Caso Lozoya: La prueba de fuego para el Poder Judicial

Tres temas de importancia nacional, ponen de manifiesto el papel fundamental que juega la sociedad mexicana, en este momento de transformación y cambio de régimen.

El primero tiene que ver con la detención y extradición de Emilio Lozoya a México.
Los mexicanos sabemos que existe una legislación nacional demasiado laxa, que en lugar de brindar garantías y protección a las víctimas, se enfoca en muchos de los casos, en la defensa de los derechos humanos de los presuntos delincuentes. Y no es que la intención sea mala. Lo que sucede es que esta defensa tan poco definida y clara, permite a los abogados de los posibles infractores de la Ley, encontrar argucias legales, con las cuales se consiguen privilegios especiales para los acusados que poseen los recursos económicos suficientes.

En el caso de Lozoya, se le permite, como ha ocurrido en casos similares, atender una serie de enfermedades que para el delincuente común, serían consideradas irrelevantes, en un hospital particular. Anemia, debilidad generalizada y un problema en el esófago de cuya gravedad nada se sabe, son las causas que le permiten instalarse desde hoy, en un centro de atención médica privado.

Este asunto entre defensa de los derechos humanos, en contra del derecho de justicia para las víctimas, o los agraviados, debe resolverse en el corto plazo.

Hemos visto salir de prisión a personajes ligados a la delincuencia organizada, simplemente por fallas menores en el proceso de consignación.

Es tan vaga la Ley en este tipo de situaciones, que permite se burle a la justicia, invocando unos derechos del presunto delincuente, que se ponen por encima de la aplicación de la Ley y la reparación del daño.

Si Lozoya no tuviera dinero en abundancia, en este momento se encontraría en el reclusorio, recibiendo la misma atención médica que el resto de los confinados.

Pero como ocupa para su defensa a los mejores abogados disponibles, puede acceder a una serie de beneficios que consiguen esos litigantes, apelando a interpretaciones “legaloides” sobre el derecho a ver por su estado de salud.

Urge una reforma dentro del Poder Judicial, que limite este tipo de recursos a favor del presunto delincuente. Urge que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vea lo relativo a la garantía de los derechos de todos los mexicanos, pero sin dar margen a que los delincuentes salgan con facilidad de prisión, alegando violaciones a sus derechos. Lo mismo deben hacer las fiscalías estatales.
Estos vicios nacieron durante el periodo neoliberal y es conveniente que se corrijan a la brevedad.

El segundo tema tiene que ver con lo conveniente o no que resulte juzgar a los expresidentes del país, por delitos cometidos durante sus administraciones.

Para muchos mexicanos, es indispensable que estos personajes enfrenten la Ley a la brevedad posible y paguen con cárcel los delitos por los cuales pudieran ser acusados.

Para el presidente López Obrador, esto no sería conveniente para el país, ya que implicaría destinar a estos asuntos, tiempo y recursos que hacen falta para la atención de situaciones sociales de mayor relevancia.

El presidente nos dice que lo que importa, es conocer la verdad sobre lo sucedido durante el periodo neoliberal. Exhibir públicamente a los gobernantes corruptos, para que en el futuro, no se permita que gente así llegue a los cargos públicos.

El “punto final” que propone, marca una antes y un después, a partir del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación. Mirar al futuro con optimismo es lo importante. Que lo malo quede en el pasado, sin que los mexicanos quedemos entrampados en procesos que pueden o no dar los resultados legales esperados.

Volvemos aquí al punto anterior. El sistema de justicia presenta muchas lagunas, que significan otros tantos recursos a los expresidentes para evadir a la justicia.

En primer término, está lo que establece nuestra Carta Magna, en el sentido de que a un presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria. Las acciones que pudieran imputárseles, se registraron durante el tiempo en que disfrutaron del cargo presidencial y ahí la Suprema Corte decidiría si procede o no juzgarlos hoy, por hechos del pasado, sin considerar que entonces eran titulares del poder ejecutivo. Algo muy difícil de interpretar.

El tercer tema de importancia nacional, tiene que ver con la designación de los nuevos consejeros del INE.

Después del proceso de selección de candidatos finales y de haber pasado las ternas al Congreso para la aprobación de nuevos consejeros al INE, se escuchan voces como la de John Ackerman, señalando que hubo prácticas indebidas para integrar dichas ternas.

Se dieron casos de presiones políticas. Hay candidatos que están impedidos por conflicto de interés para ser funcionarios en el INE. El más relevante es el de la sobrina de Ciro Murayama, quien salió seleccionada, no obstante este parentesco.

Todo indica que el INE, si el Congreso se lo permite, se saldrá con la suya y tendrá nuevos integrantes “a modo”.

La reestructuración del INE es una urgencia para los mexicanos. El garante de la democracia en el país, ha demostrado en la práctica, ser un “delincuente de cuello blanco”, avalando fraudes y permitiendo todo tipo de conductas delictivas.

Ante estos tres problemas difíciles, ¿quién puede hacer algo para resolver las situaciones expuestas?
La respuesta es clara. Solo la sociedad que apoya el proceso de transformación en el país, puede poner fin a estas irregularidades.
Recordemos que el Poder Judicial, La Comisión de Derechos Humanos, el INE, Las Fiscalías Estatales y el Congreso de la Unión, son órganos autónomos. No dependen del presidente de la república.

Hay que presionar como sociedad para que se den los cambios constitucionales, de procedimiento y legales que permitan corregir los vicios que heredamos del neoliberalismo.

No más trato especial para presuntos delincuentes, que cuentan con recursos económicos ilimitados. No más delincuentes en las calles porque la consignación del caso que los mantenía detenidos, presentaba inconsistencias.

Y lo más importante. No más fraudes electorales.
Si los integrantes del INE piensan que al contar con consejeros a modo, pueden perpetrar un nuevo fraude en el proceso electoral del 2021, hay que demostrarles nuevamente, que el voto masivo impide la llegada de los corruptos al poder.

Pueden incluso otorgar el registro como partido a la organización de Felipe Calderón. Si pocos o nadie vota por esa fuerza política nacida de la corrupción, en su primer intento en 2021 pierde el registro definitivamente.

El voto masivo a favor del cambio en el siguiente proceso electoral, mata cualquier intento de fraude.

Los ciudadanos en el país debemos entender que el papel principal en tiempos de la Cuarta Transformación, corresponde al pueblo.
López Obrador es quien establece las normas del cambio, pero corresponde a todos nosotros ponerlas en práctica. No podemos ser pasivos y esperar que la democracia nos caiga del cielo.

Recordemos que “el pueblo pone y el pueblo quita” y esto aplica en cuanto a funcionarios, leyes, reglamentos y procedimientos.
Participemos activamente para que “lo viejo termine de morir” y “lo nuevo acabe de nacer”.
Así se teje la historia en cualquier tiempo y en cualquier país. El pueblo es el personaje principal en la epopeya que escribimos a diario.

Malthus Gamba