En la historia de México los gobernadores de los Estados siempre se comportaron como virreyes. Su puesto y sus canonjías eran decididos por el reyecito de opereta que ocupaba el poder ejecutivo del país, quien a su vez era designado por el anterior con el beneplácito de los oligarcas.
Así ellos, los virreyes estatales, podían tomar cualquier tipo de decisión aberrante sobre el erario y las riquezas del Estado en el que gobernaban; podían incluso disponer a capricho de las vidas de sus habitantes sin intervención de nadie, siempre y cuando no afectaran los intereses personales de quienes ocupaban la presidencia, de sus allegados o de sus cómplices de la iniciativa privada.
Cuando alguno se salía de control, llegaba el representante de la Secretaría de Gobernación enviado por el monarca en turno, para ubicarlo, llamarle la atención, pedirle discreción en sus excesos y jalarle las orejas.
Eso cambió a partir de 2018, cuando el nuevo titular del poder ejecutivo fue electo por primera vez en muchas décadas, por la voluntad de los ciudadanos y no de los cortesanos de siempre. El nuevo presidente decidió cambiar la forma de actuar en relación con los representantes de esos poderes ejecutivos en todo el país.
Hoy la Secretaría de Gobernación se encarga básicamente de derechos humanos y no anda de mensajero para que los gobernadores se plieguen a los designios del poder federal; sin embargo, los virreyes que sólo conocían el sistema anterior de control, no están acostumbrados a acotar su desempeño a las leyes, que nunca tuvieron que respetar. Era suficiente con no molestar al presidente en turno, para que pudieran ignorar el marco legal.
En la 4ª transformación hay un presidente que se dedica a hacer el trabajo que le toca hacer al gobierno federal y que sin intentar controlar a los ex virreyes, espera que ellos solos acoten su desempeño al marco legal. Por desgracia la mayoría de ellos parecen no estar entendiendo el nuevo escenario.
En lugar de comportarse como gobernadores de un Estado, se sintieron dictadores pulqueros. No tienen que dar cuentas a un presidente omnipotente y creen que tampoco tienen que acotarse al marco jurídico vigente. Muchos de ellos están completamente fuera de control.
Así vemos a un gobernador de Tamaulipas, que tuvo que ser desaforado por el poder legislativo a petición de una Fiscalía autónoma, que presento las pruebas necesarias para que todos infirieran los actos delincuenciales en los que incurrió siempre.
También vemos otros que utilizan su aparente poder absoluto en sus entidades, para secuestrar el suministro de agua, para endeudar impunemente a sus gobiernos con el apoyo de sus propios cortesanos locales en los congresos estatales, a otros que parecen estar coludidos con la delincuencia organizada que actúa casi libremente, cometiendo fechorías y homicidios, a otros más que siguen robando o cometiendo delitos electorales, y a otros que se encuentran amenazando ciudadanos y hasta legisladores federales, como si no existieran leyes ni instituciones capaces de hacer que se cumplan, confiados en la impunidad que creen poder conseguir de parte del todavía ultra-corrupto poder judicial, que los mantiene caminando al filo de la navaja sobre la que no tardan en caer.
Entre los ciudadanos ya corren apuestas en las redes sociales, sobre quién de ellos será el siguiente al que las autoridades no vayan a poder mencionar, sino con la primera letra de su apellido, por razones de sigilo procesal. Seguramente pronto lo sabremos. No coman ansias.
Como diría la guionista estadounidense Kristen Wiig: “En los misterios hay partes que parecen no encajar, pero al final lo hacen y todo cobra sentido.”
