Cuando despertamos el dinosaurio seguía ahí, pero había perdido la sonrisa
Por Akire Lincho
¿Quién va a cerrar la puerta de la celda si encarcelamos a todos los corruptos? Era una pregunta que hacían los escépticos a principios del año. Cuando nos dimos cuenta, se había guardado tanta basura debajo de la alfombra que ésta ya estaba tocando el techo. ¿Cuántos “peces gordos” han detenido? Preguntaban airadamente los conservadores clasemedieros por ahí de marzo.
Sin embargo, los mecanismos de investigación y procuración de justicia de la 4T ya se encontraban en movimiento silencioso, como el de un automóvil eléctrico, camino a comenzar a limpiar la casa. Sin prisa, pero sin pausa.
En el informe de los 100 días de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, para mayo ya existían 12,700 denuncias presentadas por este nuevo gobierno, relacionadas con el delito de corrupción, y 620 personas se encontraban ya detenidas; las denuncias habían sido presentadas, principalmente, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Por esas fechas cayó un balde de agua fría sobre las cabezas de los incrédulos a raíz del anuncio relacionado con el cateo de las casas de la familia Lozoya y la persecución de Emilio, el hijo predilecto; el mismo que había publicado en las redes sociales que “tenía el tiempo y el dinero para romperles la madre” a los usuarios que lo acusaban de ladrón; hoy está prófugo y viviendo a salto de mata, mientras detienen y persiguen a todos sus familiares; vincularon a su madre a proceso, como una respuesta kármica de sus comentarios en Twitter, la detuvieron en Alemania y hoy se encuentra bajo prisión domiciliaria en México; también vincularon a proceso a su hermana y a su esposa, quienes hoy se encuentran, como él mismo, prófugas y escondidas. En un evento paralelo detuvieron en España a Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México por complicidad con Lozoya en la compraventa fraudulenta de una planta de fertilizantes, por delincuencia organizada y por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Después, el agua helada de la segunda cubeta les cayó a los incrédulos con la detención del abogado Juan Collado en un restaurante de las lomas, en medio de un episodio de humor negro estelarizado por uno de sus clientes más importantes, el líder petrolero Romero Deschamps. El poderoso abogado de Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto, el más influyente de México, había sido denunciado por un particular a quien defraudó en la compra de un edificio, pero con sus influencias estuvo deteniendo la denuncia, hasta que cambió el gobierno y ésta avanzó inexorablemente. En una escena que hubiera vuelto loco a Woody Allen, una tarde de principios de julio, mientras el intocable abogado comía con su cliente Romero Deschamps, agentes uniformados desarmaron a los escoltas y entraron al restaurante dirigiéndose a su mesa; el líder petrolero asumió que iban por él y se tiró de panza al piso con los brazos extendidos; cuando se dio cuenta de que los agentes habían pasado de largo sin hacerle caso alguno porque estaban deteniendo a quien lo iba a librar a él de la cárcel, se levantó rápidamente y salió aturdido para subir a su camioneta y poner pies en polvorosa, probablemente con la ropa interior manchada de fluidos corporales. Desde ese día Juan Collado reside en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Un mes después de la detención de Collado, el 8 de agosto, se dio otro caso insólito, no sólo por el personaje, sino por la falta de pericia que demostraron dos experimentados y reconocidos despachos de abogados en la defensa de su cliente. Los afamados abogados Olea y el despacho Hernández Barros presentaron a su cliente, Rosario Robles Berlanga, a declarar ante un juez sin un amparo, con documentos apócrifos para identificarla y con una actitud de enorme suficiencia. Con toda seguridad le habían cobrado ya una gran suma de dinero para tomar su defensa, porque estos angelitos no son amigos del altruismo. Así, al final de la audiencia, el balde de agua fría cayó esta vez sobre las cabezas de sus abogados primero, y después, de Rosario y de todos los escépticos, cuando se enteraron en la mañana que durante la madrugada Robles había sido detenida y estaba siendo trasladada a la prisión femenil de Santa Martha Acatitla, ubicada en un barrio donde viven muchos de los menos favorecidos, a quienes este personaje se empeñó en saquear a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, utilizando el esquema de la Estafa Maestra que fue descubierto por la Auditoría Superior de la Federación. Hoy los abogados siguen llorando la injusticia del juez que osó encarcelar a tan inocente dama, y Rosario “N” pasará la navidad acusando a las autoridades de violencia de género por su detención, con sus cuentas bancarias congeladas, vestida de beige y sin privilegios relevantes en el penal femenil. En paralelo, las autoridades abrieron un proceso en contra del principal cómplice de la señora, Emilio Zebadúa; giraron orden de detención y le congelaron sus cuentas bancarias. Este ínclito personaje, amigo por cierto de la doctora feminista Denisse Dresser, se encuentra hoy escondido y perseguido por la justicia.
Entre agosto y noviembre pudimos presenciar una serie de eventos insospechados, relacionados con la justicia y los aspectos financieros de las cuentas bloqueadas de quienes resultaron indiciados, cuando los brazos de la ley se alargaron para alcanzar a fiscales, delegados y miembros del poder judicial. Desde las investigaciones que se llevan a cabo contra el mismísimo Romero Deschamps, ex chofer de Hernández Galicia (La Quina), hoy destronado de la secretaría general del sindicato petrolero, mejor identificado como el intrépido “pecho a tierra”.
Pasando por la suspensión que el Consejo de la Judicatura Federal aplicó al magistrado federal del décimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México, Jorge Arturo Camero Ocampo; siguiendo con la destitución que el Congreso del Estado de Veracruz recetó al fiscal Jorge Winckler Ortiz, oscuro colaborador del tenebroso ex gobernador Yunes, con su posterior denuncia y fuga que lo coloca en el estatus de prófugo de la justicia; continuando con el famoso jefe de la mafia priísta conocido como Don Beltrone, quien se vio obligado a tramitar un amparo para tratar de evitar el riesgo de detención derivada de su intervención en el desvío de recursos para fines electorales en el norte del país; otra investigación, bloqueo las cuentas y abrió procesos judiciales contra Delegados Estatales del Gobierno Federal, señalando que se trata de funcionarios del presente gobierno nombrados por el Presidente de la República, quienes no entendieron los principios de la 4T; acto seguido, la detención y encarcelamiento de del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por sus nexos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación; hasta llegar a la inesperada renuncia forzada del Ministro Eduardo Medina Mora después de haber sido expuesto por sus vínculos financieros con el narcotráfico y la trata de personas, uno de los hombres fuertes de protección para los negocios torcidos de las administraciones anteriores, que fue Procurador de la República en el gobierno del Calderón y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrado por Peña Nieto, el cargo más alto que puede ocupar un abogado en el poder judicial, a quien además se le denunció y se le bloquearon cuentas bancarias; este último se fue, dejando desprotegidos a los que lo colocaron ahí para recibir impunidad jurídica, dejando abierta la puerta para que cualquier proceso contra los altos funcionarios de gobiernos anteriores se juzgue libremente.
El 11 de diciembre se anunció la destitución e inhabilitación del Director en funciones de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos, Miguel Ángel Lozada Aguilar, a quien se vincula con el esquema de desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra, una vez habiéndose desahogado un cúmulo de pruebas analizadas por la Secretaría de la Función Pública desde abril y después de presentarse la denuncia correspondiente. Este acontecimiento fue opacado por la inesperada detención que las autoridades norteamericanas habían hecho de Genaro García Luna sólo un día antes, el 10 de diciembre, con pruebas acumuladas por una investigación que tomó 7 años.
La aprensión de García Luna, ex director del Cisen, de la Agencia Federal de Inteligencia, ex secretario de Seguridad Pública en los sexenios de Fox y Calderón, y proveedor de servicios para el gobierno mexicano en el sexenio de Peña Nieto, no hubiera sido posible si en México no se estuviera llevando a cabo la 4T, porque cualquier otro gobierno habría hecho hasta lo imposible por protegerlo a fin de evitar su propio riesgo, y si en los Estados Unidos hubiera ganado las elecciones el Partido Demócrata, encabezado por los Clinton, quienes no solo dictaron a Calderón la línea de acción para declarar una guerra inexistente al narcotráfico con la consecuente protección a García Luna, sino que aparecen ubicados como parte de un esquema de delincuencia organizada donde también se señala a la organización NXIVM que dirigía en México Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari.
La trayectoria criminal de García Luna es bien conocida por todos aquellos que están familiarizados con el trabajo de las periodistas Anabel Hernández y Ana Lilia Pérez, entre otros, quienes detallan escrupulosamente su desempeño como cómplice del Cartel de Sinaloa, su colusión con bandas de secuestradores, su fabricación de culpables a conveniencia, sus montajes televisivos y sus múltiples negocios oscuros al amparo del poder, así como la participación en estas actividades, por lo menos en el otorgamiento de su anuencia, de parte del ex presidente Calderón. Además, destapa una red de complicidades y colusiones en delitos de desvío de recursos derivados de sus actividades delincuenciales que involucra en principio a sus cuatro colaboradores más cercanos, encabezados por Cárdenas Palomino de triste memoria, hoy al servicio de Ricardo Salinas Pliego, y a la propia esposa de García Luna; todos estos hoy investigados en México y con sus cuentas bancarias bloqueadas.
Aunque estos veintitrés personajes destacan por su visibilidad política, de acuerdo con la información proporcionada por el licenciado Santiago Nieto, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hasta el 23 de noviembre se habían bloqueado 9,345 cuentas bancarias relacionadas con operaciones realizadas con fondos de procedencia ilícita derivados de posibles delitos de corrupción y lavado de dinero, por un monto cercano a los cinco mil millones de pesos, en los que se encontraban involucradas mil doscientas veintiún personas; además de otras involucradas con 148 denuncias contra 798 personas, 358 de las cuales son personas morales y 56 son funcionarios públicos; esto no tomaba en cuenta aun las que se bloquearon al ex director de Exploración y Producción de PEMEX, ni las once cuentas que se inmovilizaron a raíz del proceso de García Luna y sus cómplices.
Así es que, para los incrédulos, en sólo un año la 4T ha comenzado a limpiar la casa con aspiradora de alto poder. Es cierto que la basura que se acumuló debajo de la alfombra en los últimos 80 años, con énfasis en los últimos 40 y en especial en los últimos 18, va a tomar algo más de un año en desaparecer, pero está muy claro que hoy el gobierno tiene la voluntad de hacerlo y cuenta con los mecanismos para lograrlo en las estructuras de la FGR, la UIF, la SFP y el SAT que recientemente se puso bajo la dirección de Raquel Buenrostro.
Una de las más grandes satisfacciones que el 2019 nos deja a los ciudadanos de a pie, es saber que todos los funcionarios participantes del enorme saqueo que se ha operado contra México y sus cómplices, hoy ya no duermen tranquilos y, seguramente, cuando pegan la cabeza en la almohada y cierran los ojos, su mente se tropieza con un escenario pletórico de barrotes y candados. Feliz 2020 corruptos.
