La semana pasada pudimos darnos cuenta de la reacción de una industria que siempre ha estado en manos de una pequeña mafia, secuestrando la distribución en perjuicio de los consumidores de gas.
El seguimiento puntual que lleva a cabo el gobierno por medio de la Procuraduría Federal del Consumidor en relación con los precios de este combustible, los cuales son reportados públicamente por Ricardo Shefield, director de esa institución, provocó que todos nos diéramos cuenta de los abusos en los precios que esta pequeña mafia voraz comete contra la economía de las familias.
Motivado por esta situación perjudicial para los mexicanos, el gobierno determinó un precio máximo para la venta de gas al público, basado en los costos que las gaseras tienen que pagar por el producto, incluyéndole al precio final una utilidad aceptable, a fin de que los bolsillos de los consumidores no se vean afectados sustancialmente y evitando así que este insumo pueda convertirse en un detonador de la inflación.
En paralelo, el gobierno también anunció que entraría a competir en el mercado con estos acaparadores del negocio, por medio de una empresa propiedad de Pemex que se llamará Gas Bienestar, cuyo objetivo es vender el combustible al precio más justo posible, obligando a que el mercado ajuste sus precios para poder competir y al final de cuentas, sea el consumidor quien reciba el beneficio en vez de continuar a merced de un grupito de mafiosos.
Un día después de que se anunció un precio máximo para la venta de este combustible, las gaseras y distribuidores anunciaron un paro que dejaría al mercado prácticamente sin gas, hasta que el gobierno cediera retirando la restricción de precio máximo, en un acto retador hacia el poder ejecutivo y hacia la sociedad.
Como respuesta el gobierno anunció que presentaría denuncias contra estas empresas, mandando a la Guardia Nacional a resguardar las instalaciones de las gaseras e impidiendo que los distribuidores evitaran la comercialización del producto, terminando así con su paro de berrinche en 24 horas.
Esto es solamente un ejemplo para todos aquellos que piensan que el Presidente es blando en sus acciones contra la injusticia. Es verdad que ha tolerado todo tipo de estupideces y manifestaciones histéricas de la oposición, en la inteligencia de que su tolerancia deriva del respeto a la libertad; sin embargo, cuando se trata de perjudicar a la población, el gobierno actúa con contundencia y rapidez para resolver el problema.
Basta con recordar las acciones que se llevaron a cabo al inicio del sexenio del Presidente López Obrador para combatir el robo de combustibles, que lo disminuyó en 96% en unos meses, teniendo que pasar al principio por una crisis de distribución de gasolina que gracias al apoyo de la mayoría de los ciudadanos y a pesar de los molleras sumidas que se rasgaron las vestiduras durante 3 semanas, se resolvió en gran medida.
¿La mafia de los gaseros de veras pensará que pueden doblar al gobierno con acciones que van contra el bien común? O esta actitud solamente es producto de su falta de memoria, utilizándola como una jugada de póker con la que blofean para ver si el jugador de enfrente revira o no.
Para desgracia de su costumbre orientada a estafar al consumidor haciendo lo que les da la gana, aunque no lo quieran creer y les esté costando trabajo acostumbrarse, este país ya cambió y si quieren seguir haciendo negocios, van a tener que replantear sus modelos, así como sus comportamientos comerciales, administrativos, operativos y fiscales. Ni modo señores, se les acabó la orgía de saqueo en la que vivieron los últimos 30 años
Como dijo el escritor y economista francés Frédéric Bastiat: “Hay gente que cree que el saqueo pierde toda su inmoralidad tan pronto como se legaliza”.
