Avanza el caso contra Calderón en la Corte Penal Internacional de La Haya
Erick Gutierrez,
28 noviembre, 2022
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El caso que analiza la Corte Penal Internacional sobre México se encuentra en la Sala de Cuestiones Preliminares, misma que resolverá si se abre la investigación en contra del expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Expertos y denunciantes de las múltiples atrocidades cometidas en el calderonato consideran que en breve se determinará sí a lugar a la indagatoria, pues el tribunal de La Haya cuenta con pruebas suficientes para acreditar que en ese sexenio se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma. En su momento, el presidente López Obrador deberá solicitar al Senado reconocer la competencia de la CPI, para que el político panista sea juzgado por haber declarado la supuesta “guerra” contra el narcotráfico a sabiendas de que esa política pública costaría vidas humanas, además de desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos
En los próximos meses, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) dictaminará si abre una investigación sobre el caso México, que apuntará sobre todo a la responsabilidad penal del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (diciembre de 2006-noviembre de 2012) en presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El tribunal –asentado en La Haya, Países Bajos– cuenta con pruebas suficientes para determinar que en ese gobierno se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma, derivados de la declaratoria de la “guerra” contra el narcotráfico que estableció el político panista, a sabiendas de que ésta causaría graves violaciones a derechos humanos, incluida la pérdida de vidas entre la población civil.
Expertos y denunciantes del calderonato ante la CPI consideran que en breve se determinará sí ha lugar a la situación sobre México, como se denomina a las indagatorias previas a los juicios penales en la Corte Penal Internacional.
Recuerdan que la Fiscalía de la CPI ha recibido decenas de informaciones –con evidencias que apuntan a los posibles responsables– sobre las atrocidades que ocurrieron por la política pública que ordenó el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el entonces presidente Calderón Hinojosa.
En el periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron delitos de forma masiva como el de desaparición forzada, pero también otros conexos que implican –si se ve de forma panorámica– que el Estado funcionó como un sistema criminal para violar derechos humanos, señala el doctor en derecho Mario Santiago Juárez. Agrega que en el calderonato no hubo una política anticrimen, sino una política realmente criminal.
El profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala e integrante de I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos advierte que durante el sexenio de Calderón está clarísimo el uso de las instituciones –como el Ejército, la Marina y la Policía Federal– para desaparecer personas, algo que el académico documentó en Veracruz como parte del trabajo de la asociación civil donde colabora, y cuyos resultados fueron informados a la CPI para la integración del expediente sobre el caso México.
Mario Santiago Juárez observa que lo mismo ocurrió con otros crímenes internacionales, como las detenciones arbitrarias, para las que “muchas veces utilizaron instalaciones militares y donde se torturaba a las personas que iban a ser investigadas, y a través de esa tortura se arrancaba información que de forma obviamente ilegal, inconstitucional y violando derechos humanos se utilizaba después para los procesos [judiciales]”.
El experto en defensa de los derechos humanos indica que “esos delitos gravísimos fueron cometidos por el Estado, pero esto no será una verdad jurídica hasta que no exista una investigación seria por parte de la Fiscalía. Esperemos entonces que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional asuma su competencia e inicie una investigación seria sobre esto”.
También explica que el estándar probatorio que exige la CPI a los denunciantes es mucho más alto que el que se exige en otros organismos de derechos humanos –como podría ser la Corte Interamericana–, porque a nivel penal sí se necesita saber no sólo que ocurrieron los delitos sino de quién es la responsabilidad individual.
Agrega que según el propio Estatuto de Roma –que es el ordenamiento que regula el funcionamiento de la CPI– “con lo que nosotros hicimos es suficiente para iniciar una investigación, entonces es algo muy serio. […] El trabajo de los abogados y abogadas que estamos detrás de esta comunicación ante la Fiscalía es técnico, no político. No es un trabajo que esté politizado o que esté jugando un rol que no es el nuestro, sino simplemente, repito, es técnico y por eso es que ese documento está muy bien fundamentado”, señala en referencia a la investigación Hasta encontrarlos: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad. Elaborada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el colectivo de familiares Solecito de Veracruz, el documento le fue entregado a la CPI con diversas pruebas.
Con información de Contralínea
