Calderón entregó cárceles a privados, existe una deuda de 20 años y violación de Derechos Humanos a presos

El Gobierno del expresidente Felipe Calderón se caracterizó por las acontecimientos polémicos que marcaron su gobierno tales como la conocida “Guerra contra el narco”, el incendio de la Guardería ABC, los saldos de muertos y ahora la privatización de cárceles en las que se violan los derechos humanos de los internos.

Durante su administración, Calderón Hinojosa prometió que se reducirían los costos tanto económicos como sociales de las cárceles del país; y además se contribuiría a que la reinserción en la sociedad fuera más fuerte, pero, al igual ocurrió lo mismo que la refinería que no construyó y los crímenes que no resolvió. Por lo que ahora existen 11 mil 533 personas afectadas..

La privatización de cárceles federales tuvo sus inicios en México en 2010. Recordemos que en aquel entonces el país llevaba cuatro años sumido en una guerra contra el narcotráfico que provocó que la tasa de homicidios dolosos aumentara en un 55.8% real desde 2006; y en medio de la violencia vivida, el Sistema Penitenciario no se daba abasto.

En ese mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló como impropio el desempeño de las cárceles federales por el alto nivel de aglomeración de presos que se tenía  y que no garantizaba los derechos humanos ni la reinserción social.

En ese sentido el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa debía ocuparse de la tendencia al alza de la población penitenciaria, y tenía toda la obligación de hacerlo, pues en el periodo de su sexenio 2006-2012, la presos aumentaron 4.4% real y el mismo el panista reconoció que el país atravesaba por finanzas precarias.

“Para potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario federal y asumir en instalaciones federales la custodia de la totalidad de la población del fuero federal, se construirán 12 centros penitenciarios con una capacidad para 32 mil 500 internos. Estos centros serán financiados y construidos mediante alianzas público-privadas bajo el esquema de contrato de prestación de servicios, y se distribuirán en 12 polígonos: Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Puebla y Zona Metropolitana”, expuso Calderón Hinojosa.

En octubre del año 2012, Felipe Calderón Hinojosa y su exsecretario de Seguridad, actualmente preso en EU por narcotráfico, Genaro García Luna, inauguraron el Cefereso 11 ubicado en Sonora, el cual fue construido en asociación con empresas privadas

El Gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón, dio su palabra de darle casi 10 mil millones de pesos anuales por 20 años a varias empresas, esto no solo comprometió la mayor parte de su presupuesto devengado en prevención y readaptación social, sino que instauró un esquema que priorizó satisfacer las necesidades de las empresas antes que las de los internos, ya que los presos pasaron a ser “un medio para que la empresa privada obtuviera beneficios económicos” a pesar de que se violaran los derechos humanos, de acuerdo con el informe dado por  la Privatización del Sistema Penitenciario en México de las asociaciones civiles Documenta y México Evalúa.

Cabe destacar que tanto a activistas como miembros de la CNDH, les preocupa esta situación, pues la calidad de vida de los presos en las diferentes cárceles es precario debido a que únicamente se les ve como la inversión entregada por el presidente Felipe Calderón, en lugar ciudadanos en proceso de readaptación social.

En el año 2010, el proceso de privatización de cárceles federales recayó en el Secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó un presupuesto neto de 199 mil 476 millones 600 mil pesos a pagar en un plazo de 20 años a seis empresas que fueron Arendal, GIA, Homex, ICA, Prodemex y Tradeco. A estas se sumaría en 2013 Grupo Ideal de Carlos Slim Helú, tras la quiebra de Homex.

Dos años después, en octubre de 2012, Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna inauguraron el Cefereso 12 ubicado en Guanajuato.

La cantidad de recursos que el gobierno federal se comprometió a liquidar al sector privado por el concepto de cárceles que tuvieron una inversión en un inicio que ascendió a cuatro a cinco mil millones de pesos.

“El Estado mexicano ha mantenido el discurso de falta de recursos para alentar la participación de grandes empresas que no necesariamente tienen experiencia en cuestiones penitenciarias, pero que han obtenido beneficios importantes de contratos de obra pública, incentivando a los más altos niveles de gobierno su participación en la construcción y servicios de centros penitenciarios, como lo realizó el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante la presidencia de Felipe Calderón”, declararon Documenta y México Evalúa.

En 2013, el Cefereso de Oaxaca fue construido por GIA y costó 5 mil millones de pesos. Cabe señalar que inició operaciones en mayo de 2013, luego de dos años de construcción. 

“Por otro lado, hay aspectos que constitucionalmente son la base de la reinserción social como la educación, la cultura y el trabajo que desafortunadamente en estos esquemas [APP] son inexistentes y aparecen en los últimos lugares de las prioridades para las poblaciones internas”, señala la directora de Documenta AC, María Sirvent Bravo Ahuja.

Debido a todo lo anterior, el lunes pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió al esquema de privatización de cárceles que comenzó Felipe Calderón Hinojosa y expuso que “si se renta un hotel de gran turismo durante todo un año, cuesta menos que lo que tiene que pagar el Gobierno por mantener un reclusorio que fue privatizado”.
El presidente López Obrador adelantó que pronto se dará a conocer toda la información sobre los contratos de los reclusorios privados; aseguró que el año pasado se pagaron cerca de 15,000 millones de pesos de renta, de 8 o 10 reclusorios.

Esta no fue la única vez que López Obrador se refirió a las cárceles, pues en la mañanera del 29 de diciembre, AMLO refirió que su Administración comenzará a revisar los contratos leoninos que se dieron en cárceles privadas “porque es fraude”.

Por su parte, María Sirvent, señaló que a pesar del compromiso del Presidente López Obrador de retirar la privatización del Sistema Penitenciario y de revisar contratos, el Estado mexicano puede acordar y “comprometer a las empresas a tener otro tipo de modelo de gestión” para garantizar los derechos humanos de los presos  y tener buenos programas de reinserción social. El gobierno de AMLO tiene una gran tarea delante.

Con información de MSN