EL DILEMA ENTRE JUSTICIA Y LEGALIDAD

El día de ayer, la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, voto a favor de la extinción de trece de los catorce fideicomisos que maneja en este momento el Poder Judicial. Se trata de “guardaditos” o ahorros sobre presupuestos asignados a las distintas dependencias de ese Poder, para realizar sus actividades cotidianas y cumplir con sus fines específicos, año con año.

De no existir esos fideicomisos, ese dinero debería regresar a la Secretaría de Hacienda, al final de cada ejercicio fiscal, por la vía de presupuesto no ejercido. Pero esto operó de manera distinta durante los últimos gobiernos neoliberales, que permitieron que las cantidades no ejercidas en la estructura del gobierno federal, se pudieran conservar en banco, utilizando mecanismos diversos, como el del fideicomiso.

¿Para qué sirven estos guardaditos?

En el Poder Judicial, en Presidencia y en organismos autónomos como el INE, su finalidad era crear recursos para otorgar privilegios a los mandos superiores. En la Presidencia, este despilfarro de recursos terminó. La austeridad repúblicana se convirtió en realidad, con la llegada a Palacio Nacional de López Obrador. De 3,600 millones de pesos que gastaba anualmente el Poder Ejecutivo, se redujo el gasto anual a 600 millones únicamente.

Pero no sucede lo mismo en las demás áreas de la burocracia. Los privilegios continúan, a costa del dinero del pueblo. Se pagan millonarios seguros de retiro, pensiones adicionales a la que tiene derecho todo servidor público, comidas, vehículos, remodelación de casa habitación, licores, gastos médicos particulares, viajes, seguridad especial y un gran etcétera que sale de los recursos públicos no ejercidos en su momento.

Pudiera pensarse que la austeridad en el funcionamiento de estas instituciones, es un hecho real. Si se economiza. Pero que el fin que se persigue, es distinto al que se busca con la auteridad republicana. Se ahorra, pero con el fin de que el recurso público termine en los fideicomisos y de ahí se destine, ya sin etiqueta, al lujo y privilegios de la “burocracia dorada”.

No hay duda de que la intención de los diputados en el Poder Legislativo, es terminar con este manejo ventajoso de los recursos públicos. El Legislativo es contrapeso de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como estos dos lo son del Legislativo. En eso consiste la división de poderes. Cada uno de los Poderes de la Unión, es contrapeso de los otros dos.

Los lujos y privilegios son comunes dentro del grupo de funcionarios formados en el conservadurismo. Ahí no cabe el “político pobre”. Ni tampoco el vivir en la “justa medianía” Esos funcionarios son parte del servicio de “calidad” de la oligarquía poseedora de grandes capitales en el país. Son una especie de mayordomos, amas de llaves, o guardaespaldas en la residencia del poderoso. Sienten por lo mismo que el lujo del patrón, debe alcanzarlos de refilón, dado que son los domésticos en esa residencia.

Y ese problema está a la vista de todos en este momento, con la determinación del Poder Legislativo, de eliminar esos trece fideicomisos millonarios, que maneja el Poder Judicial, para beneficio de lo que ellos llaman grotescamente, “servidores públicos superiores”.

¿Qué va a pasar si el Senado en el Congreso de la Unión ratifica esta medida?

La oposición ha declarado que presentará de inmediato una acción de inconstitucionalidad, para frenar la desaparición de los fideicomisos.
¿Ante quién presentaría esta acción?

Ante el Poder Judicial.

Es decir, el conservadurismo, por medio de su brazo político (los partidos de la derecha), presentaría ese recurso, ante el brazo jurídico del mismo conservadurismo (la Suprema Corte de Justicia).

El Poder Judicial sería juez y parte en esta aventura descabellada que intentan impulsar los grupos reaccionarios.
El presidente López Obrador ha hablado en el pasado de la marcada diferencia que existe en México, entre los conceptos de Legalidad y Justicia.

Lo legal en nuestro país, no siempre es justo y menos dentro del poder judicial, donde la justicia se vende y otorga a quienes pueden pagar por ella. Un acto de injusticia se puede legalizar, si se cuenta con los recursos económicos suficientes. Y eso lo puede atestiguar gran parte de la población del país.

¿Qué es lo legal?

La interpretación de la Leyes, en la forma más recta y justa posible. Desafortunadamente en México, la ley se aplica en muchos de los casos, en la forma más torcida e injusta posible.

¿Que es la Justicia?

El actuar con ética, buen juicio, imparcialidad y rectitud en todos los casos, dando justicia real al interpretar las leyes rectamente.

¿Es justo y legal que el Poder Judicial sea juez y parte en el caso de la desdaparición de sus fideicomisos?

Puede ser legal, si se tuerce la Ley al máxico. Pero si algo se lastimaría severamente al hacerlo, sería precisamente la calidad de la justicia que opera en nuestro país, ya de por sí bastante maltratada.

El Poder Judicial debe excusarse en este asunto. No puede sepultar el prestigio de la Suprema Corte, dando entrada a una acción de inconstitucionalidad, donde ese Poder es la parte afectada que defiende sus fideicomisos.

No puede ir en contra de lo aprobado por otro Poder de la Unión. No puede, ni debe, lastimar la división de poderes.

Y no puede aferrarse a los lujos y privilegios que no tienen cabida en un México que cambió mucho a partir del 2018 y que no acepta que la pirámide de la burocracia en el país, viva a cuerpo de rey, mientras existen millones de mexicanos que aún viven en la precaridad.

Que la voz del Pueblo diga NO, a este intento de unos cuantos, para mantener un nivel de vida ofensivo. en un país que está despertando a la democracia participativa real.
Esos trece fideicomisos, deben desaparecer, si así lo aprueba el Congreso de la Unión.

Malthus Gamba