El caso que conocemos como Ayotzinapa tiene una relevancia histórica profunda para México, por varias razones que todavía hoy no se aprecian claramente en toda su dimensión.
El evento en el que todas las fuerzas coercitivas del Estado se pusieron bajo el mando del crimen organizado, para recuperar la droga de un cartel del narcotráfico, que era transportada en uno de los autobuses tomados por los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, siguiendo las instrucciones del líder de ese grupo delictivo, ejecutando y desapareciendo a los normalistas, fue el hecho histórico que terminó de detonar un despertar de consciencia colectiva en la sociedad mexicana, llevándola a respaldar la transformación del país por medio de una revolución electoral.
Estos hechos impensables continuaron con la destrucción de pruebas, para suplantarlas por falsedades construidas a partir de confesiones arrancadas mediante tortura a 77 personas, la simulación de escenarios así como de acontecimientos, el ocultamiento de documentos, de videos, el asesinato de testigos, pero también de cómplices, junto a muchos actos aberrantes perpetrados por las autoridades del más alto nivel del gobierno, para encubrir los hechos y hacer imposible su esclarecimiento. Así nació la llamada “verdad histórica”, fabricada para sepultar la verdad fundamental.
En pocas palabras todos estos hechos fueron la gota que derramó el vaso, así la mayoría de la sociedad decidió lleva a cabo un cambio de régimen, que entre otras cosas, permitiera conocer la verdad sobre Ayotzinapa y castigar a los responsables.
En los más de 3 años transcurridos desde el inicio de la transformación del país, la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa integrada por el gobierno actual, encabezada por Alejandro Encinas, realizó un trabajo exhaustivo de investigación y búsqueda de la verdad, teniendo que superar la destrucción de las evidencias, el pacto de silencio que hicieron los criminales y los funcionarios, la desaparición o ejecución de testigos, así como todos los obstáculos prácticamente insalvables que dejo la actuación del crimen organizado desde el gobierno federal.
Finalmente, además de presentar un informe cuantitativo sobre todas las acciones desplegadas para esclarecer el caso, la Comisión definió las conclusiones principales, entre las que mencionó que no existe posibilidad de que los normalistas sean encontrados con vida; que sus restos fueron dispersados en ubicaciones múltiples donde se seguirán buscando para su identificación; que en el crimen participaron miembros del ejército, la policía federal, la ministerial, la estatal de Guerrero y la local de 4 municipios.
Que el ejército tenía un soldado infiltrado entre los normalista que también murió en esta masacre sin que los mandos intentaran rescatarlo; que en el encubrimiento, fabricación de pruebas falsas, destrucción de evidencias y obstrucción de la justicia, participaron los funcionarios del más alto nivel de los 3 órdenes de gobierno, por lo que se determina que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
A raíz de éstas conclusiones hay una lista de 33 funcionarios que deberán ser llamados ante la justicia para que respondan por estos delitos, además de otros involucrados. El primer detenido después del informe fue el ex procurador de la República Murillo Karam y la Fiscalía giró otras 83 órdenes de aprehensión para detener a 20 miembros del ejército y otros civiles. La investigación sigue abierta.
En pocas palabras, el Estado mexicano actuó en forma coordinada bajo las órdenes de un narcotraficante, para asesinar y desaparecer a 43 ciudadanos, a fin de recuperar la droga de un cártel del crimen organizado, para luego ocultar la verdad. Esta afrenta aberrante a la sociedad mexicana por fin está siendo esclarecida y castigada. Entre otras muchas cosas, para eso votamos en 2018.
Como dijo el genio del Renacimiento, Leonardo Da Vinci: “El que no castiga el mal, incita a que se cometa”.
