Esta semana el gobierno federal continuó enfocando sus esfuerzos en la revisión y transformación de mecanismos que en otros sexenios fueron diseñados para favorecer el saqueo y la evasión de obligaciones fiscales.
Recientemente las autoridades se dieron a la tarea de cobrar los impuestos atrasados que adeudan muchas de las grandes empresas nacionales y extranjeras que operan en el país y a quienes por decisiones de gobiernos anteriores se les condonaban o se les devolvían impuestos. A la fecha han recuperado alrededor de 200 mil millones de pesos por estos conceptos.
Por otro lado las mismas autoridades fiscales han realizado investigaciones y presentado denuncias contra empresas dedicadas a emitir facturas falsas y están dando la oportunidad para que aquellas personas que compraron esas facturas para evadir impuestos, hasta hoy detectados más de 8 mil compradores, paguen las cantidades que evadieron sin necesidad de pasar por un proceso judicial.
Una vez atendido lo anterior, ahora el gobierno diseñó un mecanismo para regular la práctica conocida como outsourcing, que consiste en que muchas empresas grandes, que requieren de personal para realizar sus actividades, en vez de contratar a los trabajadores directamente, subcontraten despachos que a su vez se encarguen de contratar a esos trabajadores y de administrarles las nóminas.
Esto no tendría nada de irregular si los despachos subcontratados otorgaran a los trabajadores las prestaciones que les corresponden, la antigüedad y los demás derechos laborales a los que deberían ser acreedores, pero en la práctica se ha abusado de este esquema, como se abusó de todo lo demás en el período neoliberal.
De tal suerte que estos despachos de outsourcing en la mayoría de los casos contratan a los trabajadores que luego asignan a trabajar en las empresas de sus clientes, registrándolos en el Seguro Social con salarios menores a los que reciben, despidiéndolos en noviembre para no pagarles aguinaldo, recontratándolos en enero como eventuales para evitar que generen antigüedad, e impidiendo que tengan acceso a la mayoría de sus derechos laborales.
Así es que el gobierno federal, decidió poner reglas claras para que éstas empresas no puedan evitar que sus trabajadores tengan acceso a las prestaciones y derechos que les corresponden, y al mismo tiempo, evitar que a través de este mecanismo, las empresas estén sistemáticamente evadiendo impuestos.
El anuncio del gobierno sobre la iniciativa que va a poner orden en este sentido, cayó muy mal a los representantes de los organismos empresariales, quienes se manifestaron sorprendidos y hasta preocupados. En realidad no se podría entender por qué se preocupan, cuando siempre han externado que ellos están dispuestos a respetar los derechos de los trabajadores, aunque no lo hayan estado haciendo.
Lo más hilarante de las protestas que se dieron a conocer sobre este asunto, fue la estridente declaración de Gustavo De Hoyos, que antes era presidente de COPARMEX con un desempeño bastante lamentable, y que hoy es un Don Nadie buscando que el cartel consolidado por el PRIAN, Movimiento Ciudadano y los desechos del PRD alrededor de Claudio X González, lo nombre candidato para algún puesto.
Este sujeto acusó al gobierno federal de traición a los empresarios que explotan a sus trabajadores, cuando la única traición que puede percibirse en todo este asunto, es la que ellos han venido perpetrando durante décadas sobre la gente que les presta sus servicios, y que se rompe el lomo para que ellos puedan hacerse más ricos.
Como dijo Evita Perón, declarada como Jefa Espiritual de la nación argentina en 1952: “Con las cenizas de los traidores, construiremos la patria de los humildes”.
