Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y del Consejo de la Judicatura Federal
A la Opinión Pública
Es conocido que respecto de la Ley de la Industria Eléctrica, particulares que se sintieron afectados promovieron demanda de amparo de la cual conoce el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, que también se solicitó la suspensión provisional, así como, la definitiva en cuanto a los efectos de dicho ordenamiento. Así mismo, que su titular, Juez Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la medida cautelar no sólo a los promoventes, pues hizo extensivo sus efectos a todas aquellas personas que se sintieran afectadas y sin exigir además ningún requisito de efectividad, derivado de que, a su parecer, no se actualizaba alguno de los supuestos de los artículos 132 y 135 de la Ley de Amparo; y que, para esta fecha, ya determinó conceder la suspensión definitiva.
Una vez enterada, parte de la sociedad se volcó manifestando su desconcierto e inconformidad con esa determinación. La cual tiene además como antecedente el conocimiento, no se si sea exacto, de que dicho juzgador también ha intervenido en asuntos que han representado un interés social relevante, tales como: la protección a Juan Collado y sus cuentas; y que, también, según noticias, ha resuelto en favor de los intereses particulares sobre los de una sociedad que se siente cada vez más ofendida por muchas injusticias que quedan impunes, con el aval de quien debiera ser el garante no sólo de la legalidad sino de la justicia.
Al Ejecutivo Federal, Gabinete y demás personal que integra la Administración Pública se le vigila y cuestiona por diversos medios y lo mismo ocurre respecto del Poder Legislativo, sin que haya mayor reparo, pues es la esencia de un sistema democrático, del cual no se encuentra excluido el Poder Judicial, ya que incluso existen denuncias de particulares y de servidores públicos, de las que ha dado cuenta la prensa, respecto de diversos abusos y, por supuesto, de las sanciones respectivas a que se han hecho acreedores, en su caso, los distintos infractores. Siendo así, no debería extrañar que un ciudadano levante la voz y señale irregularidades que, en su caso, deben de ser verificadas, y no puede restárseles valor de entrada, por más que éstas provengan del Presidente de la República.
Usted se ha pronunciado gallardamente, reconociendo la autonomía con la que se conducen los juzgadores, y la honestidad de muchos que integran ese poder judicial federal, así como, su política de cero tolerancia a los abusos, confirma su interés por la transformación del poder que usted encabeza. Siendo así, no se justifica que el Juez Juan Pablo Gómez Fierro, saliera a pedir resguardo de un ente externo, como si la sola manifestación de quien advierte una irregularidad, coartara su decisión, o peor aún, lo pusiera en peligro. Mas aún, que el Presidente de la Republica se ha mostrado respetuoso, aunque ciertamente también defendiendo con vehemencia el interés general.
Por tanto, esa conducta del juez, creo yo, se acerca objetivamente a una causa de la que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de la imparcialidad para resolver y que, por lo mismo, si tuviera un poco de ética debiera excusarse para seguir conociendo o bien, si ello no es su fuerte, debería ser recusado para poder resolver.
El Juez Juan Pablo Gómez Fierro parece tener un interés personal en dicho caso y una manifiesta animadversión en contra del Presidente de la República, motivo por el cual es más que justificada su exclusión.
Ministro Presidente, con todo respeto la sociedad exige justicia, pide a los juzgadores contemplar el bien común como la máxima jurídica, juzgar con perspectiva del mayor bien nacional.
Atentamente
Silvia Rina Saldaña Martínez
