El día que Zedillo cerró la Suprema Corte

El 1º de enero de 1995, a un mes de haber entrado, Ernesto Zedillo cerró durante un mes la Suprema Corte y mediante la figura de jubilación voluntaria corrió a los 26 ministros que la integraban. Promulgó reformas a 20 artículos de la Constitución y a los 52 días de haber llegado ya habían cambiado todos los integrantes de ese organismo.

Zedillo había sido electo presidente el 21 de agosto, postulado por el PRI después del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio en marzo de ese año. Ese partido tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. La oposición de izquierda representada por el PRD y el PT era poco determinante; en las votaciones sobre la reforma al Poder Judicial, el PAN fue de la mano con el PRI. El periodista Froylán López Narváez acuñó entonces el vocablo PRIAN.

En el Senado la votación del PRIAN fue unánime, debido a que los tres diputados del PRD, –opositores férreos a la reforma, se salieron de la sesión sin votar: Guillermo del Río, Heberto Castillo y Félix Salgado Macedonio.

Entonces no se escucharon las expresiones corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o algo por el estilo. El argumento formal fue: “es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia”. La realidad es que Zedillo no quería una Corte integrada por ministros nombrados por De la Madrid y Salinas.

La reforma al Poder Judicial incluyó la reducción de 26 a 11 el número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo su presidente. Creación del Consejo de la Judicatura, incorporación de nuevos recursos como la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, jubilación inmediata de los 26 ministros y el establecimiento de un límite de 15 años para ocupar el cargo que antes era vitalicio.

En esos días, entre el desastre económico que se vivía con el “error de diciembre”, la devaluación salvaje del peso y la incertidumbre de si un crédito de los Estados Unidos salvaría a México de caer en incumplimiento de pago por más de 60 mil millones de dólares, la prensa chayotera y sus lacayos opinadores dieron poca importancia a la remoción de los ministros.

Nadie habló de golpe de estado, de autoritarismo, de dictadura; los diputados y los senadores actuaron en complicidad para que Zedillo operara como reyezuelo bananero. Sin protestar votaron para desaparecer a los titulares de otro poder, a cambio de prebendas y privilegios. Los ciudadanos ni nos enteramos.

Hoy los corruptos ministros de la Suprema Corte, los magistrados y los jueces se atreven a hacer de las suyas porque saben muy bien que la 4ª Transformación ha llevado a cabo un cambio fundamental, logrando que las cosas ya no sean como eran antes, cuando nos gobernaron los delincuentes neoliberales, cómplices de todos ellos.

Para los medios, sus titeretes y los opinadores a sueldo, hoy es un escándalo que se les baje el sueldo a los ladrones del INE, sin que se les toque un pelo, pero entonces no dijeron nada, se callaron, obedeciendo para ganar algunos pesos y evitar la represión.

Aunque para la mayoría de los mexicanos una medida así hoy no solamente sería deseable, sino que estaría más que justificada por la corrupción y podredumbre que impera en esa corte y en todo el poder judicial, ese escenario es impensable. La transformación implica que se respete la ley, que no se doble cooptando a diputados y senadores con sobornos, prebendas y privilegios, lo cual hace imposible una votación unánime para cambiar la Constitución. Tendremos que esperar hasta que se pueda negociar una mayoría calificada en el Congreso, para correr a todos estos rateros corruptos.

Como dijo el escritor ecuatoriano Juan Montalvo: “Pueblo en donde la libertad es efecto de las leyes y las leyes son sagradas, por fuerza es un pueblo libre”.