Caso Cienfuegos; el fin de la impunidad

La detención de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la defensa de México durante el mandato de Peña Nieto, marca un hito sin precedente. En el pasado, el mayor escándalo provocado por un alto mando involucrado con el narcotráfico que también fue detenido, lo habíamos visto en 1997, cuando el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien entonces era considerado el zar antidrogas de México, fue detenido y condenado a 40 años de prisión, por sus nexos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos”.

En relación con este asunto, el Presidente de la República dio a conocer que la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas, se lo había comunicado 15 días antes de que el arresto de este sujeto se llevara a cabo en el aeropuerto de Los Ángeles por instrucciones de la DEA, a partir de una acusación ante la Corte del Distrito Este de Nueva York fechada el 14 de agosto del 2019.

Está muy claro que en esos 15 días que transcurrieron entre la fecha en que la embajadora Bárcenas informó sobre el asunto al Presidente y la fecha en que se llevó a cabo la detención, el gobierno mexicano no realizó ninguna gestión o negociación para proteger a este individuo. Tampoco realizó alguna acción para prevenirlo o cobijarlo de este lado de la frontera.

Por otro lado, también resulta extraño que ningún servicio de espionaje privado, sobre cuya existencia se ha especulado tanto, y que supuestamente se dedican a vigilar los movimientos de funcionarios del gobierno actual o a intervenir las comunicaciones, haya filtrado algún dato que pudiera predecir este hecho o prevenir a Cienfuegos, alias el “Padrino”.

La acción de la DEA tomó a la opinión pública por sorpresa, aunque algunos funcionarios sí estaban enterados de ella y no dijeron nada. Prueba de esto es que el agregado militar de la embajada de México en España, el general Roberto Miranda, amigo personal de Peña Nieto, quien podría haber sido nombrado como secretario de la defensa durante su mandato en lugar de Cienfuegos, señalado en las declaraciones de Vicente Zambada Niebla en el juicio del Chapo en Nueva York, abandonó su oficina y se esfumó con rumbo desconocido una semana antes de que apresaran al “Padrino”.

Salvo por algunas excepciones, la sorpresa provocada por este acontecimiento fue de grandes dimensiones para la clase política que saqueó el país durante los sexenios pasados. Hubo quienes no pudieron siquiera contenerse en sus comentarios publicados a través de las redes sociales, como el priista Eruviel Ávila y el prianista Javier Lozano, quienes lamentaron con mucho sentimiento que los estadounidenses hubiesen atrapado a un narcotraficante, que ocupó el cargo de más alto rango en el ejército mexicano, mientras ellos participaban en el reparto del botín generado por la delincuencia gubernamental.

A partir de este evento se pueden sacar algunas conclusiones relevantes, entre las que hay que señalar que el gobierno actual no va a proteger delincuentes; que los supuestos servicios privados de espionaje orientados a recabar información relevante para proteger a los delincuentes del pasado, o no existen o son completamente incompetentes; que la hermandad de los militares que protegían su impunidad colectiva, respetando un pacto para cuidarse las espaldas unos a otros, ya no existe; y por último, que si esto le sucedió al exsecretario de la defensa del gobierno anterior, nadie, ni los mismos expresidentes están a salvo de ser encarcelados por sus actos delincuenciales y que sólo es cuestión de que las pruebas de ellos se encuentren plenamente acreditadas para que caigan en prisión.

En este espacio hemos señalado en varias ocasiones, que a todos estos corruptos disfuncionales se les acabó la fiesta. Hoy estamos viendo como la justicia, comienza a presentarles las facturas que van a tener que pagar con años de cárcel, para liquidar sus deudas con la sociedad.

Como dijo el filósofo francés Louis de Bonald: “Los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza, como por el afán de riqueza”.