Robos de identidad, reto para la legislación mexicana
El robo de identidad es un delito que en los últimos años ha crecido de forma exponencial, afectando no sólo a los usuarios sino también la reputación de las empresas. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el número de reclamaciones por posible robo de identidad creció durante la pandemia un promedio de 11%.
Aunque este delito se registra en todo el país de forma generalizada, aún no se encuentra tipificado a escala federal. De acuerdo con el Senado de la República, actualmente más del 50% de las entidades del país cuentan con un marco jurídico local donde se tiene tipificado este delito; sin embargo, las sanciones varían, tanto en las penas de privación de la libertad como en las multas económicas.
“En este asunto, valdría la pena una homologación de criterios en la legislación del país que permita atender de forma integral el problema, porque el robo de identidad es un detonante para otros delitos como el fraude o las empresas fantasma”, indica Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en validación de identidad de empresas y usuarios.
Tan solo durante el 2022, la misma CONDUSEF alertó que se registraron más de 16 mil robos de identidad, lo cual pone en desventaja a las empresas, ya que se estima que solamente el 23% cuenta con un plan de respuesta para inhibir este tipo de ataques.
Primero pasos
Actualmente, en el país en materia de ciberseguridad se encuentran más de una decena de iniciativas en espera de ser aprobadas por el Congreso de la Unión; entre ellas una que contempla incorporar al Código Penal Federal el concepto de delito de robo de identidad.
“Como primer paso, un gran reto a corto y mediano plazo es que las autoridades definan y regulen en el ciberespacio el concepto de identidad digital, para luego legislar y sancionar conductas relacionadas con el robo, la vulneración o la suplantación de la identidad en el mundo digital”, precisa Robledo.
Además de las iniciativas, para inhibir la usurpación de identidad, es viable la creación de una dependencia especializada que conozca a detalle el tema a fin de atender de forma más puntual, con personal capacitado, delitos como el robo y secuestro de datos o suplantación de identidad.
“Será fundamental en estas organizaciones la capacitación constante del personal a fin de que cuenten con habilidades necesarias para eficientar la persecución de delitos e inhibir técnicas sofisticadas como el phishing, alusiva al envío de correos fraudulentos; pharming, que está relacionado con el uso de virus digitales; el skimming, alusivo al robo de información de tarjetas bancarias; smishing, que se lleva a cabo a través de mensajes de texto, entre otras prácticas ilícitas”, puntualiza el fundador de la empresa especialista.
Pero que al mismo tiempo cuenten con herramientas que les permitan blindarse cuando un tercero busca cometer un fraude con información falsificada o robada. En ese sentido, agrega, que las empresas de reciente creación y las compañías pequeñas son las más vulnerables, pues muchas veces no cuentan con este tipo de estrategias o los fundadores desconocen el impacto que estas acciones pueden tener en su organización que van desde problemas financieros, hasta reputacionales o legales.
Un nuevo impulso para la economía digital
Finalmente, Robledo explica que una regulación para combatir el robo de identidad favorece a todo el ecosistema digital, debido a que la acelerada adopción de nuevos modelos de negocio tecnológicos ha obligado a las empresas a replantear sus estrategias para proteger sus operaciones y su reputación de posibles amenazas.
“Hace algunos años el tema de robo de identidad sólo era abordado por las grandes empresas; sin embargo, los cambios en las formas de consumo de los clientes hace que, hoy más que nunca, todas las compañías cuenten con herramientas que les permitan hacer negocios de forma segura”, concluye Robledo.
Fuente: Tu Identidad/CanalesTI, ACM