Delincuentes que perdonan a delincuentes

Ahora, cuando por primera vez en la historia moderna se ha emprendido una lucha contra la corrupción y la impunidad desde el Poder Ejecutivo, que contrasta con la conducta de gobiernos anteriores, se ha hecho evidente una alarmante tendencia de los jueces que integran el Poder Judicial a emitir fallos aberrantes que van desde lo cuestionable hasta lo escandaloso. Para muestra algunos casos.

En febrero la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles fue exonerada de los cargos de ejercicio indebido del servicio público y un juez prohibió procesarla penalmente por el desvío de 5 mil millones de pesos cometido cuando encabezó la Sedesol.

El mismo mes, a la esposa del narcotraficante y ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, Cristina Pereyra Gálvez, le fue devuelto el control sobre sus cuentas bancarias y el mismo beneficio alcanzó al ex director de Seguridad de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino, quien fue brazo derecho de García Luna.

Otro juez anuló una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El primer día de abril, el juzgado de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, decretó el cese de la prisión domiciliaria impuesta a Gilda Margarita Austin y Solís, madre y presunta cómplice del ex director de Pemex Emilio Lozoya.

También en abril, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaron a un juez federal que ha otorgado amparos sistemáticamente a los dueños de un inmueble que viola las normas de protección civil y uso de suelo.

Ya en mayo, un juez federal declaró sin fundamento la orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio y presunta colaboradora del funcionario peñista en operaciones de lavado de dinero; el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en Jalisco ordenó la inmediata y absoluta libertad de Héctor El Güero Palma, cofundador del cártel de Sinaloa. El narcotraficante continúa preso gracias a que la Fiscalía General de la República ejecutó otra orden de aprehensión, pero quedó asentado el precedente de excarcelar a un criminal notorio y conocido.

El amparo otorgado a Von Roehrich es la última de una cadena de decisiones aberrantes de integrantes del Poder Judicial, que seguramente continuarán sucediendo mientras no se logre una reforma constitucional que cambie su estructura y su composición.

Estas son sólo una pequeña muestra de las sentencias dictadas a favor de funcionarios corruptos y personas de negocios que lucran al margen de la ley. A esta conducta de los jueces debe sumarse la degradación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una abrumadora mayoría de sus integrantes que se han constituido en el brazo judicial de la oposición política de la mano de la delincuencia organizada común y de cuello blanco.

En resumen, el estado de derecho se encuentra amenazado por la conducta un Poder Judicial que obstruye la justicia y renuncia a su papel de garante de la ley, al actuar sin tapujos en función de sus preferencias partidistas en beneficio directo de delincuentes de toda índole.Y esto sin duda hay que cambiarlo.

Como dijo el escritor latino Pluvio Siro: “La absolución del culpable es la condena del juez”.