así. Etimológicamente, “demos” = pueblo; “cratos” = poder, debiera ser simple y llanamente “el poder del pueblo”, así, sin mayores adjetivos o connotaciones.
El problema aquí, en la realidad política mexicana, a través de la difícil historia de lucha del pueblo de México por sus libertades, es que quienes han detentado en mayor o menor medida las posiciones de poder político que les permiten tomar las decisiones que van a afectar a toda la colectividad políticamente organizada, no lo han hecho teniendo en la mente la preocupación de solucionar ingentes problemáticas de la población en general, sino en sólo beneficiarse de detentar el poder político, para quienes lo han ocupado por sí mismos y para los grupos compactos de intereses que los llevaron a tan encumbradas posiciones de privilegio.

Para comprender la importancia de la democracia, sus actores y sus “garantes”, primero debemos reflexionar sobre algo: ¿Democracia para qué y para quiénes? La democracia es una forma de vida, en que quienes detentan el poder político hayan sido electos por la mayoría del pueblo.

Eso, hasta un niño preescolar lo entiende. Pero, entonces ¿por qué se pelean tanto los políticos por el “poder”? ¿Qué tiene de especial esa palabra? Hay múltiples definiciones, tratados de Ciencia y Teoría Políticas que se encargan magistralmente de abordar estas importantes reflexiones.

Me gustaría, sin embargo, apuntar la definición brindada por el politólogo estadunidense Robert Dahl: “El poder consiste en que A logre que B haga lo que A quiere, que de otra manera B no habría hecho”, es decir, una relación en que un grupo, dentro de un colectivo políticamente organizado, señala las directrices y toma las decisiones que habrán de afectar e influir a todos los miembros de ese colectivo políticamente organizado, independientemente si se está o no de acuerdo con el grupo que ha diseñado e instrumentado la decisión correspondiente.
Cuando el Presidente López Obrador ha señalado, desde siempre, en todas sus campañas políticas, así como en la importante obra escrita que ha realizado, que una minoría rapaz fue la que tomó las decisiones que beneficiaron sólo al selecto grupo de las élites corruptas políticas y económicas que controlaban el poder político dentro del aparato estatal en la época neoliberal, se refería, básicamente, a la aplicación en la que se tergiversó el ejercicio del poder público pues se tomaron decisiones que afectaron a la mayoría del pueblo, pero que sólo beneficiaron a las élites de esa minoría rapaz.

Pues, una capacidad de imponer una serie de decisiones de tal calado siempre resulta una tentación muy difícil de rehuir, sobre todo por parte de los políticos voraces que sólo buscan beneficiarse del poder y no utilizar esa enorme capacidad en beneficiar y resolver las problemáticas más lacerantes del pueblo mexicano.

Eso es lo que se encuentra en juego cada elección, en la que los representantes de esa minoría rapaz luchan por conquistar ese poder tan grande para su propio beneficio, como hoy lo podemos observar en la inescrupulosa y ambiciosa oposición de derechas, la cual no sólo es representada por los partidos políticos del viejo régimen, derrotados contundentemente en 2018, sino que la misma es conformada por importantes grupos empresariales, de medios de comunicación (en su gran mayoría, los concesionarios de los medios de comunicación tradicionales), sedicentes “intelectuales” orgánicos de la reacción, entre otros.

Nuestra historia política ha sido muy ardua y difícil, y el origen de un sistema electoral tan abstruso, tan complejo, tan costoso y tan considerablemente reglamentado, como es el que tenemos hoy día. En México, no ha habido democracia en muchos periodos, han sido más los mismos en que el poder político lo han detentado grupos compactos de intereses, caudillos e individuos que lo último que les preocupara fuera el pueblo.

Y para mantener los privilegios de los que ilegítimamente se arrogaban, hicieron de las elecciones una pátina, una fachada democrática, como se dice en mi pueblo “para tapar el ojo al macho”, para dar una cara de apariencia democrática al mundo. Fue por estas razones que el PRI se mantuvo en el poder político por 71 años en el siglo XX (claro, a través de las mutaciones en su aparato y nomenclatura, siendo el PNR-PRM-PRI), fue por esta circunstancia que se veía normal por parte de los “mapaches” del régimen la práctica de conductas que hoy están prohibidas y/o son consideradas delitos electorales, desde la afiliación corporativa (actualmente prohibida en la Constitución) hasta conductas que si no fuera por su carácter delictivo, serían parte de la picaresca política que señoreó los 70 años de régimen ininterrumpido del priato: “urnas embarazadas”, “casillas zapato”, “ratón loco” y la “operación tamal”, entre otros.

Por supuesto, tanto tiempo de fraudes electorales, redundaron en que la población mexicana -con sobrada razón- fuera más que escéptica en cuanto a las elecciones como modo de ejercer la democracia y de influir en la elección de quienes ejercen el poder político.

Es por lo que con la serie de luchas que se dieron, como una demanda central para tener un mínimo de piso parejo en las elecciones, fue que el árbitro electoral fuera ajeno a la esfera del poder ejecutivo, factótum del poder político en esos años. Es ahí cuando nace la idea de contar con un Instituto Autónomo que se encargara de organizar las elecciones, y judicializar el proceso de calificación de estas, dejando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuviera la última palabra. La falla en todo este diseño fue que, al designar a los consejeros electorales, se utilizó una práctica viciada de cuotas partidarias para su designación, con lo que, en los hechos, los consejeros cuidaban los intereses de quienes los habían llevado a esas posiciones de privilegio.

Lo vimos en el grosero y burdo fraude de 2006, en el cual se impuso a un presidente espurio, cuyas iniciales son FECAL. En 2018 (ya habiendo transmutado de IFE a INE) no hubo fraude, no por la voluntad democrática de los actuales consejeros, que como se ha visto recientemente, obedecen –la mayoría de ellos- a los intereses del viejo régimen, sino que en esta ocasión, en contraste con la abúlica participación de las y los mexicanos en elecciones anteriores (en gran medida por la desconfianza en los procesos electorales que la mayoría de la gente ha tenido históricamente) en 2018 hubo un voto masivo y copioso en favor del cambio de régimen, es por eso que ni con todo el dinero del mundo ni todas las chapuzas, pudieron hacer fraude electoral en esta ocasión. Pero el peligro de regresiones hacia el pasado sigue latente.

En el INE, más que garante de la democracia (como debiera ser), la mayoría de los actuales consejeros obedecen a los intereses de los grupos que los llevaron a sus lugares de privilegio. Morena y sus aliados tienen el deber de honrar el mandato dado por el pueblo en las urnas. Los perfiles claramente panistas y priístas en las quintetas presentadas no deben trascender a formar parte del nuevo Consejo General del INE. En las manos de los diputados de la IV Transformación está en que, ahora sí, el INE se convierta en un verdadero garante de los procesos democráticos y no un vulgar adlátere de los grupos de interés político y económico, desplazados del poder en 2018 por voluntad popular.

Ojalá que la mayoría pro IV Transformación en San Lázaro sepa honrar ese mandato dado en las urnas por el pueblo de México.

Miguel Francisco Barrera Aldama.
Abogado, profesor y escritor.