El dinero que reciben los partidos para talleres de género se reparte entre ‘amigos’

Desde 2019 a la fecha, los partidos políticos han gastado más de 160 millones de pesos en talleres sobre liderazgo de las mujeres, empoderamiento para las mujeres y del futuro feminista de México.

Cada año, el Instituto Nacional Electoral (INE), del dinero que les entrega para su financiamiento, le clasifica millones de pesos en una partida llamada “Monto para el Liderazgo político de las mujeres”.

Y de acuerdo con los gastos que reportan, los pagan en cursos, talleres y estudios que han significado un negocio para los mismos partidos, ya que los contratos se han celebrado con organismos del mismo partido, organizaciones civiles de los militantes y hasta con empresas que han formado parte de redes de lavado de dinero.

De acuerdo con los reportes depositados en la Plataforma Nacional de Transparencia, siete partidos gastaron 168 millones 719 mil 715 pesos durante los últimos cuatro años para educarse en materia de género.

Ese monto duplica lo que, por ejemplo, cada año se destina la Fiscalía General de la República en investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos para cumplir con el apartado gubernamental de igualdad entre hombres y mujeres estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación; para 2023 se le asignaron a esa tarea 75 millones 861 mil pesos.

Es además casi la misma cantidad que recibe el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (183 millones 441 mil pesos); tres veces más de lo que se destina a Atención a Víctimas (47 millones 950 mil pesos); cuatro veces más de lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social da a la procuración de justicia en materia de género (40 millones de pesos) y es 16 veces más de lo que la Secretaría de Gobernación otorga para promover la protección de los Derechos Humanos y prevenir la discriminación (10 millones de pesos).

En estos años el gasto de los partidos en materia de género fue para campañas, pero principalmente para estudios y talleres.

El Partido Acción Nacional (PAN) pagó, por ejemplo, miles de pesos por dos conferencias sobre violencia política en razón de género en procesos electorales el 15 de diciembre de 2021 por un costo de 901 mil 900 pesos.

Ese mismo año se aprobaron pagos para trabajos de investigación en economías y políticas de género; una investigación sobre los estados en los que hay más violencia contra las mujeres con un costo de 620 mil pesos cada una.

También hay registro de talleres como Mujeres Líderes de Acción que tuvo un costo de 120 mil pesos y sobre los retos de las mujeres, que costó 628 mil 720 pesos.

Y solicitaron investigaciones para entender el movimiento feminista, que costaron, en 2020, 620 mil 600 pesos y otro más para conocer las creencias de las jefas de familia por 620 mil pesos.

De 2019 a la fecha, el PAN gastó 19 millones 814 mil 029 pesos en 55 contratos.

El dinero se entregó, por ejemplo, a la Fundación Rafael Preciado Hernández que es un brazo del propio Acción Nacional que tiene como misión formar y capacitar panistas.

Aparecen en la lista de proveedores de estos servicios, tres empresas que están relacionadas con una red de compañías fantasma que funcionó para lavar dinero y evadir impuestos durante la administración de Enrique Peña Nieto.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el PAN, tanto la dirigencia nacional como algunos de sus gobiernos estatales entregaron a empresas como Proyectos Administrativos Alto Muro S.A. De C.V., Servicios Terdan S.A. De C.V. y Tv&B Global Consulting S.A. de C.V. hasta más de 81 contratos.

Sólo de los relacionados con capacitación en materia de género, Alto Muro recibió 12 entre 2019 y 2020 por 6 millones 889 mil 920 pesos por investigaciones sobre mujeres en la toma de decisiones; el bullying que padecen las mujeres adolescentes; oportunidades de ahorro para las mujeres o un taller de “Mujeres líderes de Acción”.

También hay empresas que recibieron contratos pero de las que se desconoce información y únicamente es posible acceder a los contratos que el Partido ha hecho públicos y que están dadas de alta ante el Instituto Nacional Electoral. Estas son Servicios Hecoju, S.C., Network Group Candel S.A. De C.V. y Fyp Advice and Training S.A. de C.V.

Algunos de esos eventos fueron acompañados por los servicios de Fyp Advice and Training que brindó apoyo en la producción de éstos.

El Partido del Trabajo (PT) es otro que recurrió a esos cursos. Se tiene registro de 33 entre 2021 y 2022 con el mismo título: “Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer”.

De esas capacitaciones, el total fue de 16 millones 998 mil pesos que fueron entregados por adjudicación directa a un solo contratista: “Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos, S.A. de C.V.”, de la que no se localiza mayor información que la del nombre del representante legal que firma los contratos con el PT, que es el Contador Público Aurelio Moreno Vázquez.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) optó por pagar un curso de 18 millones 536 mil a sus militantes impartido por el Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política, mismo organismo al que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pagó por otros cursos 58 millones 441 mil 787 pesos en 2020 y 2021.

Sobre este partido, lo que reportó seis pagos relacionados con la igualdad de género: “Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, conforme al Programa Anual de Trabajo 2022”; “Asesoría y fiscalización respecto del ejercicio del gasto ordinario, actividades específicas, capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres”; “Investigación “Categorías de violencia política contra las mujeres” y “Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres”.

Tuvieron un costo de 99 millones 373 mil 084 pesos. De nueva cuenta, las empresas están relacionadas con amigos de Moreno Cárdenas. Es el caso de Integra Estrategias Globales, S.C., que recibió dos de los contratos por capacitación por un monto de 25 millones de pesos cada uno.

Uno de socios es Miguel Ángel Sulub, quien fue Secretario de Desarrollo Social de Campeche durante la administración de Moreno Cárdenas; el contrato se firmó en 2021. También destaca Servicios Administrativos Fugith S. de R.L. de C.V., el contrato que recibió fue por más de 30 millones de pesos y al respecto, El Sol de Campeche encontró que esta empresa fue constituida el 9 de enero del 2020, unos meses después de que Alejandro Moreno tomara la dirigencia nacional del PRI.

En el caso de Movimiento Ciudadano, son 33 contratos por 9 millones 443 mil 732 pesos por servicios como “Seminario de Formación: Feminismos en Movimiento”; “Foro de mujeres, desarrollo político e igualdad”; “Impartición de taller “La feminización política”; “Seminario virtual – La fuerza de las mujeres” y el “Foro El Futuro Será Feminista” con costos de entre 986 mil pesos y 162 mil pesos.

Entre las organizaciones beneficiarias de los contratos están Mujer ideas desarrollo e investigación, S.C. de donde es colaboradora Martha Tagle, militante activa de dicho partido con pagos por 58 mil pesos y 192 mil pesos.

También destaca Humanity Asesores Dirección, S.C. SinEmbargo publicó en marzo de 2022 que MC benefició con dinero público a dicha empresa, ya que, en un sólo día, obtuvo 14 contratos por asignación directa por más de 8 millones de pesos.

“Todos los contratos para esta empresa, que se creó apenas en 2020, fueron para realizar trabajos denominados “estudio documental” sobre temas políticos y por cada uno se pagaron 550 mil pesos, para un total de 7 millones 700 mil de pesos […]Los 14 trabajos debieron haberse entregado en tres meses, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021, por lo que sus dos únicos propietarios obtuvieron ganancias de casi tres millones de pesos por cada mes”, detalla el texto del periodista Álvaro Delgado.

Por otro lado es imposible evaluar los gastos de Morena ya que continúa sin publicar sus contratos de bienes y servicios en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Fuente: Contralínea