Hace varias décadas no se había dado en México una reforma verdadera en las leyes que regulan el trabajo; sin embargo, en estos 2 últimos años 4 meses, hemos visto avances históricos que están transformando sustancialmente el entorno laboral en nuestro país.
Primero vimos la modificación a la regulación relacionada con una mayor libertad y democracia para los trabajadores en la elección de sus representantes sindicales, al tiempo que se aumentó el nivel de transparencia y de rendición de cuentas de los sindicatos.
Después, en 3 ocasiones pudimos observar el incremento muy relevante del salario mínimo; un aumento al principio de cada año, que comenzó con subir un 16% en 2019 en relación con el nivel que tenía en 2018, un 20% en 2020 con respecto al nivel que había alcanzado durante el año anterior y uno más del 15% en 2021, conseguido a partir del nuevo nivel que logró en 2020.
Eso no fue todo en relación con los incrementos del salario mínimo, que dicho sea de paso, en términos de dólares era el más bajo de todo américa, incluyendo los salarios que en 2018 ganaban los trabajadores de todos los países centroamericanos. En 2019, mientras el salario mínimo general aumentaba en 16% en todo el país, en las zonas fronterizas del norte se incrementó en un 100% y los incrementos que se hicieron en 2020 y 2021, de 20 y 15% respectivamente en esas zonas fronterizas, se aplicaron a partir del nuevo nivel que había alcanzado el salario con su aumento del doble durante 2019.
Otro aspecto que resulta sorprendente es el avance que se alcanzó en materia de pensiones y que va a permitir que los trabajadores que se retiran, lo puedan hacer con mejores niveles de ingresos. Si bien en este rubro se requiere que los niveles de ingreso, para los jubilados continúen aumentando para que puedan ir al retiro laboral con el mismo ingreso que tienen trabajando en su último puesto, después de esta reforma ya no van a hacerlo con los ingresos miserables que recibían y que eran equivalente a más o menos el 30% de lo que estaban ganando antes de jubilarse.
Además de las anteriores, se llevó a cabo también la reforma a la regulación del INFONAVIT, que aumentará en 18 por ciento la colocación de créditos, lo que representa más de 90 mil financiamientos, principalmente para la autoproducción y compra de tierra.
Por si todo lo anterior fuera poco, acabamos de ser testigos de la regulación sobre las actividades de outsourcing. Una práctica que durante el período neoliberal en México se volvió criminal en la forma de pisotear los derechos de los trabajadores, que parecía casi imposible de cancelar debido a las resistencias desde el sector empresarial, muchos de cuyos miembros respetables estaban muy a gusto evadiendo impuestos y explotando descaradamente a los que trabajaban prácticamente sin derechos laborales en sus empresas, subcontratados por compañías de paja para hacerlos ricos.
Increíblemente esta última reforma se logró mediante el diálogo entre trabajadores, patrones y gobierno que llegaron a un consenso, y que termina con una simulación característica del sistema neoliberal, en el que la fuerza de trabajo se considera un insumo que con estos esquemas era reemplazable casi sin costo alguno para los patrones y que mantenía a los empleados viviendo con el cuello listo para que los decapitaran con la espada de Damocles impunemente, mientras por otro lado se robaban los impuestos y el reparto de utilidades que por ley debían pagarle a sus trabajadores.
Es cierto que falta avanzar en otras cosas del entorno laboral y en profundizar aún más lo que se ha logrado, pero hoy el escenario en este aspecto es completamente distinto al que era a finales de 2018. Por fin la justicia se va haciendo presente para los trabajadores en México.
Como dijo el escritor francés Victor Hugo: “Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo”.
