HISTORIA DE UN JUEZ CORRUPTO

Son intocables e infalibles. Los ministros de la Suprema Corte gozan de un poder superior a cualquier otro, dentro de la administración pública. Atan y desatan a su antojo y pueden incluso convertirse en una herramienta útil para la planeación y ejecución de un Golpe de Estado.

En tiempos en que se habla tanto de democracia y donde los medios de manipulación dicen defender ese derecho ciudadano, llama la atención el hecho de que esta enorme capacidad para decidir a nombre de la sociedad en su conjunto, se mantenga en peores condiciones a las que se vivían en los tiempos posteriores al Segundo Imperio.

El presidente López Obrador ha narrado en sus conferencias mañaneras, el hecho de que estos ministros eran designados directamente por el pueblo, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Había democracia real en ese entonces, puesto que era la misma sociedad quien elegía directamente a sus juzgadores. Lo mismo sucedía con los magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial. La sociedad los elegía directamente.

Hoy vemos como los magistrados del Tribunal Electoral, aplican una sanción injusta al presidente López Obrador y no hay autoridad superior que pueda remediar la pifia cometida por este grupo de incompetentes. Porque ellos mismos han aceptado que las palabras que sirvieron como prueba para dictar una medida de censura en contra del presidente López Obrador, jamás fueron usadas por el primer mandatario. Se trató de una alteración de evidencia, ejecutada por la Comisión de Quejas y Denuncias en el Instituto Nacional Electoral, por gente que opera con total descaro, en favor de los intereses conservadores. Específicamente, por la consejera presidenta de la comisión, Claudia Zavala. Xóchitl Gálvez, quien presentó la queja ante el INE por el supuesto agravio de “violencia política de género”, admite días después que esa falta jamás existió y que lo que ella ve incorrecto, es que la fuerza del presidente, haga frente a la fuerza menor de una senadora. Por eso su inconformidad y su interpretación muy personal de lo que constituye un acto de violencia política de género.

Si ya vimos que ministros y magistrados actúan en base a un indiscutible poder que los asemeja (pobremente) a arcángeles y ángeles custodios de la “verdad absoluta”, los jueces dentro del Poder Judicial, solo están un escalón por debajo de ellos.

Sabiendo que existe un Consejo de la Judicatura Federal, omiso, ciego y sordo que jamás resolverá quejas presentadas en contra de jueces y magistrados, estos juzgadores menores, se atreven a dar fallos en asuntos particulares y oficiales, que van en contra de principios elementales de justicia. Buena parte de los jueces mexicanos están a la venta. Y eso lo sabe cualquiera que haya tenido la desgracia de caer en manos de estos mercenarios, por cualquier tipo de falta. Ante un juez así, no importa si la razón te asiste, o no.

Lo importante es la cantidad en efectivo que puedas pagar por un fallo que te favorezca. La inocencia o culpabilidad, en base a la justicia, es lo de menos. Inocente es el que más paga y culpable, quien poco o nada tiene.

Y muy poco se puede hacer al respecto, ya que la cadena de corrupción, como hemos señalado, nace en el juzgado, escala al tribunal y se reafirma en la Suprema Corte.

Por eso urge una Reforma Integral, dentro de este perverso Poder Judicial. Reforma a la que se opone la corrupción que controla interna y externamente, a la institución responsable de garantizar la justicia social.

En este momento esa reforma resulta imposible, porque en el Congreso de la Unión, la fuerza conservadora se opone al cambio y por otra parte, Morena y aliados no reúnen los votos suficientes para constituirse en mayoría calificada.

¿Qué hacer entonces?

¿Cómo responder ante una situación que vulnera a la justicia en nuestro país?

Denunciando. Y si la denuncia es pública, mejor.

Hoy en la Conferencia Mañanera, el presidente López Obrador hizo pública la respuesta que envía al juez administrativo Martín Alonso Santos Pérez, quien dio un plazo de 48 horas al presidente, para contestar a la sanción que impone el juzgador, en el sentido de que López Obrador no puede mencionar a Xóchitl Gálvez y a sus empresas, en adelante. Este fallo vincula con la misma sanción a la Secretaría de Hacienda, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Sistema de Administración Tributaria y a la Comisión Bancaria y de Valores. Censura para todos, bajo pena de sanciones administrativas y en su caso, penales.

López Obrador contesta con una carta en la que señala a Santos Pérez, como un “juez de consigna” que trabaja en favor de la delincuencia y le manifiesta que tiene en su haber fallos tan lamentables, como el haber otorgado un amparo al “Chapo” Guzmán, a fin de que no fuera extraditado. Otorgar amparo a un integrante del Cártel Inmobiliario, para que no pudieran ser congeladas sus cuentas bancarias. Fallar en contra del sistema de vacunación contra el Covid.

Fallar contra la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad, mientras se consolidaba la Guardia Nacional. Oponerse abiertamente a toda política pública instrumentada por el gobierno federal.

Y le hace una observación final. Copia de esa carta-respuesta, será turnada al Consejo de la Judicatura Federal, acompañada del negro historial referido, para que se realice el estudio e investigación correspondientes y se finquen las responsabilidades a lugar, en caso de encontrar que la conducta del juez, va en contra de la debida procuración de justicia y de la interpretación correcta de las leyes que rigen la vida social en el país.
El antecedente que deja el presidente López Obrador, al actuar públicamente en contra de la corrupción imperante al interior del Poder Judicial, es histórica.

Los conservadores, que tienen tomado ese Poder, y que hablan permanentemente de los contrapesos que constitucionalmente limitan el poder presidencial, deberán entender que la presidencia es también contrapeso para ministros, magistrados y jueces.

Que esos contrapesos son de ida y vuelta y que lo que hace hoy el presidente, es poner un alto a conductas arbitrarias que intentan vulnerar el Estado de Derecho, otorgando un poder ilimitado a corruptos, aliados de otros corruptos, que pagan generosamente por la manipulación de la Justicia en el país.

Hay que mandar a “Palenque” a todo corrupto con toga, que se sienta todopoderoso.
Y hoy da inicio esta batalla.

Malthus Gamba